En breve se discutirá el decreto de ley que representaría extinción de los tres fideicomisos más para la ciencia y tecnología.
En el sector científico y tecnológico había casi un centenar de fideicomisos en operación, pero después del ajuste que realizó la actual administración quedaron solamente 27: los 26 que corresponden a los Centros Públicos de Investigación y el fondo institucional que maneja Conacyt.
Sin embargo, había tres fideicomisos más que estaban en suspenso: dos fondos sectoriales con la Secretaría de Energía (Sener) y otro fondo institucional del propio Conacyt sobre bioseguridad y biotecnología. Ahora, una nueva iniciativa en la agenda legislativa propone suprimir los tres fideicomisos.
El sector científico y tecnológico manejaba el mayor número de fideicomisos de toda la administración pública (el 29 por ciento de los existentes). Aunque el monto de recursos que operaban no era, ni de lejos, el mayor volumen del total (apenas representaba el 3 por ciento). Tales instrumentos financieros eran clave para sortear los altibajos y demoras presupuestales, así como para agilizar la operación de las dependencias. No eran opacos o al menos no hubo denuncias públicas al respecto.
La extinción de todos los fideicomisos públicos estaba prevista en el decreto presidencial del 2 de abril, aunque ahí mismo quedó facultada la Secretaría de Hacienda para hacer algunas excepciones. Los 27 fideicomisos del sector que se conservaron fue por la movilización y presión de sus beneficiarios.
El presidente López Obrador no quedó conforme con las excepciones realizadas y menos que a la fecha existan todavía fideicomisos públicos. Lo manifestó directamente en una de sus conferencias de prensa matutinas, la del 22 de julio, en presencia de los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras.
Dirigiéndose a Mario Delgado y Ricardo Monreal les dijo: “Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE, y les hemos presentado dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta”.
El ejecutivo federal recordó que la extinción de los fideicomisos era un compromiso desde el primer día que tomó posesión como presidente y más que quitar derechos o recursos, lo que buscaba era evitar discrecionalidad en el manejo del presupuesto y una mayor transparencia de esos instrumentos.
Ahora, una vez iniciado el actual periodo ordinario de sesiones, el diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, ingresó una iniciativa para suprimir y ordenar una decena más de fideicomisos (Gaceta Parlamentaria 09.09.2020).
El diputado propone suprimir dos fondos sectoriales de Conacyt con la Sener (hidrocarburos y sustentabilidad energética) que involucran poco más de 5 mil millones de pesos y dejar solamente el fondo para investigación científica y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) que tiene alrededor 900 millones de pesos.
Los cálculos provienen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 88). El monto resulta de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0065. De ese total, el 65 por ciento es para investigación en hidrocarburos en diferentes institutos, el 20 por ciento para investigación en sustentabilidad energética (fuentes renovables de energía, tecnologías limpias, p.e.) y 15 por ciento para investigación en hidrocarburos en el IMP. La iniciativa propone conservar solamente este último y retornar el 85 por ciento de recursos sobrantes a la Tesorería de la Federación.
La propuesta para el caso del fondo Conacyt para investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología es, sin más, suprimirlo. Este fondo está previsto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (artículo 31) y tenía como finalidad, aparte de investigación en esa área, el respaldo para la formación de recursos especializados, fortalecimiento de grupos y apoyo para infraestructura. El monto de recursos que tenía al cierre del año pasado era de poco más de 48 millones de pesos, cantidad más modesta en comparación con los fideicomisos de energía, pero también retornaría a la federación.
Los fondos que podrían ser eliminados se refieren a áreas de conocimiento sobre los que la actual administración ha expresado sobradas reticencias y una firme oposición. Por ejemplo, las fuentes renovables de energía, las energías limpias o los transgénicos. En estos temas, sin mayor discusión pública, la decisión es aplicada de facto por la palanca de los recursos.
En fin, el proyecto de decreto de ley todavía no se dictamina ni se aprueba, así que la extinción de los tres fideicomisos mencionados no es un hecho, pero seguramente en breve se discutirá. Lo que está claro es que no solamente es un asunto de regular la operación de estos instrumentos, también lo es la disminución de recursos que involucran.
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Pie de página: La propuesta de Ley General de Educación Superior que se discute en el Senado incluye un capítulo sobre el fortalecimiento a la ciencia, tecnología e innovación en las IES. La pregunta es qué planteará la Ley General de Ciencia Tecnología e Innovación para coordinarse y complementarse. No hay ninguna propuesta.
Alejandro Canales
Columna Campus: Acelerador de Partículas
