La actual administración ha reiterado su propósito de convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Fue una de las banderas de la campaña electoral que llevó a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), a Palacio Nacional. Lo reafirmó al elevar a rango de secretaría a la entidad rectora de la política sectorial y quedó como línea de acción en su Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente programa sectorial.
Pero, en realidad, ¿México podría ocupar una posición de liderazgo en el campo científico y tecnológico? Como intención suena bien, sobre todo tras el desencanto de la comunidad científica con la gestión del periodo inmediato anterior y el desastre sectorial que provocó su propensión ideológica y sus rencillas personales.
Si por un momento nos olvidamos de los indicadores internacionales en los que México siempre aparece en las posiciones más bajas –como los índices bibliométricos, las patentes, el nivel de inversión o los premios Nobel—, el objetivo tampoco es completamente irrealizable.
Tómese en cuenta el tamaño de la economía nacional. Según el Fondo Monetario Internacional, medida la economía por el tamaño del PIB a precios actuales, México ocupa la posición número 13 en el mundo; debajo de Brasil (11) y de España (12). (imf.org).
Sin embargo, la intención y una economía de tamaño respetable son insuficientes. Primero está el insumo básico: el nivel educativo de la población. Según el reciente informe de gobierno, la población mayor de 15 años tiene 10 grados de escolaridad en promedio, lo que equivale al primer año de bachillerato. No está mal, aunque algunas de las economías con las que México compite tienen de 12 a 14 grados.
Actualmente, la tasa neta de cobertura en media superior es de 62.7 por ciento para los jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, y la meta es llegar a 66 por ciento al final del sexenio. A pesar de que, constitucionalmente, se suponía que alcanzaríamos la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, estamos lejos de lograrlo. Y omitamos el tema de la calidad, que es problema aparte.
El panorama en educación superior, el nivel con mayor salida directa a la actividad científica y tecnológica, es todavía más complicado. De acuerdo con el programa sectorial, la tasa neta de cobertura en el ciclo escolar 2023-2024 fue de 29.3 por ciento y se propuso como meta llegar a 33 por ciento para el ciclo 2030-2031. Es decir, en el mejor de los casos, al final de la década actual, apenas se alcanzará a una tercera parte del total de jóvenes del grupo de edad.
El último dato disponible sobre las personas que cuentan con educación superior y trabajan en ciencia y tecnología indica que suman 8.2 millones (IGECTI, 2021: 33). La cifra corresponde a 2021 y tómese en cuenta que, para ese año, representó el 14.5 por ciento de la población económicamente activa y ocupada. Un porcentaje relativamente modesto.
La misma fuente muestra que la licenciatura es el nivel con mayor participación relativa en el total de personas con educación superior ocupadas en actividades científicas y tecnológicas: 81 por ciento, de las cuales la mitad se concentra en el área de las ciencias sociales. Le sigue el posgrado, con 12 por ciento, y una proporción de ciencias sociales de 70 por ciento. Finalmente, la educación técnica, con 7 por ciento.
Desafortunadamente, aunque estaba obligada por ley, la administración anterior se marchó sin publicar los informes anuales del sector de los últimos cuatro años; las autoridades actuales tampoco se han ocupado de hacerlo. Tal vez los números se han incrementado y las proporciones se han modificado en fechas recientes, pero no lo suficiente para despuntar en el campo científico.
El otro componente imprescindible para imaginar un lugar sobresaliente es el nivel de inversión. El indicador utilizado a escala mundial es el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE); el dato permite valorar el esfuerzo nacional en la materia. El informe de gobierno más reciente muestra que México destina el equivalente a 0.27 por ciento de su PIB. Imposible descollar con esa proporción de gasto.
Tómese como referencia que el GIDE promedio de América Latina es de 0.60 por ciento y el de Brasil es de 1.2 por ciento. Es decir, invertimos menos de la mitad del promedio de la región y una cuarta parte de lo que destina el país latinoamericano con mayor inversión. Ni hablar del promedio de los países de la OCDE (2.7 por ciento) o de las naciones reconocidas como verdaderas potencias.
¿Qué se ha hecho? En el primer año del sexenio, los esfuerzos gubernamentales se dirigieron, por una parte, a ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes. En este terreno, lo novedoso ha sido la puesta en marcha de las microcredenciales como política nacional (véase Campus, núm. 1116).
Las estadísticas seguramente registrarán el incremento de certificados al final del año próximo y será coincidente con la promesa de convertirnos en una potencia. Sin embargo, la formación altamente especializada, indispensable para despuntar en la competencia internacional, es una inversión de largo plazo: no se puede improvisar ni tampoco sustituir con cursos de 40 horas.
Por otra parte, el gobierno federal ha puesto en marcha proyectos deslumbrantes de corte tecnológico, como el diseño y la manufactura nacional del mini vehículo eléctrico Olinia, el centro de diseño de semiconductores o el Clúster Nacional de Supercómputo, entre otros.
Todavía falta que se muestren los resultados, pero son eso: iniciativas tecnológicas dispersas que, en el mejor de los casos, contribuyen a sostener el encanto de la narrativa, pero cuyos efectos prácticos serán limitados. ¿No sería mejor declarar explícitamente la inclinación tecnológica y seleccionar un sector prioritario? Sin duda.
La promesa de convertir a México en una potencia científica y tecnológica se diferirá al futuro, frente a la realidad de una baja escolaridad, una formación especializada que descansará en microcredenciales y una inversión que va a contrapelo de la intención manifiesta.
