En 2025-2026, México contaba con casi medio millón de académicos a nivel superior, aunque las cifras fuesen variables, según las fuentes y los criterios de cálculo. En su mayoría, esos académicos laboraban en el sistema público, cuya predominancia, como cuna de la profesión, se está erosionando lentamente. Sus condiciones de trabajo eran heterogéneas, pese a múltiples programas de fidelización, de elevación de los ingresos y de formación, inicial o continua.
Sin meterse en temas candentes, como los sistemas de retribución salarial o las condiciones de jubilación, es de señalar que la plantilla con contratos de tiempo completo (TC) era minoritaria respecto de la de tiempo parcial y por horas. Las proporciones de los TC respecto de los totales variaban entonces considerablemente por sector y subsector, con diferencias notorias en función de las áreas de afiliación y de las instituciones. Como ocurre para casi cualquier asunto, las condiciones de empleo de los académicos eran mejor conocidas en las universidades, públicas y privadas consolidadas y en algunos establecimientos tecnológicos, que en los demás. Esa diferencia era principalmente acentuada en los dedicados al desarrollo local y a la justicia social, versus los que intentaban posicionarse competitivamente en un campo académico-disciplinario globalizado.
Muchos colegas advirtieron, desde el siglo pasado, que los abundantes y diversos programas de profesionalización, operados continuamente por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología, (Conacyt), la secretaria de Educación Pública (SEP) fueron relevantes respecto de algunos perfiles pero insuficientes para la profesión. Indicaron en efecto que los docentes o investigadores dedicados a llevar a cabo una trayectoria ascendente en una sola institución (o en unas pocas) atrajeron una atención excesiva, opacando las problemáticas de los demás. Eso, aunque representan un porcentaje limitado del universo de académicos en activo.
En contraste, escasean los balances de situación sobre los otros (los docentes taxis u cualquier otro mote despectivo que les sea adjudicado). Esos laboran en condiciones de precariedad, en una o varias instituciones. Suelen carecer de posibilidades de alcanzar un estatuto estable; tampoco cuentan con condiciones de profesionalización adecuadas. Su relevancia, como sujetos a estudiar sociológica y políticamente, de por si escasa, disminuyó todavía más por la constante segmentación del sistema de educación superior público, debido a la expansión acelerada, en fechas recientes, de nuevas instituciones.
A consecuencia de esa atomización de la oferta institucional, se cuenta con poca información sobre la situación ocupacional de los académicos en establecimientos de tipo local con vocación solidaria hacia la población vulnerable o en las instituciones que asumen propósitos de inclusión de grupos poblacionales focalizados (los afrodescendientes en la Universidad Politécnica Intercultural afrodescendiente de Oaxaca o los migrantes en la Universidad Intercultural de Baja California, por ejemplo). Todas, así como muchas instituciones virtuales, representan circuitos de profesionalización ignotos. A duras penas, se encuentran datos, por cierto no muy confiables, sobre cuántos académicos han contratado, en un corte temporal dado, pero casi ninguno sobre quiénes son, cuáles son sus identidades, y cuáles son las ventajas y problemas del modelo de “carrera académica” por el que transitan.
Se ignora igualmente si los cursos de capacitación que reciben esos docentes para llevar a la práctica proyectos de formación presentados como innovadores y atender en sus peculiaridades a los estudiantes “pioneros” son suficientes y pertinentes.
Otra ilustración de las fallas en los saberes sobre la profesión docente es el desconocimiento de la situación actual de los postdoctorantes. Pese a haber sido y ser todavía destinatarios de programas importantes de becas, orientados a facilitar su incorporación al mundo científico mexicano, se desconoce la composición de ese conjunto y cómo se insertan sus integrantes en las instituciones receptoras. No se conocen sus porcentajes ulteriores de acceso a puestos académicos o administrativos con definitividad ni los beneficios que tanto los equipos de acogida como los establecimientos huéspedes han sacado de su incorporación temporal previa.
Por ende, aunque sospechamos que está produciéndose una reconfiguración de la profesión docente, los datos sólo permiten conocer la parte visible del iceberg. Urge, a consecuencia, empezar a documentar las condiciones contractuales de los académicos, en general y, en particular, explorar las que les proponen los establecimientos proclives a recibir grupos estudiantiles con requerimientos distintos a los expresados por los herederos.
Considerando lo anterior, partimos de la premisa que las condiciones de éxito de instituciones no tradicionales no sólo dependen de sus capacidades de captar a estudiantes en riesgo, sino de atraer a profesores entrenados para desempeñar las tareas atribuidas de nivelación y de retención de alumnos susceptibles de suspender sus estudios: en ese marco, la cátedra Unesco-Cinvestav sobre Globalización y Educación está procurando revisar la suficiencia de los datos estadísticos sobre los académicos y los candidatos a la profesión docente de nivel superior, por categoría de reclutamiento y por sector de adscripción. Su intención es proponer una visión articulada sobre la variabilidad de sus situaciones, contrastando sus expectativas y sus condiciones de ejercicio laboral.
