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Cide: una raya más

El conflicto del Cide se suma al patrón de quiebre de normas al menor asomo de conflicto que ya se ha configurado a estas alturas de la administración

Un cambio en las reglas de juego para imponerse en un conflicto en ascenso parece un mal camino para buscar una solución. Sin embargo, eso es lo que intentarán las autoridades del Conacyt para contender con el paro de actividades del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide). Los resultados los conoceremos en breve y seguramente no serán los esperados por la autoridad. ¿O sí?

Según la información que circula en redes sociales, se cita a reunión extraordinaria a la Asamblea General de Asociados del Cide para este viernes 14 de enero a las 9 hrs. El oficio tiene los sellos oficiales y la firma correspondiente, así que todo indica que el documento es auténtico. No será una reunión presencial, se llevará a efecto a través de videoconferencia.

La Asamblea General es el órgano supremo de la institución, la preside la titular del Conacyt (representante del gobierno federal) y están otras siete instituciones asociadas: las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Energía; también el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México.

El punto a tratar serán cambios en el Estatuto General del Cide, o sea, precisamente, la modificación al instrumento jurídico de creación de la institución. De hecho, uno de los motivos previstos para citar a reuniones extraordinarias. La intención es modificar aquellos artículos que hoy se contraponen a los hechos consumados.

Uno de los cambios a realizar es la forma de designación del titular del Cide. La norma vigente establece que el Consejo Directivo, órgano de gobierno de la institución, debe formalizar el nombramiento y también, llegado el caso, ratificarlo para un segundo periodo (fracción IV del artículo 29). La instancia está integrada por 14 personas, entre ellas seis representantes del gobierno federal, dos instituciones autónomas y cuatro consejeros.

Sin embargo, como seguramente usted lo recuerda, el nombramiento del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, no observó del todo esa norma, su designación fue impugnada y hoy es la fuente del conflicto. La modificación propone que el Consejo Directivo solamente debe “tomar conocimiento” del nombramiento. Es decir, la designación será enteramente prerrogativa de la autoridad del Conacyt.

Otro cambio son los requisitos que debe cubrir la persona para ocupar la Secretaría Académica del Cide. Actualmente está como restricción que debe ser personal académico activo de la institución, al menos durante los dos años anteriores al nombramiento. La modificación propone una equivalencia: “haber sido miembro activo de otra institución de amplio reconocimiento”.

Un asunto de gestión interna carece de relevancia, pero la propuesta de cambio se debe principalmente a que la persona que actualmente ocupa esa posición es personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, así que tampoco cumple la norma vigente. Así que si se aprobara la reforma, su nombramiento ya no estaría fuera del marco normativo.

Finalmente, un último cambio y tal vez el más espinoso, es el recorte de facultades al Consejo Académico del CIDE. Este último es el “órgano colegiado interno de análisis y consulta en lo referente a las actividades académicas”; instancia clave de operación y gobierno de la institución.

Básicamente, la propuesta es suprimir la facultad de aprobación que tiene el Consejo en lo referente al programa de trabajo del director general, sobre los programas docentes o unidades académicas e incluso del cambio de estatutos. Así que, de inicio, la presente reforma de los estatutos primero tendrían que pasar por el órgano interno. Seguramente, por la misma razón, la modificación propone eliminar sus facultades aprobatorias y que ahora el Consejo solamente opine al respecto.

Lo grave del caso es que los cambios propuestos están a la base de un conflicto en curso, lo que equivale a decir que un juego inicia con unas reglas y a la mitad del cotejo, una de las partes las cambia y exige aplicarlas como si nada. La no retroactividad y el principio de certeza jurídica quedan hechos añicos.

Todavía más grave es que, a estas alturas del periodo de gestión en el sector, ya configura un patrón de quiebre de normas al menor asomo de conflicto. Así ocurrió con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la ley del sector, entidades paraestatales de investigación, los fideicomisos públicos, el estatuto del personal Cátedras Conacyt, el estatuto orgánico de Conacyt o el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo.

Lo que ocurre en el Cide, lo dijimos en su momento, pudo ser atendido sin mayor complicación. No obstante, la autoridad parece especializarse en sumar un conflicto tras otro, crea problemas donde no los había y rápidamente escala aquellos que se presentan. Pronto no quedará espacio para más rayas.

Pie de página: Por fin salieron los resultados del SNI, felicidades si ingresó o fue ratificado. Pero, a propósito de cambio arbitrario de reglas, ni lo dude, ahora vendrá un cúmulo de impugnaciones de los que quedaron fuera, porque el reglamento del SNI cambió después de emitida la convocatoria correspondiente. Ni cómo ayudar.

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