En las últimas semanas, algunos conflictos en universidades públicas han llamado la atención de medios y observadores. El más reciente ocurrió la semana pasada en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), donde el rector de esa universidad presentó su renuncia en el penúltimo día de su administración, argumentando que con ello pretendía facilitar la transición del proceso para elegir un nuevo rector o rectora para esa institución, luego de varias manifestaciones de protesta contra las candidaturas y el proceso mismo. En febrero, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) experimentó una larga huelga por demandas del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo de trabajo, a la que ha seguido en las últimas semanas el proceso de elección de un nuevo rector o rectora de la universidad, que se ha visto afectado por la detención y posterior renuncia del rector por acusaciones extra-universitarias, y por denuncias de fraude a una de las candidatas a la rectoría.
En ambos casos, la política universitaria se desarrolla de manera confusa, en procesos turbios, donde actores políticos externos a las universidades alientan de manera silenciosa o abierta los conflictos entre las comunidades estudiantiles, académicas y políticas que coexisten en las instituciones. Existen también tensiones internas que tienen que ver con el uso o distribución de los recursos financieros, las formas de gestión institucional, los asuntos laborales y, por supuesto, los procesos electorales y los perfiles de las o los candidatos a las rectorías. En todos los casos, la gobernabilidad de la autonomía universitaria es nuevamente puesta en cuestión.
El núcleo duro de los conflictos recientes en las universidades públicas autónomas tiene que ver con los procesos de participación estudiantil, con las reglas y los métodos de elección de rectorías. Aunque existen diversas fórmulas para elegir rectorías, que implican una mayor o menor participación de sus comunidades, lo que predomina son participaciones ponderadas. Juntas, consejos, comités, comisiones especiales, son los órganos específicos que se encargan de vigilar y supervisar mediante diversos métodos (votaciones, auscultaciones, consultas, entrevistas, presentación de proyectos) las disposiciones normativas contenidas en las leyes orgánicas y estatutos universitarios correspondientes.
No obstante, una y otra vez surgen voces y movimientos que critican esas formas y exigen una participación “abierta y democrática” de todas sus comunidades, mediante votaciones universales directas. Esa ha sido la bandera que esgrimen los críticos de las formas tradicionales del gobierno universitario. Desde los oficialismos políticos de derecha o de izquierda, las críticas a las élites dirigentes y formas de gobierno de las universidades coinciden en que cambiar los métodos de elección y conformación de los gobiernos universitarios es la vía para democratizar “verdaderamente” a las universidades públicas, aunque no se sabe muy bien qué significa eso.
Esa exigencia revive de cuando en cuando en los ámbitos estatales, y va asociada a la demanda por un cambio en las leyes orgánicas de las universidades locales como han sido los casos de Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Jalisco, incluso las propias universidades federales como la UNAM o la UAM, que han sido objeto en el pasado reciente de la presión de gobiernos locales, partidos políticos, y grupos de presión que promueven la idea de que la democratización es la fórmula mágica para acabar con la burocratización, la corrupción y las injusticias universitarias. No están en el centro cuestiones como la libertad académica, la calidad, la equidad, la pertinencia o la eficiencia de las funciones sustantivas de las universidades.
Lo que hay es una idea ingenua (o perversa, según quiera verse), de que la democratización es la base para una verdadera reforma de las universidades, el aceite de serpiente que puede curar todos los males universitarios.
Detrás de esta exigencia hay un ocultamiento o una franca ignorancia de que la estructura de gobierno universitario es, siempre ha sido, una estructura colegiada, donde sus comunidades son representadas de manera proporcional en las universidades públicas. Y los órganos de representación y métodos electorales establecidos no surgieron del vacío histórico o institucional, sino que obedecen justamente a la complejidad de la gestión de la diversidad asociada a la propia naturaleza académica de estas instituciones de transmisión, acumulación y difusión del conocimiento.
La lectura política de la historia del gobierno universitario parte de simplificaciones groseras de movimientos como el de la reforma universitaria de Córdoba de 1918 en Argentina, el de la autonomía de la UNAM de 1929, o el del movimiento estudiantil del `68 en México (donde por cierto el tema del gobierno universitario nunca fue siquiera enunciado). Detrás de la épica democratizadora de la universidad hay mucho ruido, pocas nueces, humo espeso, verborrea ideológica y confusión. Los actores que impulsan el conflicto utilizan el lenguaje de la amenaza y la intimidación, lleno de adjetivos sin sustantivos. Hay un espíritu de reclamación por el hecho de que las universidades no se alineen con un proyecto político, a un esquema ideológico, o a una ocurrencia gubernamental. Son polvos de viejos lodos.
No obstante, la argumentación racional del gobierno colegiado de la autonomía universitaria es la mejor vía para reflexionar y debatir los esquemas de gobernabilidad y gobernanza que están en la base del orden político que descansa en las culturas académicas de las universidades públicas, culturas diversas, heterogéneas, que obedecen a la autonomía de las lógicas disciplinares y no a las órdenes políticas de grupos o movimientos. Sin duda, es necesario revisar y ajustar esquemas, métodos y procedimientos que mejoren la transparencia, legitimidad y eficacia de los gobiernos universitarios, en contextos donde la masificación coexiste inevitablemente con la pluralidad y diversidad de las comunidades universitarias. La “democratización” es el difuso contraargumento que se expande en circunstancias de crisis y desestabilización inducida o provocada por una extraña mezcla de fuerzas internas y externas a las universidades. Bien visto, en las aguas revueltas de la democratización subyace el riesgo de cambiar la autonomía por la heteronomía universitaria.
