El sistema de educación superior de las fuerzas armadas/ I
El sistema de educación superior de las fuerzas armadas/ II: La educación superior naval
Durante la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) tuvo lugar una notable expansión, orgánica y funcional, de las fuerzas armadas. Debido a la adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, los elementos bajo su mando se incrementaron en más de noventa mil efectivos. La fuerza naval pasó de aproximadamente sesenta y cinco mil efectivos a más de ochenta mil al cierre del sexenio. Esta pauta, justificada por el gobierno mediante argumentos de refuerzo a la seguridad interior, tuvo como un primer correlato el incremento sostenido del presupuesto destinado a las fuerzas armadas. Se estima que el gasto público destinado a la Sedena, Marina y Guardia Nacional se incrementó en ciento cincuenta por ciento en el lapso sexenal.
López Obrador empoderó a la Marina entregándole, a partir de 2020, el control de puertos, aduanas marítimas e interiores, así como la administración de diversos proyectos turísticos. Además, promovió que la fuerza naval participara, como ejército de tierra, en labores de seguridad pública y en tareas de contención migratoria. Asimismo, junto con el ejército, en labores relacionadas con seguridad y operación de varias de las obras emblemáticas del sexenio, como la refinería de Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre otras.
En junio de 2020 se publicó un paquete de reformas relacionadas con la operación de la Semar. Los cambios normativos afectaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos. El sentido de los cambios normativos fue trasladar el control y la administración portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. La reforma establece a la Semar en calidad de exclusiva autoridad marítima nacional, con lo cual se reunifica, en esta dependencia gubernamental, el control de la fuerza naval y la regulación operativa de la marina mercante en su conjunto.
La Ley de Navegación y Comercio Marítimos reformada en 2020 traslada de la SCT a la Semar las atribuciones de planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua; de la Marina Mercante y de los puertos nacionales, y también la encomienda de “Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante, así como otorgar certificados de competencia en los términos de esta Ley y su Reglamento; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso” (artículo 8, fracción VIII).
En el presente existen tres escuelas náuticas mercantes de carácter público y que ofrecen estudios superiores: la Escuela Náutica Mercante de Mazatán “Cap. Alt. Antonio Gómez Maque”; la Escuela Náutica Mercante de Tampico (Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego” y la “Escuela Náutica Mercante de Veracruz “Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres”.
Los recursos para el sostenimiento y la administración de estas instituciones provienen de un fideicomiso que fue establecido en 1972 por el presidente Luis Echeverría Álvarez, designado “Fideicomiso para la reestructuración y funcionamiento de las escuelas náuticas de Mazatlán, Tampico y Veracruz”. Gracias a este recurso, en 1973 fue adquirido el buque Monte Anaga, construido en España en 1959, para utilizarse como buque escuela con el nombre “Primero de Junio”. Ese primer buque escuela tuvo corta vida, fue descartado en 1980 y sustituido por un segundo navío: el “Náuticas México”, construido en los Países Bajos a pedido del gobierno de nuestro país. En 1983 el fideicomiso cambió de nombre y estructura. A partir de esa fecha fue denominado “Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional”; el principal cambio consistió en la alineación de los programas de estudio a las normas estipuladas en el Convenio Internacional de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) y sus actualizaciones. Con el traspaso de control de marina mercante de la SCT a la Semar, el fideicomiso fue renombrado “Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México” (2022).
El buque escuela “Náuticas México” fue dado de baja en 2004 y posteriormente subastado como chatarra. A partir de ese momento, las escuelas náuticas mercantes se quedaron sin ese importante insumo para la formación de los estudiantes. Se ha anunciado la construcción de un reemplazo, que llevaría por nombre “Náuticas México II”, aunque esta posibilidad no se ha concretado.
Aparte de la carencia de un nuevo buque escuela, hay tres aspectos que vale la pena anotar. Uno es la probable disminución de matrícula en las tres instituciones. Según registros de Anuies, en el ciclo escolar 2015-2016, la población escolar ascendía a 2 mil 29 estudiantes, de los cuales 718 en Veracruz, 656 en Mazatlán y 655 en Tampico. Al inicio de la gestión de López Obrador la matrícula total sumaba mil 670 estudiantes y en el último registro (ciclo 2024-2025) solo 807 alumnos. Si los datos de Anuies, basados en el formato 911 de la SEP, son correctos, ¿cómo se explica tan notoria disminución de la población estudiantil? Un segundo aspecto se relaciona con los recursos del fideicomiso. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, el Fidena cuenta con un remanente que supera los mil millones de pesos, cifra extraordinaria a la vista de la serie histórica del mismo. ¿Esa es la cantidad apartada para la adquisición del nuevo buque escuela? Esperemos que así sea.
Por último: si las escuelas náuticas mercantes son públicas, ¿cómo se explica el alto costo de inscripción y matrícula prevaleciente? En la actualidad, los estudiantes deben cubrir una aportación única de 2 mil 51 pesos, una inscripción semestral de mil 327 pesos y un pago semestral de 22 mil 045 pesos. ¿No quedamos en que la educación superior pública iba a ser gratuita?
