Educación superior: rezagos y oportunidades / I

“Las políticas públicas para el desarrollo de la educación superior tienen un valor estratégico en el mundo de hoy”. Con esta frase, Enrique Cabrero y Carlos Iván Moreno abren la presentación del libro que, con el título El futuro de la política de educación en México. Los rezagos y las oportunidades, ha sido publicado el pasado mes de mayo por la Universidad de Guadalajara. La obra reúne los trabajos de una docena de investigadores y estudiosos de esa temática que está llamada a ser un valioso insumo para las tareas que le esperan al nuevo gobierno federal.

Cuando los coordinadores aluden a ese “valor estratégico” están remarcando el doble papel que, tradicionalmente, esas políticas han jugado: el de la importancia de contar con capital humano altamente calificado dentro de la economía y sociedad mexicanas, así como el valor político, relacionado con la formación de una “ciudadanía informada, creativa y crítica”. A manera de diagnóstico, identifican lo que llaman “rezagos muy evidentes”: a) una infraestructura institucional muy débil; b) una comunidad académica muy reducida; c) una inversión pública y privada insuficientes. De ahí que la política pública que se establezca, con el carácter de una agenda prioritaria, debería referirse a esos tres aspectos. Se trata de que la educación superior “sea, efectivamente, una herramienta estratégica para el desarrollo nacional”.

De la docena de trabajos incluidos en el libro, y como una primera parte de esta reseña, aquí se han elegido tres de esos textos que permiten conocer los problemas básicos que confronta la educación superior del país, así como las principales propuestas que podrían integrarse dentro del elenco de una futura política pública en esta materia. En otros momentos se abordarán los nueve trabajos restantes.

Los tres trabajos o ensayos de ahora son los de Tonatiuh Bravo Padilla (“20 propuestas de gobierno para el gobierno de México 2024-2030”), Carlos Iván Moreno y Diego Cedillo (“La educación superior de México en su encrucijada: apostar por lo público desde la insuficiente inversión. Escenarios y alternativas de política pública”), y Adrián Acosta (“Un futuro posible. Regulación, gobernanza y autonomía”). Independientemente de las temáticas específicas allí incluidas, los tres trabajos contienen propuestas coincidentes, las cuales hacen evidente la urgencia para que sean consideradas e implantadas en un orden de prioridades nacionales. Las principales son las siguientes: a) convocar e integrar un gran Acuerdo Nacional en ese tipo educativo; b) restablecer los llamados “fondos extraordinarios” que permitieron atender específicamente algunas de las urgencias de las IES así como del sistema en su conjunto; c) avanzar, efectivamente, en la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, inscrita constitucionalmente desde 2019; d) en consonancia, establecer el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior.

Por lo que se refiere al texto de Bravo Padilla, su argumentación tiene como sustento lo que él establece como una premisa central: “No habrá desarrollo social o económico, mucho menos democracia plena, si no colocamos a la educación superior en el centro de las prioridades nacionales”. Además. con base en el Quinto Informe del presidente López Obrador, menciona el bajo nivel que tiene la cobertura educativa en el tipo superior (43.5 por ciento, distante del 54 por ciento al promedio de América Latina). Al igual que enfatiza la importancia de invertir en ese nivel educativo y sus efectos en el ámbito social: tasas de criminalidad más baja, mayor calidad en la vida cívica y, sobre todo, lograr una cohesión social y aprecio por la diversidad. En síntesis, como lo dice el autor, un mayor bienestar social.

A partir de lo anterior, las propuestas específicas principales son: a) integrar en una nueva secretaría a la educación superior, las humanidades, así como la ciencia y la tecnología. En pocas palabras: integrar al actual Conhacyt en los que ahora se contiene en la Subsecretaría de Educación Superior; b) establecer un modelo que dé certeza presupuestal a las IES; c) reintegrar la representación de IES y organizaciones académicas dentro de los órganos directivos de la ciencia y la tecnología nacionales, actualmente excluidos dentro de la Ley que estableció al Conhacyt; c) otorgar un mayor peso y apoyo a la educación tecnológica; d) propiciar una mayor interacción y colaboración entre las IES del país, especialmente con todo el subsistema de normales, así como con las Universidades Interculturales y de Apoyo Solidario.

Por lo que corresponde al ensayo de Moreno y Cedillo, al referirse al tema del rezago, le otorgan una característica ya histórica, que se expresa básicamente en dos aspectos: inversión o financiamiento, así como en el acceso de estudiantes a este nivel educativo. Se destaca que ambos aspectos ya se constituyen como un derecho humano desde 2019, sin que éste, a cinco años de distancia, adquiera vigencia. Entre las realidades condicionantes de ese conjunto están las referentes a la escasez de recursos fiscales para un financiamiento adecuado de las IES, manifestado en dos indicadores elementales: el sector acumula una disminución real de 15 por ciento en las asignaciones federales entre 2015 y 2024. No obstante ello: a) “Las IES han mantenido su compromiso de incremento de matrícula; b) se ha llegado a la más baja inversión de costo por alumno, situada en 63 mil pesos anuales, por lo que corresponde a lo que va del sexenio, frente a los 105 mil de la época del presidente Calderón, o los 95 mil del presidente Peña.

