Refundar el sistema de evaluación y acreditación implica una labor en varios niveles a largo plazo
Desde marzo 2022, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en la Ciudad de México (Coepes-Cdmx) se dedicó, entre otras tareas, a reestructurar los procedimientos de evaluación y acreditación de la educación superior. La subcomisión, encargada de la encomienda, fue integrada por representantes nombrados por instituciones, públicas y privadas, asentadas en la capital del país. El 7 de septiembre 2023, la Coepes-Cdmx y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), concurrentemente con otras dependencias, convocaron un Foro “para documentar el diseño de la política de evaluación y acreditación de la Ciudadde México” y difundir los avances correspondientes a su primera etapa de actividades.
Con base en una alineación sobre los documentos oficiales concernientes a la educación superior, publicados por la SEP, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Seaes) y demás instancias, la subcomisión presentó su metodología, con base en siete criterios transversales: responsabilidad social, equidad (social y de género), inclusión, excelencia, vanguardia educativa, innovación social e interculturalidad.
Con el propósito de usar esos criterios para reconfigurar el dispositivo, los integrantes de la subcomisión propusieron definiciones operativas de cada uno. Presentaron prácticas implementadas por sus instituciones de afiliación. Aunque las exposiciones, por su brevedad, no pudieron evidenciar la riqueza y variedad de las experiencias recopiladas, mostraron que las IES estaban dispuestas a hacerse cargo de esas temáticas. Compartían, además, rutas de acción convergentes.
Los especialistas señalaron no obstante que sus alcances se entrecruzaban con los de programas paralelos de inclusión o de interculturalidad. Indicaron que, en su mayoría, las intervenciones estaban enfocadas a incrementar los porcentajes de admisión e índices de retención y egreso de los estudiantes en riesgo de deserción. En contraste, pocas promovían la equidad entre docentes, investigadores o administrativos o documentaban sistemáticamente insumos y productos.
Acorde con las funciones que de-sempeñaban en el sistema de educación superior (investigación, formación, vinculación) y su vocación (atención total a la demanda, producción de conocimientos científicos, entrenamiento de recursos humanos de alto nivel), los establecimientos privilegiaron ciertas intervenciones. Sobresalen las de captación de la matricula en las escuelas de nivel medio superior (orientación vocacional, difusión de oportunidades), de nivelación pedagógica (tutorías, semestres cero, cursos remediales), de provisión de servicios (becas, acompañamiento para solicitar servicios de bienestar, instancias de defensoría), de reordenamiento normativo (suscripción de protocolos, adecuaciones reglamentarias) o de investigaciones especializadas (sobre equidad o inclusión, aprendizajes e incorporación de saberes).
En mi opinión, el listado anterior revela que, además de completar el recuento de prácticas para sugerir indicadores adicionales y concertarlos (objetivos principales del Foro), la subcomisión debería identificar principios éticos, valores, dimensiones referenciales y modalidades organizativas para legitimar un dispositivo de aseguramiento de calidad diferente del estructurado durante las pasadas tres décadas, si pretende contribuir a alcanzar los paradigmas de ruptura epistémica y de mejoramiento institucional continuo, promocionados por el Seaes y el Conaces.
Para ello, sería relevante que la política de evaluación y acreditación haga de la segmentación de las IES respecto de sus propósitos, estatutos, esquemas de conducción, recursos y actores uno de sus pilares. En consecuencia, debería ofrecer un amplio portafolio de indicadores, regulado por mínimos exigibles, para permitir a las instituciones recurrir a los más pertinentes, en función de su contexto. Esto serviría para concretar valores- co-diseño y coparticipación-, más allá de su enunciación retórica.
La selección “autónoma” por parte de las IES de cómo argumentar y demostrar su calidad ayudaría a dar cabida a sus peculiaridades, una cuestión desatendida hasta ahora. Permitiría superar las brechas entre un sistema de aseguramiento fundamentado en preconizaciones transversales y las pautas diferenciadas de consolidación prevalecientes en los establecimientos. Demostraría un compromiso gubernamental en pro del respecto a las identidades institucionales. Contribuiría, en suma, a apreciar parejo distintas formas de suministrar una atención educativa, arraigada local- e institucionalmente.
En conclusión, refundar el sistema de evaluación y acreditación implica trabajar a largo plazo y en varios niveles, involucrar especialistas con prestigio , atender cuestiones éticas y desligar las dinámicas y decisiones de imposiciones burocráticas o políticas. Si no se cumplen esas condiciones, el sistema enfrentará los costos de un proceso superficial de reingeniería, en un momento en el que proveer servicios educativos de calidad para todos es un compromiso global para “reinventar” los inciertos “ futuros” de la educación superior.
