Con el arranque del año 2026, comenzaron a circular en la Deep Web capturas de pantalla y fragmentos de bases de datos presuntamente extraídas de más de 20 instituciones públicas del Gobierno Mexicano y dependencias estatales. El ataque fue atribuido y reconocido por el grupo de hackers conocido como Chronus, responsable de incidentes similares ocurridos anteriormente en entidades como San Luis Potosí y Coahuila, mencionó el Dr. Armando Reyna Ballesteros, coordinador de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de Cetys Universidad Campus Mexicali.
De acuerdo con el docente, este incidente representa uno de los eventos de ciberseguridad más relevantes de los últimos años, al comprometer datos sensibles de millones de ciudadanos y revelar vulnerabilidades críticas en la infraestructura digital del sector público.
Entre las instituciones afectadas se encuentran el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y diversas dependencias estatales de la Ciudad de México, Sonora y Querétaro. En el caso del SAT, los atacantes habrían extraído información de más de 100 mil contribuyentes. Para el IMSS, se reporta el robo de registros digitales asociados a pacientes, aunque sin detallar los campos específicos comprometidos.
Ante estos hechos, el Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, activó una investigación exhaustiva con la participación del Órgano Interno de Control, con el objetivo de esclarecer el origen del ataque, dimensionar su impacto y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). Entre las líneas de investigación se analizan posibles fallas en los sistemas de seguridad, vulnerabilidades tecnológicas, uso indebido de credenciales e incluso eventuales filtraciones internas.
“Con estos ataques a diversas instituciones mexicanas se manifiesta la urgencia de revisar y mejorar los mecanismos de seguridad y controles de acceso, así como aplicar los principios de Cero Impunidad en el servicio público en caso de demostrarse la colaboración de funcionarios y servidores públicos”, señaló el Dr. Reyna Ballesteros.
Finalmente, el académico destacó que este caso refuerza la importancia de formar profesionistas especializados en análisis de datos, ciberseguridad y gestión de riesgos digitales, áreas clave para proteger la información pública y garantizar la confianza de los ciudadanos en la transformación digital del país.
