Una de las varias contradicciones que el gobierno de la 4T ha tenido en el campo de la educación superior es su trato hacia la educación superior privada. Si bien desde hace mucho el sector privado no ha figurado de manera seria en la agenda de políticas de educación superior, sorprende que con el giro a la izquierda las cosas se hayan mantenido sin cambios. Sorprende porque algo característico de los gobiernos de izquierda alrededor del mundo —especialmente si se les reconoce como populistas— es la intervención estatal al mercado y la confrontación directa con “lo neoliberal”. Y no hay manifestación más real de ambas cosas que el desarrollo experimentado por la educación superior privada en las últimas tres décadas.
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, la iniciativa privada fue víctima de embates en ámbitos como el empresarial, el financiero o el inmobiliario. No obstante, no fue así en el ámbito educativo, particularmente en el de la educación superior. Ahí, sucedió al contrario; su target fue el sector público: impulsó una contundente política de austeridad, desmanteló esquemas de financiamiento a la investigación y a la producción científica, y les declaró la guerra a las universidades públicas, juzgándolas de corruptas, elitistas y neoliberales. En la segunda etapa de la 4T, aunque Claudia Sheinbaum ha expresado desacuerdo con que “el mercado resuelva los problemas de salud, de bienestar, de educación…”, la desatención de la educación superior privada prevalece. Se esperaría que tal desacuerdo con el mercado implicara regularlo e intervenir en los problemas que ha traído consigo, y no sólo relegarlo concentrando atribuciones en el Estado y responsabilidades en el sector público —tal y como se ha hecho con los problemas de cobertura educativa, para los que se han movilizado proyectos millonarios y “colosales” como las Universidades para el Bienestar o la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Mientras tanto, la educación superior privada en el país no deja de crecer y su orientación de mercado es cada vez más evidente. Además de movilizar cerca de 143 mil millones de pesos al año y de posicionarse dentro de las 30 actividades económicas más importantes, sus dinámicas mercantiles se manifiestan tanto en sus acelerados ritmos de expansión como en su distribución territorial desigual, la orientación de su oferta, sus métodos de atracción de estudiantes, sus mecanismos de contratación de profesores y la prevalencia de fraudes en ciertos segmentos de la oferta. Al respecto, algunos hallazgos documentados por The Program for Research on Private Higher Education (PROPHE) muestran que la distribución de la educación superior privada en el país parece responder más al mercado (i.e. a la demanda por servicios educativos y a la generación de ganancias) que a la atención de problemas socioeconómicos de las distintas regiones —de ahí que su “presencia generalizada” en todos los estados se reduzca a tan sólo 408 municipios (16 por ciento del total del país).
Los hallazgos muestran también que las instituciones privadas implementan de manera creciente estrategias mercadológicas sofisticadas, orientadas tanto a la atracción de “clientes” como a su retención. Esto incluye no sólo el despliegue de agresivas campañas de marketing, sino también el uso de herramientas especializadas que dan seguimiento a la interacción con los clientes, monitorean su comportamiento y mejoran los índices de ventas. Asimismo, los hallazgos han identificado un cambio en los esquemas de contratación de profesores; aunque prevalece la contratación por hora-asignatura, han aumentado los esquemas de tiempo completo en los que se paga por número de estudiantes atendidos —ya no importa qué enseñes sino a cuántos atiendas. Si bien estos esquemas implican un mayor tiempo de dedicación, conservan las mismas condiciones laborales precarias de los profesores de hora-asignatura.
Además de eso, el mercado se manifiesta en la heterogeneidad de actores que configuran al sector, así como en la emergencia de mercados complementarios de servicios varios (administrativos, legales, informáticos, de equipamiento, operativos). En la educación superior privada están involucrados actores de todo tipo: corporativos nacionales y extranjeros, grupos religiosos, grupos políticos, grupos indígenas, familias, sindicatos, funcionarios de la administración pública, funcionarios de universidades públicas, empresarios locales y hasta reinas de belleza municipales. Todos estos actores, cabe decir, movilizan objetivos que no se limitan a los de naturaleza educativa. Por otra parte, los hallazgos de PROPHE han constatado que uno de los mercados complementarios de mayor empuje alrededor de la educación superior privada es la proliferación de gestorías “profesionalizadas” en la tramitación del RVOE y orientadas a facilitar su obtención —fomentando con ello la apertura masiva de programas. Estas gestorías no sólo ofrecen talleres, cursos y asesoría jurídica a las instituciones, sino también, en muchos casos, incluyen un trabajo de lobby con las autoridades que conduce a resoluciones favorables.
Ninguna de las dimensiones anteriores ha sido contemplada en las estrategias más importantes impulsadas por la 4T. Por ejemplo, las orientaciones de “cobertura con excelencia” de la obligatoriedad de la educación superior simplemente se olvidan de los casi 2 millones de estudiantes que se encuentran matriculados en el sector privado. Al tiempo que las orientaciones de “mejora continua integral” y “transformación institucional” de la Política Nacional de Evaluación y Acreditación simplemente omiten establecer incentivos reales para que las casi 2 mil 500 instituciones privadas participen en los procesos de evaluación —que se mantienen desalentadoramente como voluntarios. Pero lo más importante: el “hito histórico” de la formulación de la Ley General de Educación Superior dejó pasar la oportunidad de establecer directrices sólidas para regular los comportamientos mercantiles de la educación superior privada. Los legisladores se limitaron a hacer modificaciones superficiales, manteniendo integralmente las disposiciones del RVOE formalizadas en etapas previas.
No sorprendería que las cosas se mantuvieran sin cambios si fuera por “los privilegios” concedidos al mercado por parte de los gobiernos neoliberales o por su “indiferencia” hacia los problemas que afectan al pueblo mexicano. Pero con tanto desdén hacia lo neoliberal, con tantos prejuicios y juicios hacia el mercado, sí que es raro que durante la 4T la educación superior privada opere con la misma libertad que en los gobiernos anteriores, y que prevalezcan los mismos problemas que ha padecido por tantos años.
Eduardo Navarro
The Program for Research on Private Higher Education
