Uno de los temas relevantes de la sociología política tiene que ver con la distinción entre puestos y personas en la configuración de las estructuras de gestión de los asuntos públicos. Como el viejo Weber lo planteó en sus escritos clásicos, esa distinción permite a los estados modernos la construcción de una racionalidad burocrática desempeñada no por amateurs con talento o con ganas de hacer bien las cosas, sino por individuos (ellos, ellas) que ocupan un puesto normado por leyes y reglamentos, que requiere de ciertos méritos, habilidades y trayectorias previas, que son remunerados de acuerdo con la jerarquía del puesto, y que no son dueños del lugar y de los recursos que ocupan para llevar a cabo sus funciones.
Los ecos weberianos resuenan cada que se observa la dinámica de los nombramientos públicos. Una nota de coyuntura revive esa conocida sensación déjà vu. La semana pasada se dio a conocer la noticia de que el aún rector de la Universidad de Guadalajara fue nombrado nuevo subsecretario de Educación Superior de la SEP. Tomará posesión del puesto a partir del próximo 1 de abril, justo cuando termina su período sexenal como máximo representante de la universidad jalisciense (2019-2025). La noticia, la persona y el puesto representan con claridad los antiguos susurros weberianos bajo el signo de los nuevos tiempos políticos.
Aunque desde hace meses se sabía de la posibilidad de que el rector tapatío Ricardo Villanueva se integraría al gabinete de la presidenta Sheinbaum, la noticia se confirmó apenas el pasado 13 de febrero. La trayectoria de Villanueva es representativa de otros rectores universitarios que antes o después de ocupar esos puestos desarrollaron carreras políticas en los ámbitos municipales, estatales o federales. Algunos casos más o menos recientes confirman la afirmación. El hoy gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, fue hace tiempo rector de la UAS, y luego dirigente partidista en su estado natal; Salvador Jara, rector de la U. Michoacana (2011-2014), fue gobernador interino de su estado (2014-2015), y posteriormente subsecretario de Educación Superior de la SEP durante el gobierno del presidente Peña Nieto; Juan Carlos Romero Hicks, ex rector de la U de Guanajuato en los primeros años noventa del siglo pasado, luego fue gobernador de esa entidad y posteriormente funcionario federal durante los gobiernos de los presidentes Fox y Calderón; o el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, hoy secretario de relaciones exteriores del gobierno de Sheinbaum. Son representaciones de cierto patrón de comportamiento político de los rectores de universidades públicas autónomas.
El caso del rector de la UdeG que se integrará al gabinete federal es similar. Es la experiencia de un ex dirigente estudiantil que luego pasó a ser profesor universitario, militante de un partido político (PRI), y, antes de ser rector general, fue miembro prominente del gabinete de un gobernador (Aristóteles Sandoval), y regidor municipal en Guadalajara. Esa trayectoria pública no descansa tanto en los méritos estrictamente académicos del todavía rector de la UdeG, como en los méritos políticos que ha acumulado a lo largo de una trayectoria recorrida entre las aguas mansas de la docencia universitaria y las aguas revueltas y con frecuencia oscuras de la política universitaria y la política partidista. En esas aguas, dominadas por diversos órdenes de lealtades a personas y proyectos, Villanueva ha estructurado su propia trayectoria político-institucional.
Más allá de las características personales del rector, de sus capacidades de cabildeo político y gestión institucional, la propia UdeG es un caso interesante de las vidas cruzadas que transcurren entre el poder político y el poder universitario. Otros ex rectores de la era más reciente de esa universidad (Raúl Padilla, José Trinidad Padilla, Tonatiuh Bravo), han sido diputados locales o federales, o regidores municipales, antes o después de ser electos como rectores universitarios. El hecho de que las rectorías sean puestos de gestión política en los ámbitos locales o nacionales, les otorga a sus representantes una enorme visibilidad pública, lo que explica que puesto y persona se conviertan en figuras relevantes en la vida política en las escalas subnacionales y federales.
Lo distintivo de la transición de un puesto de rector universitario a un cargo federal de gestión gubernamental de los asuntos de la educación superior consiste en identificar los grados de libertad que puede tener un funcionario que trabajará no sólo con las limitaciones legales, organizacionales, presupuestales y políticas de todo puesto público, sino que también operará en un territorio marcado de antemano por las decisiones y prioridades políticas presidenciales: la continuación de las políticas de “becarización”, la instrumentación de las disposiciones normativas de la Ley General de Educación Superior aprobada en 2021, la ampliación de la matrícula en 300 mil lugares en las sedes de las universidades del bienestar Benito Juárez, las universidades de la salud o la Rosario Castellanos, forman parte de las señales que marcan la agenda de las políticas de educación superior que tendrá que trabajar el nuevo subsecretario y su equipo.
Temas como el déficit presupuestal que acumulan desde hace más de una década las universidades públicas autónomas, los problemas de regulación de la educación privada, la construcción de un sistema de evaluación nacional de los aprendizajes de las licenciaturas universitarias, el fortalecimiento de los posgrados asociados a la investigación científica y humanística, los problemas de los abandonos escolares e inserción laboral de los egresados, de cobertura y calidad de los programas, del envejecimiento acelerado del profesorado universitario y sus efectos en las pensiones y jubilaciones, en el contexto de autonomías universitarias debilitadas por el maltrato presupuestal o por las desconfianzas gubernamentales, constituyen algunos de los desafíos del corto plazo de la subsecretaría que ocupará el próximo exrector universitario a partir de abril.
Como suele ocurrir, el problema en términos políticos y de políticas públicas es siempre el tiempo, el “maldito factor tiempo” como solía señalar el finado sociólogo chileno Norbert Lechner. Las limitaciones del puesto y de la persona juegan un papel crucial en la posibilidad no sólo de construir una agenda institucional coherente sino de implementarla de manera efectiva. Con cinco años por delante, el próximo subsecretario enfrentará un campo de políticas sembrado de oportunidades e incertidumbres, pero también de algunas bombas de relojería.
