El mecanismo de gobernanza del sistema científico nacional no ha sido el mejor durante las últimas dos décadas
El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) está en la cúspide de las decisiones del sistema científico nacional. Un órgano encabezado por el presidente de la República e integrado por secretarios de Estado. Sin embargo, a pesar del alto nivel de sus consejeros, desde su instalación no ha dado los resultados que se esperaban ni funciona conforme sus normas. No sucedió antes, tampoco ocurre hoy y tal vez no lo hará en el futuro.
La última vez que supimos del Consejo General, en este periodo de gobierno, fue en diciembre del año 2020, cuando la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, dijo que se habían celebrado el mismo día dos sesiones ordinarias. Los principales asuntos abordados, según se dijo oficialmente, fue la presentación de un Plan Estratégico para el periodo, el informe general de ese año, el Programa Especial (Peciti) y el anteproyecto de ley general para el sector (Comunicado 194. 14.12.2020).
Lo sorprendente es que el Peciti entró en vigor un año después, o sea, en diciembre del 2021. Y el anteproyecto de ley, a estas alturas, tras dos años de presentado, sigue en el cajón de los trámites. ¿Qué se dijo sobre la ley en la sesión del Consejo General en diciembre del año 2020?
Más o menos lo que también se había dicho en el 2019: un proyecto generoso, humanista, resultado de una amplia consulta y aprobado por consenso. Los números que entonces se manejaron fueron de 287 foros de consulta, otro tanto de propuestas recibidas en su plataforma y casi dos centenares de cuestionarios respondidos. Sin embargo, grupos del sector dijeron que se faltaba a la verdad, porque la consulta no había sido amplia y la iniciativa no recogía la pluralidad de la comunidad y, como si nada, todo quedó igual.
¿Qué ocurrió en la sesión del Consejo General de este 6 de diciembre? Algo parecido a lo del 2020: logros que se han reiterado en distintas oportunidades, como la entrega de 128 mil apoyos, la instauración de un Sistema Nacional de Posgrados que no es un sistema o la reestructuración del Sistema Nacional de Investigadores. Temas que hemos analizado en este Acelerador de Partículas.
Sobre el proyecto de ley, otra vez, aunque ahora de forma más breve quedó anotado: “El Conacyt sometió dicho proyecto de ley a una amplia discusión en diversos espacios de participación y consulta de la comunidad científica, académica y de tecnología e innovación, así como de distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF). Para su elaboración fueron tomadas en cuenta 49 iniciativas de ley en México, así como centenares de estudios legislativos en la materia que robustecen los fundamentos del proyecto” (Comunicado 335 06.12.2022). O sea, dos años después, estamos más o menos, en el mismo punto.
Volvamos al papel del Consejo General. Un órgano previsto en la norma desde hace 20 años y, como dijimos, la máxima instancia de la política sectorial. La propuesta de ponerlo en marcha fue del gobierno federal, aunque la iniciativa original era que solamente estuviera integrado por el ejecutivo federal y nueve secretarios de Estado. No obstante, los legisladores de entonces modificaron la propuesta e incluyeron la participación de la persona titular del Conacyt, la coordinación del Foro Consultivo y cuatro representantes de la comunidad científica y empresarial. Así quedó en la ley de ciencia del 2002.
Lo sobresaliente de aquella iniciativa, seguramente acicateada por miembros influyentes de la comunidad científica de aquellos años y acaso más reveladora de la impronta presidencialista de la cultura política que sigue vigente, es que el ejecutivo federal y miembros del gabinete debían estar a la cabeza de las decisiones en el sector. Por eso, el Consejo es presidido por el titular del poder ejecutivo federal.
La gobernanza del sistema quedaba en manos del presidente de la República, lo cual cabría suponer, aseguraba que los discursos o las intenciones para el sector se convirtieran en realidades. De ahí la docena de facultades que tiene el Consejo General. El problema fue que no funcionó como estaba previsto; operativa y políticamente parece irrelevante.
Según la norma, el Consejo debe sesionar de forma ordinaria, por lo menos, dos veces al año y de forma extraordinaria cuando su presidente, o sea el ejecutivo federal, lo estime pertinente. No obstante, solamente en su primer año sesionó conforme a la regla, los siguientes 18 o 19 años ha sido más bien regido por el azar, el interés o la agenda del presidente. No importa si el Peciti debe esperar, las prioridades en el presupuesto no se definen o se pospone la entrega de algún premio.
Al inicio las sesiones eran numeradas y algunas actas del Consejo se hicieron del dominio público. Actualmente no solo se incumple con la cantidad de sesiones, tampoco se sabe su secuencia o registro. Por supuesto, ni hablar de publicar las actas de las sesiones y de su composición, pues… por ahí, en algún comunicado aparecerán los nombres.
Entonces, el mecanismo de gobernanza del sistema no ha sido el mejor, así sean ejecutivos federales fuertes, débiles o de un partido o de otro –los últimos 20 años los presidentes han sido de tres diferentes partidos. Frente a la eventual discusión de una nueva ley general para el sector que propone un órgano similar, vale la pena poner el tema sobre la mesa.
Pie de página. El Comunicado 337 del Conacyt publicado este 11 de diciembre para acatar una resolución judicial es un buen ejemplo del lenguaje de los tribunales. Ahí podrá ver cómo hacer casi ininteligible algo que no lo amerita.
