Buena parte de los estudios sobre las relaciones entre educación y sociedad se sustentan en una tesis básica: a mayor nivel de escolaridad de una población corresponde una mejor calidad de vida. Esto significa que tener una población mayor y mejor educada disminuye significativamente los indíces de violencia, inseguridad y conflicto, y mejora la cooperación, la confianza y la cohesión social.
Esta tesis alimenta muchas teorías y enfoques sobre las bondades de la educación contemporánea, algunas mas claras y rigurosas que otras. La teoría del capital humano, por ejemplo, fue la base de las políticas de expansión acelerada de la escolaridad básica y superior bajo el supuesto de que el cambio tecnológico y la productividad económica requieren de individuos más calificados, es decir, con mayor capital escolar. La teoría de la modernización, por otro lado, atribuyó a la educación el incremento de la movilidad social ascendente, la democratización política y el desarrollo económico. Durante el último tercio del siglo XX, la educación fue vista como el mecanismo central para la recuperación de las crisis económicas, y desde el inicio del presente siglo la educación es considerada como una estrategia para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible formulados por la ONU para enfrentar la incertidumbre de los tiempos que corren y mejorar la construcción de futuros más optimistas para las sociedades nacionales.
Sin embargo, una serie de paradojas han oscurecido la confianza en las capacidades cohesivas, cooperativas y económicas de la educación moderna. A pesar de la formidable expansión educativa observada en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo pasado y las primeras dos décadas del presente, el estancamiento económico, el debilitamiento de las democracias, las brechas de desigualdad social y los índices de violencia e inseguridad han crecido de manera espectacular. El caso mexicano resulta representativo de los problemas que enfrenta la educación en entornos que no favorecen sino que debilitan las contribuciones de la educación al desarrollo de las sociedades locales.
En nuestro caso, la paradoja observada en las últimas décadas es que a mayor escolaridad de la población se diminuyen las posibilidades de movilidad social ascendente y se incrementan los índices de violencia, pobreza e inseguridad. Los feminicidos, el narcotráfico, las desaparaciones y secuestros han crecido de manera constante desde 2006, a pesar de que la población en general pasó de tener de 8.2 a 9.6 años de escolaridad promedio durante este período. Pero estos datos generales impiden apreciar con precisión sociológica (y no solo estadística) el peso que estas relaciones guardan en territorios y poblaciones específicas, y cómo se relacionan con factores extra-escolares.
Una de las cuestiones básicas es determinar cuál es el perfil de los feminicidas, los secuestradores, los narcotráficantes que integran las delincuencias organizadas y no organizadas. Muchos políticos, funcionarios, empresarios, directivos y no pocos ciudadanos creen que ese perfil es el de hombres con poca o nula escolaridad, que provienen de familias desintegradas, sumidas en estados de pobreza intergeneracional, que les gusta el dinero fácil, y no tienen ningún escrúpulo moral o ético para dedicarse a las actividades delictivas. Por ello, la solución es proporcionar becas públicas o privadas a niños y jóvenes en situación de pobreza, campañas para resaltar las bondades de la integración familiar y de amor al prójimo, impulsar eslógans, cursos y talleres de valores, o inducir actividades de participación y solidaridad social.
Esa retórica bienintencionada se alimenta de mitos, ignorancia y fe, más que de información y conocimiento preciso sobre las relaciones entre educación y violencia. Sonora, Sinaloa o Baja California son entidades donde el acceso a la educación superior supera la media nacional, y, sin embargo, son entidades en que la violencia se ha generalizado en poblaciones como Ciudad Obregón, Culiacán o Ensenada. En Jalisco o en Zacatecas, con tasas de acceso menores a la media nacional, la violencia también se ha generalizado en poblaciones urbanizadas como Guadalajara o semirurales como Fresnillo. ¿Qué explica esa situación en contextos regionales diferentes? ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Cuáles son los itinerarios vitales que los conducen a las actividades criminales?
Los clichés de que son enfrentamientos por la disputa entre cárteles del narco no explican mucho. Suponer que esas bandas son integradas por muchachos pertenecientes al lumpenproletariado o a los nuevos olvidados del sistema educativo, la política y la economía, es una creencia que requiere de evidencias que ahora no tenemos. Quizá en las cárceles sea posible tener una visión más precisa de estos segmentos para identificar los componentes del perfil de esa criminalidad que se expande a la sombra de la escolarización del país.
El asunto vás más allá de un ejercicio académico. La pedagogía de las violencias tiene múltiples dimensiones y tipos: verbal,simbólica, homicida. La escuela es el espacio donde la pedagogía de la tolerancia se opone a las prácticas de violencia. La contiene, la encausa, la racionaliza. Y sin embargo, los comportamientos violentos también ocurren en las escuelas desde el nivel básico hasta el universitario y en sus entornos sociales y familiares. Hoy, la escuela es un espacio vulnerable e incapaz por si mismo para contener las tendencias depredadoras que observamos desde hace muchos años en el país. Examinar ese fenómeno, sus raíces causales y estructuras, es un ejercicio político y de políticas públicas, orientado a reconstruir el tejido educativo básico para enfrentar los comportamientos anómicos que alimentan el ciclo de violencia e inseguridad que debilita la política, la economía y la moral pública de la vida social.
