En la primera parte de este artículo se justificó la importancia que representan las evaluaciones de gran escala para conocer y monitorear los resultados de aprendizaje de los estudiantes de un país o de una región, con el objetivo de tomar decisiones de política educativa y rendir cuentas a la sociedad. Esta opinión se basa, entre otros documentos, en la declaración de Incheon “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de toda la vida”, (Foro mundial de la Unesco, 2015). Desgraciadamente, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador no coincide con la idea de la Unesco de evaluar a los estudiantes con instrumentos de gran escala, toda vez que los considera dañinos para el sistema educativo. Una muestra de lo anterior es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha rehusado a evaluar la pérdida de aprendizajes de los estudiantes, como consecuencia del cierre de las escuelas, para conocer el tamaño del déficit de los estudiantes en cada grado y asignatura escolar y, con base en los resultados, diseñar programas de recuperación de aprendizajes. Otro ejemplo de la desconfianza que el gobierno le tiene a las evaluaciones estandarizadas es el hecho de que el Mejoredu rehusó administrar la prueba PISA (2022), por lo que la SEP le pasó esta responsabilidad al Ceneval (organización civil que, por su naturaleza, es privada).
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