El marco fue la conferencia inaugural del Colegio Internacional de Graduados, un programa académico que tuvo lugar el pasado 21 de octubre en la UNAM, donde la subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, anotó que se habían reanudado las becas de movilidad internacional y les precisó a los asistentes: “Cuenten con la Secretaría para continuar con estos esfuerzos” (Boletín UNAM-DGCS-740).
La subsecretaria se refería al eventual apoyo que se dará a los esfuerzos de cooperación y movilidad que ya suman más de quince años entre la UNAM, El Colegio de México, el CIESAS y las universidades Libre de Berlín, Humboldt y Potsdam, de Alemania.
La recepción de la noticia fue muy bienvenida y el contraste no podía ser mayor con lo que ocurrió en la administración anterior. A partir del 2020, las cifras oficiales registran la drástica disminución de becas para movilidad al extranjero (CSP. Primer Informe de Gobierno, 2025).
Todavía en el 2019 sumaban poco más de 3 mil 440 becarios, al año siguiente solamente se otorgaron 22 apoyos, ninguno en los dos años siguientes y otros 24 en el año 2023. Nada más.
En este año, el pasado mes de junio, como lo dijo la subsecretaria Vázquez, la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secihti) emitió la convocatoria de becas para movilidad académica. De hecho, el plazo para ingresar las solicitudes cierra el próximo 7 de noviembre. Al parecer, la intención es reanudar la periodicidad de las convocatorias, puesto que la misma funcionaria anticipó que la próxima será publicada en marzo del año próximo.
La situación en el sector científico y tecnológico, como ocurre en otras áreas de la administración pública, es un tanto peculiar. A pesar de que la narrativa actual es de continuidad y consolidación de lo que se hizo en el periodo gubernamental anterior, lo cierto es que una buena parte de las acciones que estaban en marcha han sido modificadas de forma notoria, cuando no completamente revertidas.
El caso de las becas para movilidad al extranjero es un ejemplo. Seguramente, usted recuerda que al inicio de sexenio del expresidente López Obrador, cuando entró en vigor su memorándum de austeridad, todos los viajes al extranjero tenían que ser autorizados por el ejecutivo federal. La medida, en especial, incluyó a los Centros Públicos de Investigación (CPI) y repercutió en el volumen de becas para estudios en el extranjero.
En una de las conferencias de prensa del expresidente, a propósito de una pregunta sobre los criterios para otorgar becas para estudiar fuera de México, señaló: “Que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera el viaje, porque pues ahora se pueden hacer las cosas por Internet” (03.06.2019).
Todavía más, como punto final a los criterios que se podrían adoptar para las becas de movilidad, López Obrador añadió: “yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara”. Al año siguiente, como lo anotamos, prácticamente se suprimieron los apoyos: pasaron de más tres mil a una veintena de becas.
Ahora, todo parece indicar que se reanudará no solamente el apoyo para movilidad internacional, también se dará marcha atrás al mecanismo para el otorgamiento de las becas y a los lineamientos de organización del Sistema Nacional de Posgrado. Lo anotamos aquí mismo, en su oportunidad: la Secihti instauró un Comité de Becas y Posgrados desde el pasado mes de agosto (DOF. 20.08.2025).
El Comité es la máxima autoridad en materia de becas y está integrado por ocho funcionarios de la Secihti: siete personas titulares con voz y voto, y como invitado permanente el responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos con voz, pero sin voto. Las decisiones del Comité, establecen sus lineamientos, son inapelables e inobjetables.
Además, la semana pasada, la Secihti emitió los nuevos Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados (DOF. 21.10.2025). Una clasificación y una regulación diferente para el caos que imperaba en eso que no podía llamarse sistema. Lo revisaremos en una próxima entrega.
En fin, no está nada mal enmendar las acciones fallidas y los inocultables errores. Sin embargo, también es evidente la divergencia entre las acciones del sector y el marco legal que debe ampararlas. Desde hace dos años la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGMHCTI) fue impugnada y el asunto sigue sin resolverse; ni la Corte anterior ni la nueva se han pronunciado.
Al cambio de gobierno, el anterior Conahcyt se convirtió en una nueva secretaría y la misma ley general, prevista para el organismo anterior, continúa sin reforma alguna. Así que las acciones en marcha tienen que adaptarse al marco normativo vigente o, en lo posible, modificar las normas secundarias.
Tal parece que la reforma a la ley general de ciencia es irrelevante. O bien, es una caja de pandora que nadie quiere tocar.
Pie de página: En la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) Plantel Chalco, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló: “Fíjense, para que el 55 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la universidad hacen falta un millón de espacios más; o sea, son 2 millones, entonces, para que todos los que desearan estudiar tuvieran esa posibilidad”. ¿Uno o dos millones? La cantidad correcta es la primera, pero…// Siguen apareciendo anomalías en la gestión de Álvarez-Buylla, la exdirectora del Conahcyt. En la cuenta pública del 2024, la Auditoría Superior de la Federación le solicitó aclarar casi tres millones de pesos del programa Investigadoras e Investigadores por México (Reforma 27.10.2025//. Queda para el registro.
Alejandro Canales
Columna Campus: Acelerador de Partículas
