Este tipo de instrumentos de política pública sirven para encauzar iniciativas, como generar mayor participación del sector privado. Pero es necesario asegurarse de que funcionen y produzcan resultados
Los incentivos fiscales para las actividades científicas y tecnológicas son un instrumento para alentar el gasto y la inversión de las empresas productivas en el sector. No tienen nada de especial, salvo que, si no se aplican bien o no son atractivos, no funcionan. Un asunto relevante si se quiere elevar la participación empresarial que actualmente es de alrededor del 20 por ciento en el gasto total.
La convocatoria para recibir estímulos fiscales a la inversión en investigación y desarrollo de tecnología, al igual que en años anteriores, nuevamente está vigente. El programa otorga un crédito fiscal a las empresas, el cual es acreditable contra el Impuesto Sobre la Renta. Sin embargo, aunque el programa había estado presente en la normatividad nacional, su utilización fue poco frecuente hasta antes de la presidencia de Vicente Fox.
Por una parte, porque no había interés del sector privado en arriesgarse en actividades científicas y tecnológicas. Por otra, decían los empresarios, el programa tenía montos muy pequeños de crédito fiscal (alrededor del 20 por ciento) y múltiples restricciones para otorgarlo, por lo que desalentaban cualquier intento de obtener el beneficio.
A partir de los años 2000 la normatividad fue modificada para facilitar el otorgamiento, el crédito fiscal pasó a 30 por ciento y el monto para estímulos fiscales se incrementó de 500 a más de cuatro mil millones de pesos.
No obstante, el programa no estuvo exento de críticas debido a la opacidad en el otorgamiento de los beneficios fiscales y también por el tipo de empresas que eran mayormente beneficiadas, así que fue cancelado a partir del año 2009.
Tal vez por la baja inversión del sector privado en ciencia y tecnología o porque el problema con el programa había sido más bien de implementación y transparencia en la entrega de estímulos, no sobre su potencial o utilidad, fue recuperado nuevamente en el 2017. Sin embargo, a diferencia de las cantidades que había alcanzado anteriormente y según la norma que quedó vigente desde entonces, el monto total del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología no debe exceder de 1,500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal.
Desde el año 2001 el otorgamiento de los incentivos fiscales ha estado a cargo de un comité interinstitucional. En aquel entonces participaban los titulares del Conacyt, Economía, Hacienda y Educación Pública. Actualmente participan fundamentalmente representantes suplentes, ya no participa Educación Pública y en su lugar está un representante del Servicio de Administración Tributaria.
Lo sorprendente es que el monto de incentivos no tiende a incrementarse de forma estable. Por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2018, se distribuyeron por concepto de estímulo fiscal poco más de 319 millones de pesos para 16 diferentes proyectos de igual número de empresas. Los montos más altos fueron de 50 millones de pesos para empresas como FCA México, S.A. de C.V y Kimberly Clark.
Durante el ejercicio fiscal de 2019 el monto distribuido fue de 406 millones de pesos y fueron 30 proyectos distintos. Las empresas que recibieron los mayores incentivos de 50 millones de pesos fueron Frutícola Velo, Productos farmacéuticos Collins y Schaeffler Transmisión. Finalmente, el año pasado, la cantidad apenas rebasó los 98 millones de pesos, las empresas beneficiadas sumaron 19 y el monto máximo fue de 30 millones y solamente para una empresa (Faurecia Sistemas Automotrices de México).
Es decir, respecto al último ejercicio fiscal de la administración anterior, primero parecía que continuaría en ascenso la utilización de los incentivos fiscales para incrementar las actividades científicas y tecnológicas. Sin embargo, los datos más recientes muestran que no será así. Probablemente por el cambio en las reglas de aplicación del estímulo fiscal.
El Comité Interinstitucional que aplica el estímulo fiscal modificó las reglas generales en marzo del año pasado. Por ejemplo, entre otros aspectos, ahora indican que los proyectos que buscan participar “podrán estar alineados con alguno de los ejes prioritarios de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) definidos por el Conacyt en los Lineamientos de Operación, a efecto de que esta consideración sea tomada en cuenta en la evaluación realizada”.
También añaden que los proyectos presentados que estén alineados al menos a uno de los Pronaces del Conacyt, “obtendrán por proyecto presentado 5 puntos adicionales en la calificación del dictamen de procedencia técnica a cargo del Conacyt”. Sin embargo, como muestran los datos, el volumen de proyectos es menor y el monto distribuido también. Este año seguramente las cosas no será muy distintas.
En fin, los instrumentos de política pública, como los estímulos fiscales, sirven para encauzar iniciativas, sobre todo cuando se busca una mayor participación del sector privado en el financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas. Pero si no producen los resultados deseados algo no se está haciendo bien o no es deseado.
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Pie de página: Las “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro”, convocadas por una decena de instituciones de educación superior, entre ellas la UNAM, la UAM, la UDG, la Ibero, el Tec y el Cinvestav, se han escuchado fuerte y han sido toda una revelación. Allá vamos.
