De la definición del tamaño y complejidad de los rezagos en el campo de la educación superior dependerá en gran medida la selección de los desafíos y oportunidades que serán objetos de la acción pública del próximo gobierno nacional y de distintos gobiernos subnacionales. La experiencia de los años recientes muestra que las ideas de calidad y evaluación de gobiernos pasados, o de gratuidad y universalización del acceso a la educación superior incorporadas como principios normativos tanto en la reforma al artículo tercero constitucional como en la ley general de educación superior durante el gobierno actual, son disposiciones prácticamente inviables en un contexto de austeridad presupuestal y financiamiento público errático y crónicamente insuficiente.
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