Entre las propuestas específicas de ambos autores están: a) financiar de mejor manera a las IES ya existentes antes que crear nuevas; b) vincular o condicionar el financiamiento al crecimiento de la matrícula; c) establecer mecanismos innovadores de recaudación fiscal etiquetados para la educación superior; d) incentivar a las entidades federativas con la finalidad de que tengan “un rol más activo en el financiamiento y desarrollo de las IES; e) propiciar que los incrementos de matrícula se orienten cada vez más por estimular la educación digital y en línea.

En lo tocante al texto de Adrián Acosta, este resume la principal falla de las políticas instrumentadas en lo que denomina el pasado reciente (2012-2024): no han podido “resolver satisfactoriamente los rezagos acumulados en el sistema”. Inclusive, esta situación se extiende a que tampoco fueron atendidos los desafíos emergentes manifestados en ese mismo periodo y, en tal circunstancia, se alude también a las oportunidades perdidas. Las políticas públicas han generado lo que considera “tres efectos sistémicos”: a) sobrerregulación de lo público y sub-regulación de lo privado; b) el desplazamiento de las universidades públicas autónomas como centro de esas políticas y c) la ampliación en las brechas de desigualdad y calidad en el SES.

Entre las propuestas que formula Acosta se cuentan las siguientes: a) llevar adelante lo establecido, en 2021 por la Ley General de Educación Superior, pero incluyendo ahora algunas reformas que permitan modificar lo referente a órganos de gobierno y gobernanza (fortalecer la participación de los actores académicos y representación de las IES, tanto las públicas como las privadas); b) también, en materia de gobernanza, establecer una agencia o entidad para el desarrollo de la educación superior con una naturaleza de autonomía y “capacidades institucionales claramente definidas; c) esa nueva gobernanza tendría como eje las políticas centradas en la evaluación de la calidad de los aprendizajes, así como la vinculación e impacto de la educación superior en distintos territorios y poblaciones; c) disponer de un sistema de información estable, tal como ya está, por lo menos, apuntado en la Ley General de Educación Superior.

Comentarios:
A diferencia de los sexenios que vienen desde 1934, el equipo de transición del nuevo gobierno dispondrá de un plazo menor (cuatro meses) para arrancar actividades. Como se ha reiterado en este espacio, los documentos básicos de campaña, contenidos en los Diálogos Nacionales por la Transformación (Anuies, Universidad de Guadalajara, UNAM), o en los 100 Pasos para la Transformación, carecieron en lo fundamental de diagnósticos sobre la situación que priva en la educación superior, empero ya incluían algunas propuestas relevantes. Dada la situación del sector, y no obstante la limitación en materia de financiamiento (por lo menos para 2025), será indispensable echar a andar de inmediato algunas de aquellas que no impliquen desembolso económico. Los plazos para contar con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial pueden ser muy largos para las urgencias ya detectadas. A este respecto sería importante considerar el Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024, el cual se dio a conocer en diciembre pasado, por parte del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) y la SEP, y que constituye un valioso insumo para el arranque del nuevo gobierno.

Del conjunto de propuestas contenidas en el libro, y no sólo de los tres autores ya abordados, hay una porción de lo que se ha venido reiterando desde 1978, año en el cual la SEP y Anuies elaboraron conjuntamente un Plan Nacional en la materia. Ha pasado medio siglo y algunas propuestas no se instrumentaron, otras desaparecieron y un buen número de estas vuelven a consignarse periódicamente en cada sexenio. Se requerirá que el equipo de transición, y luego el que conduzca las consultas que organicen la SEP y el Conhacyt para la fijación del Plan Nacional de Desarrollo y los respectivos programas sectoriales, realicen una “criba” de aquellas propuestas que estén en consonancia con las nuevas circunstancias del país y las disponibilidades presupuestales.

Una de las propuestas que ahora reaparecen y que tienen una importancia mayor es la relacionada con el financiamiento. Si este corresponde a una obligación del Estado mexicano, será indispensable una readecuación de aportaciones entre federación y entidades federativas. Una materia que pasa por el sistema tributario nacional.

En los tres trabajos reseñados, pero también en la mayoría de los nueve restantes se contiene muy buena y actualizada información estadística, misma que sería muy útil para las decisiones que deban adoptarse en las IES y en el conjunto del sistema de Educación Superior.

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