El principal organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas en México debe tener los instrumentos y el financiamiento para ser verdaderamente una entidad asesora del gobierno federal
Tal vez, en sentido estricto, con apego a la normatividad vigente, se podría decir que el actual Conacyt solamente cumple una parte de su encomienda. Pero lo hace sin la brújula que la misma ley le provee y probablemente ahí radica, parcialmente, la explicación a las fallas que ha exhibido, las medidas incomprensibles que ha instaurado y su escaso entendimiento con la comunidad académica, científica y tecnológica.
El problema tiene especial relevancia si se toma en cuenta que está por discutirse el diseño de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todavía no ingresa ninguna iniciativa en el Congreso, así que vale la pena pensar dos veces qué contenido de ley es el deseable y qué función le atribuirá al Conacyt.
¿Qué papel le reserva al organismo su actual ley orgánica? En general, dice que tiene “por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país” (artículo 2). Además, le adjudica una veintena de funciones.
Seguramente ese principio de entidad asesora lo ha tenido presente López Obrador, porque precisamente cuando comenzó el conflicto con los organismos intermedios del sector, y especialmente con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo refirió claramente.
En julio de 2019, a pregunta expresa sobre la inminente desaparición del Foro por falta de presupuesto, a pesar de que era un órgano autónomo para asesorar al Ejecutivo Federal, como también dice la ley, el presidente López Obrador respondió: “Eso era otro pegote que traíamos aquí en la Presidencia, ya me acordé de ese, ese sí lo tengo identificado. Era aquí para asesorar al presidente en asuntos de tecnología… No, ahí está el Conacyt, a mí me asesora el Conacyt, y ahí están los científicos” (t.ly/pgj0).
Así que, desde entonces y con independencia de lo que todavía dice la ley, la asesoría y la articulación de las políticas públicas del gobierno federal solamente corre por cuenta del Conacyt. El presidente López Obrador, ateniéndose a ese principio, ha dirigido algunas de sus peticiones públicamente a la titular del organismo. Los resultados también los conocemos.
Ahí están los plazos vencidos para la fabricación de los ventiladores mecánicos en los momentos críticos de la pandemia, los modelos matemáticos para predecir el comportamiento del Covid-19 que no funcionaron, las becas para formar médicos especialistas en el extranjero o para madres solteras, o bien, la búsqueda de alternativas para reducir el glifosato en el país.
Sin duda, el principal organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas en México tiene la capacidad y los elementos para responder a las solicitudes del ejecutivo federal y más, como ofrecer alternativas a situaciones de emergencia, colaborar para hacerle frente a los problemas nacionales e impulsar el desarrollo nacional.
El asunto es que debe implicar a la dirección del organismo y el sector en su conjunto. O sea, involucrar regiones, instituciones, comunidades, redes, programas y otras dependencias de la administración pública que también realizan actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Seguramente por eso la ley de ciencia vigente estableció un Programa Especial para el sector (Peciti), con una visión a largo plazo y una proyección a 25 años (sección III, artículos 20, 21 y 22). Y es un programa especial porque Conacyt coordina pero participan todas las entidades de la administración pública federal que tienen actividades relacionadas.
También por la misma razón la ley incluye un capítulo de “Participación” (capítulo VI), en el que está considerado el ya mencionado Foro y representantes de los sectores académico, social y privado para el diseño de las políticas nacionales y la elaboración de programas. Probablemente no es el mejor diseño de participación, pero el principio es que se trata de una política de Estado para el sector, no es una política de gobierno.
El problema es que Conacyt a la fecha no tiene un Peciti, no lo elaboró cuando debía y parece que no lo hará, así que la proyección y coordinación con otras dependencias gubernamentales es inexistente o es inútil. La comunicación del organismo con otros actores y sectores para atender las solicitudes y definir las políticas tampoco ha sido la mejor, más bien ha sido ríspida y conducida por la desconfianza mutua.
Si el organismo no tiene los instrumentos –ni hablar de financiamiento–- para ser verdaderamente una entidad asesora del gobierno federal y los puentes de comunicación con el sistema están dinamitados, se pueden entender los magros resultados, tanto como las vacilaciones en la toma de decisión, el extravío de algunas medidas en el terreno de la salud, educación, agricultura, medio ambiente, etcétera.
Los componentes imprescindibles que deberían integrar a la nueva ley general están a la vista.
Pie de página: El Cinvestav, en carta pública dirigida al Congreso de la Unión y a la secretaria de Educación Pública, expresa su preocupación por el anteproyecto de ley general de ciencia del gobierno federal y les solicita se abra “un amplio debate de discusión sobre la Ley”. // Este lunes la Conamer autorizó el nuevo reglamento del SNI.
