Para un regreso a clases seguro hace falta una estrategia nacional que logre diferenciar entre diversos factores tomando en cuenta la experiencia nacional e internacional
Una vez más, como país, no sabemos qué hacer con los servicios educativos en medio de la contingencia sanitaria en curso. La agenda gubernamental para el sector quedó agotada con la reforma del artículo 3° constitucional de mayo de 2019. Desafortunadamente, la realidad ha terminado por imponerse, las autoridades no pueden seguir improvisando, ignorar información elemental y esperar que, sin más, sus postulados se conviertan en hechos.
La disyuntiva sobre qué fórmula es mejor para el funcionamiento de los sistemas educativos, cuando la pandemia sigue en ascenso, no ha sido sencilla para ningún país en el mundo. Sin embargo, no todos cruzan por las mismas condiciones y ciertamente, América Latina no ha sido un ejemplo y México todavía menos.
Desde marzo del 2020 hasta febrero de 2021, el primer año de despliegue del coronavirus a nivel mundial, Panamá sumó 211 días con sus planteles educativos cerrados (de educación básica a media superior), a la cabeza de la lista del total de naciones de las que se disponía información (Unicef. COVID-19 and School Closures: One year of education disruption, 2021). No estaba solo, en orden descendente, otros países lo seguían: El Salvador (205); Bangladesh (198); (Bolivia (192); Brasil (191); Costa Rica (189); Kuwait (181); y México (181). Seguían en la lista otras naciones, principalmente centroamericanas.
Según mostró el reporte de Unicef, de los 14 países que mantuvieron mayormente cerradas sus escuelas de los niveles indicados, dos terceras partes eran de la región latinoamericana. Tal parece que la región no solamente es una de las más desiguales en el mundo, también comparte una misma posición sobre el tema educativo.
En México, en efecto, a partir del 24 de marzo del 2020 se decretó “suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020” (DOF. 24.03.2020). También por decreto quedaron enlistadas las cinco actividades que estarían consideradas como esenciales: las relacionadas con la emergencia sanitaria; seguridad pública; sectores fundamentales de la economía; los programas sociales del gobierno; y las de infraestructura crítica (DOF. 31.03.2020). No, la educación no fue esencial.
Llegó abril del 2020, la pandemia no cedía, se extendió el cierre de actividades no esenciales un mes más y al término, cuando uno de los picos de la contingencia parecía descender, vino la estrategia para la reapertura de algunas actividades conforme el establecimiento de colores del semáforo epidemiológico por regiones. Las escuelas, se indicó en el Acuerdo correspondiente, solamente podrían operar cuando el semáforo estuviera en color verde (DOF. 14.05.2020).
Sin embargo, las semanas fueron meses, de junio del 2020 a junio de este año, no hubo clases presenciales, a pesar de las varias entidades que permanecieron en semáforo con luz verde y de las voces de especialistas, organizaciones y grupos de padres de familia que clamaban por un retorno escalonado y seguro.
La excepción fueron el centenar de escuelas primarias abiertas en Campeche en abril de este año, más por razones políticas que educativas, pero fue un breve episodio. Luego en junio, casi al final del pasado ciclo escolar, vino el intento oficial por el retorno a las clases presenciales. Un regreso relativamente accidentado e improvisado. La Sep informó que, casi en la mitad de las entidades federativas, abrieron 24 mil escuelas (menos del 10 por ciento del total de planteles) y asistieron alrededor de 1.6 millones de estudiantes (menos del 5 por ciento del total) (Boletín 113. 07.06.2021).
Una de las principales razones para continuar con el cierre de escuelas ha sido la seguridad sanitaria. También de ahí la proviene la anticipada vacunación del personal docente y administrativo. No es nada insignificante la cantidad de maestros y alumnos del sistema educativo nacional; suman alrededor de un tercio del total de la población.
Sin embargo, salvo las vacunas para el personal, la educación no ha sido prioridad en la contingencia sanitaria, ni siquiera los niños y jóvenes en condiciones desfavorables que carecen de dispositivos tecnológicos o de conexión a internet para acercarse a la educación a distancia. Nada. Las iniciativas se limitaron al programa “Aprende en casa” y las escuelas quedaron supeditadas a un irrelevante semáforo epidemiológico.
Los modelos únicos para el retorno a la escuela, la improvisación o las órdenes a rajatabla no funcionan en el sector educativo. Hace falta una estrategia nacional que logre diferenciar entre niveles educativos, régimen de sectores, zonas geográficas, condiciones sanitarias del personal e infraestructura de los planteles. Una estrategia que recupere los elementos que la experiencia nacional e internacional han consolidado: la vacunación, el uso de cubrebocas, la distancia entre personas, la ventilación de los espacios, el porcentaje de los aforos, las pruebas y seguimiento de contagios, entre otros.
En fin, la reforma del artículo 3° constitucional estableció como prioridad el “interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, tanto como la gratuidad y obligatoriedad del servicio. Menos fácil es allanar ese camino para que los enunciados se hagan realidad.
_____
Pie de página: El sindicato del programa Cátedras Conacyt comenzó esta semana la negociación de su contrato colectivo de trabajo con el organismo. Pendientes.
