La expansión de múltiples formas de violencias en nuestro país es la expresión de transformaciones profundas en el orden social desde hace por lo menos dos décadas. Los cambios en la economía y la política han acompañado la reconfiguración del plano simbólico y práctico de la sociedad. En un sentido amplio, la cultura de la violencia ha ganado terreno en las relaciones sociales, en los usos y costumbres de las poblaciones en distintas regiones del país, a pesar de las políticas sociales, la expansión educativa, los procesos de democratización política o la globalización de las economías locales.
El uso de la violencia como recurso de dominación e imposición hace mucho dejó de ser parte del monopolio de la violencia legítima del Estado. La emergencia de nuevas formas de la autoridad criminal en muchos pueblos y ciudades ha sido posible gracias al uso extendido de prácticas violentas en forma de tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, desapariciones o extorsiones. La violencia criminal es un tipo de violencia cualitativamente distinta a la violencia política, la violencia de género, la violencia escolar o la violencia económica, pero coexiste con ellas y, en más de un sentido, se ha “naturalizado”. Los miles de cadáveres enterrados en fosas clandestinas, las desapariciones cotidianas de jóvenes, los asesinatos por enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes en Sinaloa, Michoacán o Guanajuato son los registros habituales del “meridiano de sangre” (por utilizar el título de una novela de Cormac McCarthy) que domina amplias zonas del paisaje social mexicano contemporáneo.
Los hechos ocurridos el domingo 22 de febrero en Jalisco proporcionan una imagen exacta de los límites y potencialidades de la violencia criminal. Mientras autoridades y medios locales y nacionales trataban de explicar atropelladamente los hechos, confusión, temor y ansiedad fueron emociones que dominaron durante horas las vidas de millones de ciudadanos cuando en calles y carreteras ardían camiones y autos. Balaceras por aquí y por allá, humo por todos lados, hombres encapuchados armados con rifles y pistolas, helicópteros, sirenas, ambulancias y bomberos luchando por apagar los incendios, llamados de las autoridades para guardar la calma. Son algunas de las estampas dominicales de una historia larga y compleja.
La captura y muerte de El Mencho es el fin de una trayectoria y el comienzo de otras. Su figura y las organizaciones que dirigía representan las tropas de asalto de las violenciasque han ocupado el territorio nacional. Secuestros, homicidios, desapariciones de jóvenes, extorsiones, lavado de dinero, forman parte de las raíces torcidas del orden social mexicano desde el auge de la diversificación de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, que desde hace tiempo ya no se reducen sólo a eso.
Entre cenizas, sangre y escombros descansan las causas profundas del fenómeno. Decenas de comentaristas improvisados y profesionales se arrebatan la palabra para ofrecer lamentos, explicaciones y soluciones. El ruido mediático tampoco ayuda a disipar los silencios de la confusión. Las redes de autoridad de la violencia ilegal se confunden con las estructuras de la violencia legítima del Estado. Mesas de seguridad, soldados en las calles, alertas y códigos rojos se activaron para tratar de contener los efectos de la violencia entre los ciudadanos.
No obstante, el lenguaje de los hechos se impuso a la retórica gubernamental, alterando otra vez las rutinas y las certezas de miles de personas. Un virtual toque de queda fue el efecto práctico de la confusión y el miedo.
El contexto, como siempre, importa. El desarrollo de nuevas formas de inteligencia criminal descansa en el uso cotidiano y selectivo de la violencia como recurso e instrumento. El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Mencho Oseguera representan los puntos destacados de los mapas territoriales de la violencia homicida que coloca a las armas, el chantaje y la intimidación como monedas de uso legal en la república mafiosa. Narcos y secuestradores, sicarios y halcones, empresarios fantasmas y comerciantes instantáneos son las figuras destacadas de la nueva república. La inteligencia política, militar y policíaca ha palidecido frente a la capacidad de penetración de las redes criminales en el orden social cotidiano, donde bestias bifrontes que combinan las máscaras de la legalidad o la ilegalidad se mueven con naturalidad entre oficinas federales, estatales y municipales, pero también en las estructuras de la economía y de la vida pública de regiones urbanas y rurales.
Esa historia aguarda por ser relatada adecuadamente, sin moralinas ni actos de fe. Es una historia social, pero también una historia política. Entre las tierras raras de las violencias, la configuración de esos relatos esconde los secretos profundos de nuestros dilemas públicos, abismos sociales e incapacidades políticas. El efecto sociológico de la violencia criminal es la expansión de los comportamientos anómicos y la configuración de una suerte de pedagogía de la violencia que se retroalimenta de la debilidad de la autoridad del Estado y el desvanecimiento de las reglas básicas de la cohesión social.
En esas circunstancias, los llamados a construir una cultura de la paz son expresión de voluntarismo moral más que un esfuerzo político que pueda tener efectos prácticos en la reconstrucción de un orden social seguro y democrático. Las raíces de la violencia alimentan todo tipo de autoritarismos, lo que refuerza la propia lógica de las violencias en distintas escalas y gradaciones. Y eso no se puede combatir con llamados a la paz a través de rezos dominicales, conferencias matutinas u organización de cursos académicos. Estamos en presencia de una coyuntura que con el paso del tiempo y los acontecimientos, se ha endurecido en forma de una rígida estructura socioeconómica y política que se reproduce conforme a sus propias reglas y códigos de actuación.
