Recursos financieros. ¿Qué esperar para el año próximo?

El próximo 15 de noviembre, a más tardar, los diputados deberán aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año próximo. Seguramente en su diseño podremos tener una idea más precisa del efecto de la eliminación de los fideicomisos en el gasto público, el alcance de la medida y los retos de la pandemia.

La información sobre los fideicomisos públicos fue abundante desde el pasado mes de abril –cuando el presidente López Obrador decretó su extinción (DOF. 02.04.2020)– y también lo fue en el periodo legislativo extraordinario, en las sesiones de parlamento abierto. Ahí quedó constancia de la importancia de preservar varios fideicomisos que cumplían una función social importante. El consenso y acuerdo parecían evidentes: no extinguirlos de forma indiscriminada y sancionar las irregularidades.

Después, en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, como si nada hubiera ocurrido, volvió de nueva cuenta a la agenda legislativa la intención de suprimir los fideicomisos y otra vez circuló amplia información al respecto. Datos y razones no faltaron. Sin embargo, literalmente pasaron de noche, en esa larga sesión del Senado del 21 de octubre que comenzó el día anterior y culminó con la eliminación de más de un centenar de fideicomisos.

Lo paradójico es que pese a la gran cantidad de datos que se desgranaron y el amplio debate público sostenido, se siguen confundiendo fondos y programas de muy distinta naturaleza. Nada parece firme. La misma directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, en la conferencia de prensa del ejecutivo federal destinada a justificar la eliminación de los fideicomisos, casi a la par de la votación en el Senado (21.10.2020), se refirió de forma indistinta a los recursos del Programa de Estímulos a la Innovación y a los operados vía fideicomisos. No son lo mismo.

En estas circunstancias tampoco es de extrañar la confusión de la propia comunidad académica y científica que, con la eliminación de los fideicomisos, piensa que también podrían estar en riesgo las becas de posgrado, el programa de cátedras Conacyt o los estímulos del SNI. Tampoco es lo mismo. De hecho, la dirección del organismo ha emitido un comunicado para aclarar que ninguno de esos programas está amenazado (Comunicado 187 / 22.10.2020).

La narrativa prevaleciente es que todo el dinero de los fideicomisos públicos, incluidos los de las fuerzas armadas, llegaban al mismo agujero negro de la opacidad y la corrupción, pero ahora serán manejados de forma más eficiente. Una generalización insostenible. El asunto es que ha dejado flotando en el ambiente tres componentes que podrían ser la vara para medir lo que hará la actual administración con los recursos públicos .

Uno de ellos será la exigencia de máxima transparencia, pulcritud en el manejo del presupuesto y absoluta rendición de cuentas; la norma ya lo exigía, pero ahora el escrutinio público será mayor. Otro componente es el monto y disponibilidad líquida que tenían las entidades y programas a través de los fideicomisos y que ahora serán con cargo directo al presupuesto. Los recursos implicados, previo a su extinción, sumaban 25 mil millones en fondos (sectoriales, mixtos e institucionales) y 785 millones de pesos operados en los Centros Públicos de Investigación. No pueden ser menos e incluso podría ser más porque no habrá gastos de administración.

El tercer componente es la expectativa de mejores y mayores asignaciones presupuestales en el año próximo. Quedó anotado claramente en el comunicado de Álvarez Buylla: “la desaparición de los fideicomisos no afectará la ministración de recursos para investigación y para becas. Los ahorros y simplificación administrativa implicados en la cancelación de los fideicomisos del Conacyt, permitirán mayores apoyos para el quehacer sustantivo del sector” 

Así las cosas, entonces, para el año próximo cabría esperar un incremento notable en el presupuesto de Conacyt, específicamente en el ramo 38 del PEF, controlado centralmente por el organismo. El dato tiene importancia porque como ya no habrá fondos mixtos ni sectoriales y tampoco hay, y seguramente no habrá, programa especial para el sector (Peciti), no regulará los recursos financieros que destinen otras secretarías de Estado a actividades científicas y tecnológicas.

El problema es que el panorama no pinta nada bien. A las dificultades derivadas de la pandemia, sumémosle que el sector es la menor de las preocupaciones gubernamentales en materia de gasto público. El gobierno federal envió al Congreso, desde el pasado mes de septiembre, su paquete económico para el año próximo y para el ramo 38 considera 26,573.1 millones de pesos (pág. 101).

La cantidad prevista para el 2021, en términos nominales, sigue siendo menor a la obtenida en 2018 (27,225.8) y en términos reales apenas es 0.2 superior a la recibida en este año. Nada. Los diputados todavía no deciden, pero el efecto de la eliminación de los fideicomisos, para bien o para mal, será inocultable en el volumen de recursos y en el diseño del PEF.

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Pie de página: La inversión nacional en ciencia y tecnología acusará recibo de la modificación de convenios del SNI con las instituciones particulares y también de la estigmatización del Programa de Estímulos a la Innovación. El indicador lo registrará sin lugar a dudas.