El trabajo de Esmeralda González Pérez detectó que hay 90 mil sujetos internos, sin sentencia en México, que no son tomados en cuenta para este ejercicio democrático
El Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría (FOPER) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) apostó por un trabajo que analiza “El derecho humano a votar desde la cárcel: ¿pueden o podrían votar las personas privadas de libertad por prisión preventiva?”, un estudio a cargo de la estudiante Esmeralda González Pérez, con la asesoría del investigador Dr. Leonardo Senen Cabello Álvarez.
Este proyecto consiste en la elaboración de un texto que evalúa las posibles limitaciones democráticas de aquellos que viven un proceso penal en confinamiento, sin sentencia condenatoria y con presunción de inocencia, pero sin posibilidad de ejercer el sufragio.
González Pérez comentó que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria detectó que hay 90 mil sujetos internos, sin sentencia en México, que no son tomados en cuenta para este ejercicio democrático, una situación que causa disparidad, porque se les limitan los actos jurídicos y sus derechos humanos, lo que no sucede con quienes tienen otras medidas cautelares en los procesos judiciales.
Las personas en dicha situación están dentro de la esfera jurídica del principio de presunción de inocencia que resguarda el artículo 20 inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aborda los derechos del imputado, que se deben proteger, garantizar y respetar.
Gracias a un convenio entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, se acordó permitir el voto a individuos que se encuentran en encierro preventivo; por ello, durante las elecciones de 2024, sufragaron 155 internos en los centros de readaptación estatales.
La información fue recolectada de informes proporcionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la logística, al tiempo que se promovieron los modelos y protocolos de operación en el interior de los centros penitenciarios, así como del Código Local del Estado y la Legislación Federal.
