Desde mitades de mayo 2020, en los discursos de política educativa, abundan las referencias a la “nueva” normalidad. Se ignora cuándo ocurrirá en el ámbito educativo: las fechas anunciadas para la reapertura escalonada de los establecimientos escolares son referenciales, dependiendo su cumplimiento del debilitamiento de los contagios producidos por la covid-19.
Lo que sí se vislumbra es que, en educación superior, esa reapertura no será sinónimo de normalidad y menos de un “regreso a la nueva normalidad”. No sólo porque es imposible regresar a lo nuevo (ni viajar a la semilla, salvo en la novela de Alejo Carpentier), sino, sobre todo, porque no habrá normalidad, por lo menos en un sector importante de establecimientos públicos, pero no autónomos.
Durante la contingencia, esos sufrieron embates, financieros y académicos que afectan su posibilidad de mantener sus condiciones previas de funcionamiento cotidiano. Erosionan su estatuto y su representación social como espacios de congregación de docentes y científicos para la producción y la transmisión de conocimientos.
En lo financiero, la decisión de extinguir los fideicomisos, so pretexto de transparencia, generó inconformidad, no sólo en educación superior y ciencia sino en los otros ámbitos afectados (deportes, arte, prevención de desastres, etcétera).
Los especialistas señalaron que los recursos distribuidos mediante esos mecanismos están sujetos a reglas y a fiscalización, por lo que no procedían las acusaciones de malversación de fondos ni de opacidad. Las movilizaciones de artistas y cineastas lograron una suspensión de la medida. Pero, cual espada de Damocles, el Decreto del 2 de abril 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no ha sido cancelado. Se trata de un retiro momentáneo, no de una solución negociada.
No se sabe todavía a ciencia cierta si la instrucción de Hacienda que los CPI, el TecNM, el Cinvestav y demás instituciones reduzcan en un 75 por ciento las partidas 2000 y 3000 de sus presupuestos de operación será removida para el conjunto de los establecimientos concernidos. Por lo pronto, acentúa su vulnerabilidad presupuestal y las incertidumbres sobre las condiciones laborales de su plantilla.
Su aplicación de tajo no sólo perturbará las actividades de enseñanza, investigación y difusión, sino las administrativas y debilitará las capacidades de pago a proveedores. Hay señales esperanzadoras de que las negociaciones de los directivos de las instituciones con sus contrapartes en el gobierno lleguen a buen término. El director del CIDE anunció en twitter, el 1ero de junio, que su centro quedaba logrado una exención ante esa medida. Al día 2, se espera la generalización de dicha exención a todas las demás instituciones.
En lo académico, también la mata sigue dando. Bajo amenaza de rescisión de contrato, Hacienda pretende obligar a los investigadores de varias instituciones públicas (no autónomas) a presentar una declaración patrimonial completa (de sus bienes personales y de sus familiares directos), debido a la sectorialización de su establecimiento de afiliación.
Lo anterior expresa, además de una negación de su identidad referencial (cifrada en los colectivos académicos y científicos), un desconocimiento de sus condiciones contractuales. Los académicos sólo cobran sueldos y prestaciones. Cualquier solicitud de ejercicio de fondos fiscales o propios (otorgados por agencias externas a su institución) está sujeta a una anuencia administrativa y a auditorias finales.
En suma, si ellos alcanzan algún nivel de bienestar o de “enriquecimiento”, ese no proviene del uso indebido de recursos públicos, sino de determinantes personales. La medida es, por ende, inútil en cuanto a lucha contra la corrupción. Eso sí, agrava el malestar de los integrantes de la profesión.
Explica sus demandas de que Declaranet incluya en su lista de profesiones la de académicos. Paradójicamente, en efecto, la plataforma no la ha insertado en sus categorías laborales, creando confusión sobre su equiparación in absentia con puestos administrativos de mediano y alto nivel (de sub-jefaturas para arriba).
Esa ofensiva ha causado alarma en lo institucional y en lo personal. Ante un escenario marcado por una caída de recursos de los establecimientos y el desconocimiento o la descalificación del trabajo científico, es probable que, después de la pandemia, no nos espere ninguna normalidad, cualesquiera que sean sus adjetivos, en la educación superior.
Después de consultas legales, sindicatos, redes y colectivos universitarios están procurando encontrar alternativas. Una es presentar amparos. Otras son organizar protestas, por lo pronto virtuales y coaliciones interinstitucionales de defensa sectorial.
Se acerca, al parecer, un tiempo de turbulencias (para no utilizar el oxímoron de normalidad anómala). No será propicio a la producción de saberes o a la reconstrucción de una cohesión social, ambas supuestamente indispensables para una salida de crisis orientada a minimizar daños. Esperemos que se enderece el rumbo, porque el desgaste acumulado ha sido excesivo.
