El primero de octubre del año pasado, Claudia Sheinbaum Pardo, en su discurso de toma de posesión como primera presidenta de México, enunció los llamados “Cien puntos de compromiso de los próximos seis años del Segundo Piso de la Cuarta Transformación”. Uno de ellos se refiere al sistema de educación superior y dice así: “vamos a ampliar la educación superior, vamos a consolidar las Universidades Benito Juárez y hacer nacionales las universidades que hicimos en la ciudad: la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, las vamos a llevar a todo el país; el objetivo es aumentar en al menos 300 mil espacios más en universidades” (Presidencia de la República, Mensaje de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, Versión estenográfica).
El 23 de octubre, la propia presidenta, en su “Mañanera del pueblo” aclaró: “Son 330 mil lugares nuevos para universitarios en todo el país, y se van a distribuir de esta manera: en la Universidad Nacional Rosario Castellanos —así le vamos a nombrar—, son 150 mil espacios nuevos a lo largo del sexenio; en la Universidad de la Salud, 25 mil lugares nuevos; en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, al menos 40 mil, aunque tiene posibilidad de más; el Tecnológico Nacional de México, 85 mil y en el Politécnico Nacional, 30 mil”. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, también participante en la rueda de prensa, precisó que “para garantizar el incremento de la matrícula de educación superior, se construirán: 30 nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; 10 sedes de la Universidad de la Salud; 50 planteles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, mientras que en el caso del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), únicamente se ampliará su matrícula en sedes ya existentes.” (Presidencia de la República, Nota de prensa: “Anuncia presidenta Claudia Sheinbaum creación de 330 mil nuevos lugares para estudiantes de educación superior”).
La meta de los trescientos mil nuevos lugares integró al documento Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 que, el pasado 28 de febrero, fue entregado a la Cámara de Diputados para su dictamen en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Es de esperarse que se apruebe y publique en breve. En el proyecto del PND la meta mencionada se enuncia en el capítulo de presentación del Plan, en los siguientes términos: “Aumentaremos el número de preparatorias y universidades públicas para que al menos llegue la educación superior a 300 mil espacios más.” (Proyecto de PND 2025-2030, pág. 15).
Llegados a este punto, resulta extraño que la propuesta de los trescientos mil “nuevos espacios” tome en cuenta, exclusivamente, las proyecciones de crecimiento de matrícula en solo cinco de las instituciones del sistema público de educación superior: el Tecnológico Nacional de México, el Politécnico Nacional, las universidades Benito Juárez y las nuevas universidades Rosario Castellanos y de la Salud. Es decir, que no se tome en cuenta las posibilidades de ampliación del conjunto de instituciones públicas de educación superior del país: universidades autónomas, universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales, escuelas normales, sedes de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Abierta y a Distancia de México, entre otras. Tampoco se explica por qué las instituciones incluidas en el plan de los trescientos mil espacios adicionales sean “públicas y gratuitas”: hasta ahora ni el IPN ni el Tecnológico Nacional de México son instituciones gratuitas.
Regresando al proyecto del PND, en la sección titulada “Medición del progreso: indicadores de seguimiento”, se establece como meta de cobertura bruta para la educación superior alcanzar un nivel de cincuenta y cinco por ciento con respecto a la población en edad escolar típica de los estudios de licenciatura, es decir el rango de edad entre 18 y 22 años. La “línea base” para esa expectativa de crecimiento es la tasa actual 43.8 por ciento correspondiente al ciclo escolar 2023-2024. Es decir, el instrumento de planeación estima un crecimiento de 11.2 por ciento en materia de cobertura bruta del nivel. Para explorar la dimensión de esa meta conviene revisar los datos pertinentes.
En el presente la suma de inscritos en educación profesional (técnico superior universitario, licenciatura universitaria y tecnológica y educación normal) asciende a 4 millones 926 mil 166 personas, de las cuales 3 millones 227 mil 486 en IES públicas y 1 millón 757mil 866 en particulares. La proporción de matrícula en instituciones particulares representa 35.7 por ciento de la inscripción total lo que, dicho sea de paso, es el mayor nivel en la historia. Tómese en cuenta, además, que estas cifras engloban los servicios de educación superior profesional presencial y los correspondientes a las modalidades abierta y mixta.
Para estimar el volumen de matrícula requerido para alcanzar una cobertura bruta de 55 por ciento hay que considerar la estimación poblacional de jóvenes de 18 a 22 año hacia el 2030. Según las Proyecciones de Población Conapo, a mitad del año 2030 habrá 11 millones 135 mil 904 de jóvenes en ese rango de edad, casi cincuenta mil menos de los actuales. De esa cifra demográfica, el 55 por ciento se traduce en más de seis millones de matriculados (6 millones 124 mil 747.2) para alcanzar la meta enunciada. En otras palabras, el sistema (público y privado) necesita agregar más de un millón de nuevos espacios (1 millón 198 mil 581).
Suponiendo que se mantiene la proporción público-privado (65/35), entonces la necesidad de matrícula adicional en el sexenio, solo para el sector público, equivaldría a un total de 753 mil 600 nuevas plazas, o bien un crecimiento de 125 mil 600 por año. Ello, repetimos, si se quiere logar una tasa de cobertura de 55 por ciento y si se mantiene la actual proporción entre matrícula pública y privada.
Al considerar desafortunado el ofrecimiento de “trescientos mil nuevos espacios”, porque no toma en cuenta la dinámica del amplio y variado conjunto institucional del sector público, es de esperarse que el programa sectorial educativo amplíe la visión y precise los datos de matrícula requerida, y el correspondiente impacto presupuestal, para lograr el objetivo.
