Cuando educar también es proteger

Los principios esenciales de la democracia que heredamos tras la Segunda Guerra Mundial —aquellos que establecieron límites al poder, la obligaron a rendir cuentas y la sometieron a la competencia dentro de la legalidad— fueron el motor de una expansión inédita de prosperidad y seguridad durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XXI, ese equilibrio comenzó a erosionarse. Ha emergido una forma renovada de poder que no elimina la democracia de inmediato, sino que la imita mientras debilita sus contrapesos. Y cuando la sociedad advierte cuán frágiles se han vuelto sus instituciones, con frecuencia ha sido demasiado tarde.

Esa erosión no es solo un fenómeno de élites o de grandes estructuras políticas: tiene expresiones cotidianas, visibles en las aulas, en los servicios públicos, en la distancia entre lo que las instituciones prometen y lo que efectivamente ofrecen. Las recientes tensiones entre los jóvenes y las estructuras tradicionales de poder evidencian precisamente esa brecha entre el diseño institucional y su implementación cotidiana: una brecha que, para muchos estudiantes, se traduce en experiencias de injusticia, opacidad o exclusión.

Este choque —una generación que creció hiperconectada, informada e interdependiente frente a sistemas políticos que a menudo responden con desconfianza, manipulación de la narrativa o incluso represión— no es un fenómeno aislado. Al contrario, ha dado lugar a movilizaciones juveniles en distintas regiones del mundo durante los últimos años, muchas de ellas articuladas desde plataformas digitales y acompañadas de demandas claras de transparencia, justicia social y rendición de cuentas.

Desde Asia hasta África y América Latina, los jóvenes han salido a las calles con repertorios políticos que sorprenden incluso a generaciones precedentes. En Nepal, por ejemplo, una ola de protestas lideradas por jóvenes vinculados a la llamada Generación Z alcanzó tal magnitud que derivó en la renuncia del primer ministro en septiembre de 2025. El movimiento, organizado en buena medida a través de redes sociales, desencadenó una crisis institucional que involucró al Parlamento y a la Corte Suprema, y puso en el centro del debate tanto la legitimidad de la élite política como el uso de la censura digital como herramienta de control.

Movimientos similares surgieron en Marruecos, donde protestas juveniles entre septiembre y octubre de 2025 cuestionaron la desigualdad, la precariedad de servicios públicos y la distancia entre prioridades gubernamentales y necesidades ciudadanas, presionando al Estado a plantear reformas orientadas a ampliar la participación política de los jóvenes.

En Perú, las calles se llenaron de pancartas, consignas y símbolos culturales compartidos. Entre ellos destacó una bandera inspirada en el manga One Piece —convertida en emblema de inconformidad frente a estructuras de poder percibidas como injustas— que condensó visualmente lo que las palabras de orden expresaban: la exigencia de cambios profundos y la denuncia de corrupción e ineficacia institucional.

En México, distintas movilizaciones identificadas con esta generación han convocado protestas en la Ciudad de México y otras urbes para visibilizar preocupaciones en torno al crimen, la impunidad y la calidad de los servicios públicos. Lo significativo es que buena parte de esa inconformidad tiene como escenario —o como detonador— el espacio universitario: campus que han sido punto de encuentro, de organización y de debate, recordándonos que la universidad no está al margen de lo que ocurre en el país, sino en el centro mismo de su conversación más urgente.

El último espacio para las ideas
Más allá de fronteras y agendas diversas, lo que une a estos jóvenes es una percepción compartida de que las estructuras actuales de poder responden insuficientemente a sus preocupaciones, junto con una voluntad explícita de hacerse escuchar allí donde el discurso oficial insiste en que todo está «bajo control» o que cualquier cuestionamiento implica desorden.

Esta generación —definida por el rango de edad que hoy ocupa las universidades y los últimos grados de educación media—, no solo está presente en aulas y auditorios. Está en las pantallas de nuestros celulares, en foros digitales, en proyectos colaborativos y, sobre todo, en el espacio público. Su activismo no es improvisado ni ingenuo; es una respuesta consciente ante lo que perciben como una erosión de normas, instituciones y mecanismos que deberían dar sustento a la vida democrática.

Y aquí es donde el papel de las universidades se vuelve cada vez más trascendental. No como espacios de política partidista, sino como la expresión más clara del «propósito esencial» de la educación: formar pensamiento crítico, cultivar la reflexión ética y ofrecer herramientas para comprender —con rigor— cómo operan los sistemas de poder, por qué las instituciones pueden erosionarse y de qué manera pueden reconstruirse prácticas sociales más justas y responsables.

En un contexto de polarización, desinformación y simplificación deliberada de la realidad, las universidades representan una de las pocas —y cada vez más estrechas— ventanas que nos quedan para el análisis sereno, el debate argumentado y la construcción de ciudadanía. No deben distraerse de esa misión; por el contrario, necesitan protegerla con claridad y convicción.

La universidad no es solo una infraestructura ni una tradición académica. Es el espacio donde las ideas se contrastan con evidencia, donde la pluralidad encuentra cauce y donde los jóvenes aprenden a pensar con independencia. Preservar su autonomía no es un asunto administrativo ni corporativo; es una condición esencial para que ese ejercicio libre del pensamiento pueda sostenerse sin presiones ni imposiciones externas.

Si la educación permanece fiel a ese propósito —no de adoctrinar, sino de formar mentes críticas, capaces de distinguir entre la verdad y la manipulación, de comprender el valor de los contrapesos y de respetar la pluralidad— entonces no solo formará profesionales competentes y éticos. Formará ciudadanos capaces de sostener instituciones, exigir límites al poder y contribuir a que sus sociedades resistan el abuso, la mentira y la erosión democrática.

Y quizá sea justamente ahí —en esa formación crítica y consciente— donde resida nuestra posibilidad real de preservar aquello que todavía vale la pena proteger.