La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), el órgano rector del sector en el actual sexenio, poco a poco ha restablecido algunas relaciones que la administración anterior cortó de tajo. Lo ilustran casos como el nuevo vínculo con las asociaciones científicas o los puentes de entendimiento con los jóvenes de lo que era el programa Cátedras Conacyt.
La Secihti ha dado un paso más: instaló lo que denominó la “Conferencia Nacional en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación” (CNCHTI) (Comunicado 15.07.2025). Una instancia que la ley de ciencia de 2002, hace más de dos décadas y casi con el mismo nombre, dispuso como mecanismo de coordinación entre el entonces Conacyt y las entidades federativas.
En el papel, la Conferencia permaneció vigente del año 2002 hasta mayo del año 2023, cuando la actual ley general de ciencia ya no la incluyó. La Conferencia tuvo responsabilidades limitadas, más o menos notorias conforme el ejecutivo estatal que la presidía o la resonancia de los asuntos en la Conago. ¿Recuerda esta última? La instancia que agrupaba a todos los gobernadores y que se activó en el sexenio de Vicente Fox.
Los mayores logros de la Conferencia fueron el impulso a la creación de los consejos estatales del sector o la expresión de opiniones sobre la integración del programa sectorial. No fueron irrelevantes, pero, poco, muy poco, hizo sobre la competencia de las entidades federativas en materia científica y tecnológica o en la delimitación de ámbitos de responsabilidad con la federación.
Ahora, de nueva cuenta, con un propósito similar, la autoridad instala la Conferencia para “articular la agenda federal y estatal”. Sin embargo, el organismo no está previsto en la norma actual. Lo que sí prevé es establecer regiones, conforme el criterio de la autoridad federal, y constituir un Comité Regional de Coordinación por cada región (artículo 28).
A la fecha, como muchos de los lineamientos establecidos en esa ley general, no hay noticia del número de regiones constituidas ni tampoco de la instauración de los comités. Lo hemos reiterado en este Acelerador de Partículas: la ley general vigente no solamente enfrenta una irresuelta acción de inconstitucionalidad desde hace más de dos años, también es impostergable su reforma
Entonces, ¿no tiene validez la Conferencia? Sí la tiene. Pero carece de personalidad jurídica, porque un nuevo organismo en la administración pública requiere un proceso legal amplio para establecer funciones y atribuciones que sean vinculatorias. A pesar de que la Ley Orgánica de la Administración Pública faculta a la Secihti para promover la coordinación y cooperación entre la federación y las entidades federativas (Artículo 38 Bis, fracción VIII), no tiene capacidad legal para decretar nuevos organismos.
No obstante, la Conferencia sí puede ser un mecanismo informal de interlocución entre la Secihti y las autoridades de los consejos estatales, como parece ser el caso. De hecho, el organismo intermediario y co-convocante de la Conferencia es la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt). Una asociación civil fundada al final de los años noventa que paulatinamente incorporó a todas las entidades federativas.
El comunicado conjunto de la Secihti y la Rednacecyt señala que suman “capacidades y redes territoriales al proyecto nacional de política científica y tecnológica”. Por cierto, alrededor de una decena de entidades no estuvieron presentes en la instalación de la Conferencia. Por lo pronto, señalaron tres puntos de acuerdo: la actualización y armonización de la ley general de ciencia, el Sistema Nacional de Posgrado y la ruta de foros regionales para “socializar el nuevo modelo del sistema”.
En fin, son evidentes las limitaciones de la actual ley general de ciencia para conducir la política del sector. Lo de menos es una actualización de la norma para reconocer que la cabeza del sector ya es una secretaría de Estado. El mayor problema, como lo hemos reiterado en este espacio, es la excesiva centralización que contiene y la inclusión del organismo rector de la política federal en una ley que es de orden general.
Tampoco es suficiente un retoque de armonización. En realidad, la reforma a la ley general requiere una reingeniería. Un marco normativo que permita la inclusión y la cooperación de los diferentes sectores de la comunidad, tanto como delimitar los ámbitos de competencia y responsabilidad de la federación y los estados. Imprescindible si se busca una gobernabilidad estable, legítima y fructífera en el sector.
Pie de página: Los recientes resultados del SNII tienen sus novedades: Álvarez-Buylla, la controvertida ex directora del Conahcyt, recibió el nombramiento de investigadora emérita; Alejandro Gertz Manero, el polémico Fiscal General de la República, conserva su nombramiento como investigador nacional, pero ya no en el nivel III, ahora es nivel I. // Alejandro González Iñárritu, el reconocido director de cine, ya es miembro de número en el prestigioso Colegio Nacional. // Viene una reforma más para la educación media superior: para el próximo mes de noviembre se anunciará el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato. // Pendientes.
