Especialistas del CISAN de la UNAM; del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Los Ángeles, y de la Universidad Estatal de California, en Long Beach, analizaron esta problemática
En Estados Unidos como en Canadá son costosas las licencias para establecer un negocio de venta legal de marihuana y se privilegia a las grandes corporaciones, por lo que continúa la existencia de mercados ilegales, afirmaron los especialistas Aarón Díaz Mendiburo y Robert Chlala.
Al participar en el conversatorio “La industria de la cannabis y su fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá”, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, resaltaron que incluso hay compañías que operan en los dos ámbitos: tanto en el formal como en el ilegal.
Díaz Mendiburo, académico del CISAN, expuso que de acuerdo con el Global Cannabis Report, en 2019 se estimó que aproximadamente 263 millones de personas en el mundo eran consumidoras de esta planta. Ante ello, la industria “del oro verde” necesitó incrementar el número de empleados. Para 2020 se proyectaban 238 mil empleos, sólo en los lugares donde su consumo se ha legalizado.
En Canadá, por ejemplo, en 2018 se calculaba que existían cerca de 10 mil trabajadores en este sector, pero aumentarían hasta 150 mil en los años siguientes.
Una cantidad importante de ellos son temporales, quienes provienen de naciones como México, Guatemala y/o Jamaica, y enfrentan condiciones salariales y de vivienda precarias. Es una industria naciente, pero sin seguridad para sus trabajadores.
Otro porcentaje considerable llega como turista y trabaja en los campos de cultivo pensando que como en esa nación hay estados que legalizaron el uso recreativo y/o medicinal de la planta, los agricultores cuentan con licencia para sembrarla, pero no es así. “Gran parte sigue siendo ilegal, en términos jurídicos”, dijo.
En tanto, el profesor adscrito al Departamento de Sociología Urbana de la Universidad Estatal de California en Long Beach, Robert Chlala, comentó que en Estados Unidos se estima que hay cerca de medio millón de empleados en ese sector. En Los Ángeles podría haber aproximadamente 200 mil, pero no se sabe con certeza ya que no todos declaran laborar en este rubro, debido a que todavía existe mercado ilegal. En 2015, añadió, se estimaba que había cerca de dos mil dispensarios en esa ciudad, con cinco o seis personas trabajando en cada uno.
El encuentro a distancia fue moderado por la directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Los Ángeles, e investigadora del CISAN, Silvia Núñez García, quien se pronunció porque haya acercamiento entre México, Estados Unidos y Canadá para abordar las problemáticas en torno al mercado laboral de la cannabis, así como para trabajar por erradicar la estigmatización a quienes la consumen.
Díaz Mendiburo, doctor en antropología y quien estudia el tema de la responsabilidad social empresarial en la industria de la marihuana, agregó: hace falta transparencia en este sector de la economía, pues los trabajadores deben firmar acuerdos para no hablar acerca de su labor, por lo que las investigaciones suelen realizarse con personas que fueron despedidas.
El también documentalista compartió que estudia cómo las artes logran “deconstruir” el estigma en torno a que la cannabis genera violencia y la criminalización de grupos como los afrodescendientes, latinos y asiáticos.
Robert Chlala, también profesor visitante en la Universidad de California en Los Ángeles, aseveró que la línea entre lo formal e informal en este mercado es delgada, borrosa. Además, la policía efectúa “redadas” para cerrar tiendas que luego surgen en otros lugares, por lo que estimó que existen compañías que trabajan en “los dos mundos”: el legal e ilegal.
Asimismo, apuntó que en los vecindarios de alto poder adquisitivo no son bien vistos estos negocios y suelen cerrar pronto.
Luego de las pasadas elecciones intermedias en la Unión Americana, dijo, 21 estados aprobaron el uso recreativo de esta planta y 38 su utilización en el rubro medicinal. En Nueva York está la legislación más progresiva, mientras que en Florida son cinco grandes empresas las que controlan las licencias.
