La Casa Rosalina define su postura ante denuncia penal en contra de rector y abogado general
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) sufre un hostigamiento y persecución política por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sinaloa, que derivó en amparos promovidos por consejeros universitarios y la propia institución, además una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ya que existe una denuncia penal en contra del rector y el abogado general de esta máxima casa de estudios, todo esto solo por defender la Autonomía Universitaria.
El pasado 1 de marzo entró en vigor la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que contiene artículos que vulneran flagrantemente la autonomía universitaria, por ello la UAS promovió amparos indirectos ante los Juzgados de Distrito del Estado de Sinaloa firmados por consejeros universitarios; desde ese momento las autoridades estatales, principalmente los legisladores, iniciaron una embestida mediática con denostaciones hacia la Universidad y su comunidad, buscando confundir a la opinión pública.
A lo anterior se sumaron medidas de la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Emma Félix Rivera, en las que intentaron iniciar una auditoría a los recursos propios de la universidad y se le demostró legalmente que no tienen facultades para ello, reaccionando con denuncias penales en contra del rector Jesús Madueña Molina y del abogado general de la institución, Robespierre Lizárraga Otero, mismas que difundieron por los medios de comunicación.
“Evidentemente se transgreden los derechos humanos del señor rector y del abogado general; todos estos elementos y situaciones evidencian una persecución política y hostigamiento político por parte de instituciones del estado hacia la Universidad”, enfatizó Lizárraga Otero.
Por todo ello, el rector y el abogado general presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por considerar que se vulneraron sus derechos humanos respecto al debido proceso y a la presunción de inocencia como producto de la defensa de la autonomía universitaria.
“Lo que sigue es esperar la actuación de la Comisión, que los amparos sigan su trámite y que la justicia y el derecho se impongan ante esta persecución política”, aseguró el abogado universitario quien hizo un llamado a la sociedad a que analice la situación y la Ley y se darán cuenta que esto es una cuestión de índole político ya que los jueces están dando razón a la UAS y las autoridades solo están quedando como “irresponsables”, pues en lugar de atender temas de violencia, salud, pobreza, de falta de obra pública, problemas de pescadores y agricultores, entre otros, están distraídos en un conflicto estéril.
Además de la denuncia por violación a los derechos humanos del rector y del abogado, se solicitó al organismo defensor que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.
Cabe destacar que los amparos promovidos por los consejeros universitarios recibieron suspensión definitiva respecto a los artículos 3ro párrafo tercero y cuarto, artículo 51 fracción octava y artículo 59 de la Ley de Educación Superior estatal, dichas suspensiones benefician también a la Universidad, quien también presentó amparo como institución, concediéndole asimismo suspensión definitiva.
La suspensión definitiva por parte del Juez Primero de Distrito se concedió para los siguientes efectos: se impida los efectos y consecuencias de los artículos impugnados; se le ordene al H. Congreso del Estado de Sinaloa que se abstenga de realizar cualquier convocatoria y organización de consulta a la comunidad universitaria con la teleología de modificar o reformar la Ley Orgánica de la UAS y se abstenga de emitir orden de comparecencia al rector; que el Congreso y demás autoridades se abstengan de obstaculizar la ministración de recursos a la Universidad y se les ordene que no emitan actos que afectan la vida interna universitaria, o denostar a la institución.
