En junio de 1998, la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de la Unesco, celebrada en Argentina, dedicó un reporte temático regional y una mesa redonda a la autonomía universitaria, en tanto concepto jurídico y bandera política. No presencié el debate porque acudí a una sesión paralela y porque pensé, erróneamente, que los ponentes se limitarían a remembranzas laudatorias y nostálgicas, a los 100 años del movimiento estudiantil de Córdoba. No fue “tan así”. Además de situar la autonomía en una dimensión de tiempo largo, alertaron de las nubes negras que se cernían sobre varios referenciales clave para la educación superior, definidos y defendidos en el siglo XX. Ese ejercicio prospectivo, lamentablemente, fue confirmado por los hechos: hoy, asociaciones académicas y sindicales, en todas partes, llaman a movilizaciones para proteger las condiciones de trabajo y las instituciones, ante virulentos ataques, liderados principalmente por heraldos de gobiernos autoritarios, poco propensos a una estricta observancia de la ley e intolerantes al disenso.
La autonomía no fue el único tópico que reocupó un lugar, destacado y polémico, en muchas agendas educativas, regionales o nacionales. Lo mismo ocurrió con la noción de “libertad académica” en varias naciones europeas, latino o norteamericanas.
Después de décadas de consensos tácitos, desacuerdos sobre sus contenidos estuvieron arreciando recientemente pronunciamientos, moralistas e incriminatorios, condenaron manejos indebidos de recursos financieros y denunciaron la expansión de zonas de ingobernabilidad institucional, achacando esos fenómenos a su existencia. Los nuevos “inquisidores” no imputaron esos desvíos a individuos. Indebidamente, adjudicaron a sus grupos de adscripción un rol de chivos expiatorios. Por no atreverse a fijar responsabilidades personales, fastidiaron preventivamente a todos, pagando justos por pecadores.
Esas interpretaciones, además, no tomaron en cuenta un problema adicional, que podría resumirse en la máxima: Más vale malo conocido que bueno por conocer. Traducida en lenguaje académico, justifica la opción de: “mejor continuar haciendo algo inservible (mediciones cuenta-chileras) que apostar a lo distinto (confianza y respeto)”. Conforme con esa cuestionable (pero férrea) convicción idiosincrásica, no sólo recrudecieron los embates a la libertad de catedra: se impusieron esquemas de rendición de cuentas minuciosos al punto de la irracionalidad, aunque de corto alcance, agotadores para quienes los padecían e inútiles para reducir los disfuncionamientos focalizados. Docentes, investigadores y estudiantes reclamaron, en reacción, que se respeten usos y costumbres, y atribuciones garantizadas estatutariamente, mientras otros exigían ruidosamente “poner en cintura” a quienes rehusaban someterse a procedimientos que sustentaban una ilusión de control. Esa contraposición auspició anatemas y hostigamientos, en un ámbito enrarecido que devino un terreno fértil para cuestionar valores centrales y fundacionales de la vida académica. Explicó el veloz incremento de las querellas, demandas legales y solicitudes de amparo, y el deterioro de ambientes regidos por una dinámica de todos contra todos.
Esos comportamientos son susceptibles de destruir normalidades de por sí precarias. En consecuencia, especialistas y coaliciones de defensa de la educación superior pública, en distintas latitudes, llamaron a restaurar con urgencia la libertad académica. Para ello, enfatizaron que urgía garantizar los derechos de los catedráticos y docentes a elegir sus líneas de investigación e enseñanza, a organizar sus tiempos y espacios de actividad sin trabas externas y a impartir sus clases conforme con los habitus disciplinarios en vigor.
Urgía igualmente renovar acuerdos sobre el oficio académico, la conducción institucional y la gestión cotidiana así como apaciguar las interacciones sectoriales y reconstruir una profesión en descomposición, afectada por arbitrariedades burocráticas o jerárquicas.
No todas las amenazas detectadas por barómetros que miden la libertad académica son relevantes en circunstancias nacionales específicas. Pero algunas son de extensa aplicabilidad geográfica; sobresalen, entre esas, la escasez presupuestaria, la multiplicación de convenios externos de financiación, la inadecuada correspondencia entre rubros autorizados de gasto y obligaciones asignadas, el mantra de las “compras consolidadas”, la terciarización de servicios a prestadores de servicios, malos y costosos, la reducida eficiencia de las defensorías de derechos universitarios, la ilegitimidad de trámites que sólo fortalecen lo intrascendente, las exigencias de presencialidad y la consolidación de poderes discrecionales, protegidos por el anonimato.
Quedó en el pasado la etapa bendita, casi mítica a la luz de lo que está ocurriendo, en la que las ideas y los aportes de los profesores definían el prestigio y el rumbo de sus establecimientos, espacios existenciales tanto como laborales, a los que ellos, los estudiantes y los administrativos profesaban una arraigada lealtad. Ha dado paso a desconfianzas recíprocas en el seno de las, dizque, “comunidades”, contribuyendo a su fractura. Muchos intelectuales están, individualmente, encorajinados o desanimados ante normas incompatibles con la producción o la transmisión de los conocimientos. Están conscientes de que la generación de saberes e innovaciones está en riesgo en cualquier institución educativa, regida por disposiciones absurdas. Si eso quiere evitarse, es tiempo de alzar una voz colectiva y demostrar una solidaridad mínima con quienes, sí, expresaron ya sus desacuerdos con lo que está acaeciendo, más allá de retóricas vacuas sobre la “excelencia”.
