La legislación de este país incorporó varios elementos innovadores en su momento.
A través de figuras como la interpelación y la pérdida de confianza, el sistema constitucionalista de Guatemala es uno de los primeros en Latinoamérica que impuso controles a los integrantes de los gabinetes de gobierno, afirmó el jurista Diego Valadés, miembro de El Colegio Nacional, al abordar ‘La Constitución de Guatemala’ como parte del ciclo ‘Diálogos constitucionales’.
“La Constitución de Guatemala fue una de las primeras en América Latina en establecer un sistema de control sobre el gabinete; esto es un avance democrático que Guatemala inició en 1985 y fue uno de los sistemas constitucionales precursores de este tipo de controles”, señaló durante el panel en el que también participaron el expresidente de Guatemala Alejandro Maldonado y la jurista Aylin Ordóñez de la Universidad Rafael Landívar.
La existencia de estos controles, señaló, “le da a la representación política un papel muy destacado en la vida del Estado y obliga también, a quienes desempeñan funciones de titularidad de los cargos ministeriales, a esforzarse para, en primer lugar, explicar ante los gobernados las razones de sus funciones o sus omisiones y, en segundo lugar, someterse a la valoración que los representantes de la nación, a través del Congreso, hagan de ellos”.
Promulgada en 1985, la actual Constitución de Guatemala contiene 281 artículos en los que se establece la organización nacional, las obligaciones estatales y los derechos humanos, con ella se materializó un nuevo impulso hacia la democracia, tras un período de inestabilidad política y golpes de Estado.
En el caso de Guatemala, agregó Valadés, “en primer lugar se abandonó la vieja caracterización de división de poderes y optaron, en la Constitución, por algo que me
parece mucho más acertado, y es que se habla de poder público, y en el poder público se habla de los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero en el caso del órgano Ejecutivo, la Constitución prevé el funcionamiento del Consejo de Ministros”.
La de Guatemala, dijo el colegiado, “es una Constitución llena de elementos que fueron muy novedosos en el momento que la propia Constitución los adoptó, que han sido orientadores para otras instituciones constitucionales y el desarrollo de otros sistemas en nuestro propio hemisferio”.
Por su parte, la jurista Aylin Ordóñez, docente y coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, señaló que la Carta Magna de Guatemala “establece el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales y uno de ellos es la libertad de emisión del pensamiento”.
Efectivamente, “se reconoce la protección de esa emisión del pensamiento que no se podría entender, como una falta: las críticas que se hicieran respecto de funcionarios o empleados públicos, así lo señala el artículo 35, no constituyen delito o falta. Las publicaciones que contengan denuncias, críticas o implicaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el cargo es una garantía de protección que establece el artículo 35 de la Constitución Política de la República. Realmente creo que las normas que contiene nuestro texto supremo son muy valiosas; sin embargo, ya en la práctica la aplicación de toda esta normativa es difícil”.
En cuanto a los pueblos indígenas, abundó, “hay una sección en la Constitución que tiene cuatro artículos que reconocen el derecho de las comunidades indígenas y, en los cuales, ya se señala lo referente al reconocimiento y la protección de las formas de vida, de sus costumbres, tradiciones, formas de organización social, idiomas, así como las tierras, propiedad indígena”.
La mesa “La Constitución de Guatemala”, como parte del ciclo ‘Diálogos constitucionales, coordinado por Diego Valadés, integrante de El Colegio Nacional, se encuentra disponible en el Canal de YouTube de la institución: elcolegionacionalmx..
