En días pasados, leí un ensayo de Delphine Horvilleur, titulado ¿Comment ça va pas?; conversations après le 7 de octubre [¿Cómo estás?, no bien: conversaciones después del 7 de octubre]. Traduzco una de las historias que ella relata: dos amigos se encuentran por azar, después de décadas de no saber nada uno del otro: “El primero dice al segundo: “Estoy tan feliz de volver a verte, Moishe. Pero, dime, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás?” Sin pensarlo demasiado, Moishe responde “Bien”. “Pero, en serio, Moishe, cuéntame más; ¿cómo estás? Dímelo… en dos palabras”. “En dos palabras… no bien”.
Menciono esa anécdota, no en relación con el objeto del libro (las genealogías identitarias), sino porque me hizo pensar, por analogía, en la situación actual de las instituciones de educación superior (IES). Me llevó a reflexionar sobre los subsectores educativos de nivel superior devenidos disfuncionales en los pasados años. Más allá de valoraciones remitidas a narrativas altamente politizadas o supinamente tecnocráticas. Mezclas detonantes de condiciones ideológicas, financieras y burocráticas han provocado, en esos ámbitos, conflictos larvados pero indisimulables y la expansión descontrolada de procedimientos unilaterales de rendición de cuentas. En consecuencia, los establecimientos no sólo carecen de presupuestos suficientes, sino que sus condiciones y tiempos agravan las tensiones internas y el ya famoso burnout de sus actores. El repunte del tópico “salud mental”, como tema de investigación y de política, no es, de hecho, casual.
La constatación viene al caso por situaciones añejas y recientes: primero, por la decisión de Hacienda, muy cuestionada por quienes la padecieron, de realizar un intempestivo y repentino cierre presupuestal de los recursos fiscales otorgados a ciertos establecimientos, en agosto pasado. Esa exigencia, impuesta discrecionalmente, fue comunicada a los personales que afectaba con limitadísima anticipación, durante el receso vacacional de verano. En ese contexto infausto, los colegas del Cicese publicaron un ponderado comunicado sobre el estado de la ciencia, alertando de los obstáculos que confrontaba. Segundo, por el hecho de que, en los meses siguientes, se multiplicaron las pruebas de que las cosas no iban bien en educación superior, a consecuencia de una suma, potencialmente explosiva, de malestares estudiantiles, académicos o de otra índole.
Esa situación pone en duda el sueño o la ilusión recurrente de que el país tenga, en algún futuro (¿cada vez más inalcanzable?), un Premio Nobel que no sólo sea ciudadano mexicano, sino que labore y produzca en el país. Cuestiona la capacidad de conservar los niveles de proficiencia alcanzados por establecimientos o núcleos disciplinarios, que ambicionaron ser de clase mundial, cuando sus fundadores apostaron, hace medio siglo o más, a la centralidad de una ciencia orientada a mejorar el bienestar.
Aunque muchos establecimientos y grupos son renuentes a ventilar sus problemas conforme con un apego a un secretismo que lleva a lavar la ropa sucia en casa, es imprescindible denunciar el deterioro de las condiciones de trabajo docente e investigativo. Los académicos carecen más y más de recursos y condiciones para realizar sus actividades básicas de formación y de difusión. Están ingentemente sujetos a decisiones discrecionales de actores no universitarios que anteponen sus propias prioridades a la vida intelectual y a las exigencias de la enseñanza e investigación.
Los cierres presupuestales, anticipados e intempestivos, impuestos a las IES, lo ilustran. Obligan a suspender actividades ya pactadas. La discontinuidad en el flujo de los recursos no sólo afecta la acumulación del conocimiento (el cual no avanza a trompicones). Destroza la confiabilidad y la autoconfianza de los equipos científicos, en entornos de colaboración en los que la certidumbre de que cada contraparte cumplirá sus compromisos es indispensable para el funcionamiento de redes o asociaciones multidisciplinarias. Evidencia las contradicciones entre las políticas de financiación y las de evaluación y organización de la actividad científica.
De esa manera, se pide a los académicos y a los estudiantes que respondan a exigencias cada vez más desorbitadas, en un contexto social, político y económico profundamente adverso. Se les ubica en condiciones que inhiben sus posibilidades de ser responsivos a los requerimientos que les son dirigidos. La eventual obtención de una ampliación presupuestal, tras negociaciones demoradas y, me imagino, espinosas, no resuelve más que los reembolsos pendientes a proveedores o el pago de compromisos autorizados con anterioridad. No permite recuperar tiempos y oportunidades, irremediablemente perdidos.
Esas situaciones son profundamente dañinas al impedir planear trayectorias y programar estrategias laborales. En un contexto de por sí fragilizado por violencias múltiples e innumerables incertidumbres, ¿resuelven algo la empatía y la discreción o sirven para tapar un agobio peligroso y con motivos cariados? Si los actores centrales de la educación superior no están bien, no queda de otra que reconocerlo, a pesar del arraigo de usos y costumbres que auspician la negación, la obediencia o la resignación.
