Judicializar la actividad científica y tecnológica

Desde el inicio del actual periodo gubernamental ya era notorio que las relaciones entre las autoridades actuales del Conacyt y exfuncionarios del sector no serían un día de campo. También muy pronto fue evidente que los intercambios con la comunidad académica serían ásperos y eléctricos. Aunque, seguramente, nadie imaginó que algunos pleitos terminarían en acusaciones de delincuencia organizada.

Lo perturbador es que la legalidad no está sirviendo para dirimir las disputas y las evidencias se pierden en declaraciones nebulosas, retóricas crípticas y amenazantes. Una auténtica barbaridad. Las características de la denuncia y el expediente judicial públicamente no están disponibles, así que la información no está completa, pero con lo que ya se sabe y está confirmado, no hay duda de que es algo completamente desproporcionado.

El periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna (20.09.2021), dio a conocer que el fiscal general de la República, Gertz Manero, solicitó a un juez de El Altiplano (prisión de alta seguridad), una orden de aprehensión en contra de una treintena de personas relacionadas con el Conacyt en la administración anterior. La acusación es por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, así que una vez aprehendidos debían ser retenidos en el penal.

Según la misma columna, el juez negó la orden de aprehensión porque los hechos imputados no ocurrieron en la entidad federativa donde se radicó la causa y porque la Fiscalía no fundamentó porqué quería encarcelarlos en una prisión de máxima seguridad.

La noticia generó una gran inquietud en la comunidad académica y científica, sobre todo por las endebles bases legales en las que se basa. Las circunstancias del acontecimiento han desatado variadas especulaciones al respecto y también sobre las motivaciones del fiscal Gertz Manero y las autoridades del Conacyt. Todas son preocupantes y muy desalentadoras.

En general, hay coincidencia en que se trata de una especie de revancha del fiscal y de la dirección del Conacyt. El conflicto tiene su historia, como en este Acelerador de Partículas lo hemos comentado ampliamente desde 2018. La disputa entre la actual titular del Conacyt y Enrique Cabrero, director anterior del mismo organismo en la administración de Peña Nieto y uno de los acusados por el fiscal, comenzó en el periodo de transición de 2018.

El motivo inicial fue la filtración de una carta, un mes antes de iniciar la actual gestión, en la cual Álvarez Buylla le solicitaba a Cabrero suspender todas las convocatorias en marcha. A pesar de que hubo aclaraciones, desmentidos y culminó sin mayores sobresaltos públicos el proceso de entrega – recepción, la tensión y la disputa continuaron latentes. El año pasado nuevas acusaciones a exfuncionarios aparecieron a propósito del manejo de los ya desparecidos fideicomisos públicos y así hasta hoy.

El conflicto entre la directora de Conacyt y Julia Tagüeña, la excoordinadora el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y otra de las acusadas por el fiscal, ha sido ampliamente comentado aquí y en muchos otros lugares. Tiene una doble vertiente. Por una parte, uno de los lineamientos del presidente López Obrador ha sido establecer relaciones directas entre gobierno y gobernados, de ahí su decisión de suprimir los organismos intermedios en la administración pública. El Foro fue uno de ellos, pero también suprimir otras entidades, incluso autónomas, como lo fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La existencia del Foro no tenía futuro.

La otra vertiente es de gestión y normativa. El señalamiento principal es que el Foro recibió financiamiento indebido del Conacyt para su operación. Sin embargo, lo cierto es que la Ley de Ciencia y Tecnología, norma todavía vigente, establece claramente que debe otorgarse ese apoyo (artículo 38). La legalidad de la transferencia de recursos ha sido motivo de disputas e interpretaciones jurídicas, tanto como de modificaciones arbitrarias de ordenamientos secundarios por la misma autoridad del sector. Ahí está basada la actual acusación y por eso está fuera de proporción.

Un artículo del portal de noticias “La Sila Rota” con información más detallada de las denuncias en curso (t.ly/RvMV) precisó que, en realidad, la acusación inició el año pasado en contra de 25 exfuncionarios del Conacyt, luego se acusaron a otras seis personas más para un total de 31 y dio lugar a una carpeta de investigación radicada en la subprocuraduría encargada de delitos federales. Después, esa misma carpeta cambió de número porque fue remitida por otra subprocuraduría, la de Investigación de Delincuencia Organizada. La acusación cambió de términos.

¿Por qué escaló la acusación? La suposición es que fue para amedrentar y por una especie de revancha del fiscal Gertz en contra de miembros de la comunidad académica y científica. Motivada por el escándalo mediático y las fuertes críticas que desató su inclusión como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en la categoría más alta de ese sistema (nivel III). Ciertamente, aparte de los rasgos de personalidad del fiscal, ni por los tiempos ni las formas su ingreso se apegó a las reglas de operación del SNI.

Las acusaciones son en contra de treintena de personas, aunque solamente dos nombres han aparecido con mayor frecuencia. La comunidad académica y científica no puede estar al margen de la ley y sus miembros no pueden ni deben estar exentos de su aplicación. No obstante, lo que tampoco puede ser es que el proceso judicial sea el instrumento para disuadir y menos que la aplicación de la ley sea abusiva y discrecional.

Pie de página: Los intercambios entre el sindicato del personal de Cátedras Conacyt y la autoridad sigue escalando.// Está por resolverse el asunto de la jurisprudencia sobre las  relaciones laborales de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) y su permanencia o no en el apartado A del artículo 123. Pendientes.