La Ley General de Educación Superior (LGES), instituida el 20 de abril de 2021, abrió oportunidades de renovación del sistema nacional en varios frentes y aspectos. Uno de ellos es la aplicación de la vertiente federalista en el ámbito de la educación superior al facultar a las entidades federativas a establecer, coordinar, planificar, evaluar y contribuir al desarrollo de los sistemas locales. También para la creación de su propia normativa de educación superior, de conformidad con lo establecido en la norma general, o bien de armonizar las leyes estales de educación con la norma general. No menos importante, la norma fijó nuevas obligaciones a la autoridad federal en el sector, mismas que, de cumplirse, habrán de fincar bases para la construcción de políticas educativas concertadas y para la instrumentación de nuevos sistemas y mecanismos orientados a la mejora. Es el caso del sistema de evaluación y acreditación previsto, del sistema nacional de información y de los mandatos para crear el espacio de la educación superior; desarrollar mecanismos de control y supervisión del sector privado; establecer el sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos, así como elaborar un marco nacional de cualificaciones.
El quinto título de la LGES, referido a los temas de coordinación, planeación y evaluación, establece las instancias, fórmulas de representación y procedimientos para la coordinación y gestión concertada de las instituciones universitarias, tecnológicas y de formación docente a través del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces) y las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Coepes). Se apuntan también pautas y bases referidas a la evaluación del sistema y los fundamentos para dar lugar a un sistema nacional de información. Dos mecanismos adicionales, establecidos en la LGES, buscan contribuir a enriquecer la plataforma de gobernanza sistémica impulsada por la norma. Uno es el secretariado conjunto del Conaces, que recae en las personas titulares de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Secretaría Ejecutiva de Anuies. El segundo es el denominado “Espacio de Deliberación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior o Instancias Equivalentes” (Escoepes), que establece un ámbito para la comunicación horizontal entre las Coepes de los estados y permite compartir avances y experiencias de gestión de los sistemas locales.
El Conaces, una de las innovaciones fundamentales de la LGES, cuenta con más de 150 integrantes, entre autoridades educativas federales y estatales, directivos de las universidades y otras instituciones de educación superior, públicas y particulares, de los subsistemas universitario, tecnológico y de escuelas normales y de formación docente, representantes del sector de ciencia y tecnología, las presidencias de las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y del Senado, representantes de asociaciones universitarias y algunos representantes de académicos y estudiantes, tal y como lo prescribe la norma.
Los trabajos impulsados en el marco del Conaces son apenas primeros pasos en la dirección de conseguir una mejor articulación y operación del sistema nacional. Los acuerdos desarrollados en este colegiado han transcurrido en un marco de fuertes limitaciones financieras, y consecuentemente de escaso crecimiento de la matrícula pública del sistema. Los estudios sobre el tema en México coinciden en señalar que la inversión pública (federal y estatal) decayó considerablemente en los últimos años, ya sea que se mida en valores constantes, como proporción del producto interno bruto, como proporción del gasto programable y, más aún, como gasto por estudiante matriculado.
¿Qué aspectos de la LGES y de su implementación pueden calificarse como avances para la regulación del sistema y cuáles como límites y temas insuficientemente resueltos en la norma? Quizá el principal logro de la propuesta regulatoria es su carácter federalista. Esta condición sobresale en tres aspectos cruciales: el reconocimiento formal de los sistemas estatales de educación superior, la distribución de competencias entre los ámbitos territoriales de gobierno y la consiguiente disposición para revitalizar las instancias de planeación y gobernanza de alcance nacional y local.
En México las tendencias de descentralización y federalización de la educación superior presentan, a pesar de los avances, importantes tensiones y algunos dilemas que reclaman solución. En este sentido, la posibilidad de mejorar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza del sistema de educación superior precisa, como punto de partida, reconocer su complejidad y heterogeneidad, así como la diversidad de papeles y funciones que las instituciones desempeñan en respuesta a las demandas de su entorno. Requiere, además, gestar políticas públicas susceptibles de ser adaptadas y adecuadas por las diversas instituciones sin desmedro de su identidad; generar objetivos y reglas comunes, cuyo acatamiento se base en una común percepción acerca de la bondad de los objetivos y la equidad de las reglas; aprovechar y encauzar los procesos de innovación y cambio que tienen lugar al seno de las instituciones, y no menos importante, construir canales que faciliten la cooperación interinstitucional.
Por su tamaño, diversidad y complejidad el actual sistema de educación superior hace poco recomendable la persistencia de políticas centralizadas, más allá de la coordinación y regulación indispensables. En su lugar ofrece una alentadora posibilidad, desde luego no exenta de riesgos, la vía federalista: apoyar la consolidación de sistemas estatales de educación superior y fortalecer las capacidades de los gobiernos de las entidades federativas para construir y gestionar adecuadamente tales sistemas. Construir estas capacidades abre perspectivas para encontrar nuevas soluciones a los problemas de cobertura, pertinencia, calidad y equidad que aquejan a la educación superior. La propia realidad política del país impone la apertura de nuevos espacios de acción que pasan, necesariamente, por la actualización del pacto federal. En este sentido, la política nacional debería construirse conciliando los objetivos macro del país con aquellos perseguidos por las comunidades de los estados, y también sistematizando los principios y compromisos que asumen las IES públicas en cada entorno territorial.
