Hace poco, una joven recién egresada de la carrera de Sociología de la Universidad de Guadalajara me preguntó cómo había hecho para conseguir un empleo cuando yo mismo había recién egresado de esa carrera hace más de cuatro décadas. La joven, con las mejores credenciales escolares de su generación (promedio de calificaciones cercano al 100, reconocimientos del programa y de sus profesores, con buen manejo del inglés, con experiencia como asistente de investigación de algunos de sus profesores), seis meses después de su egreso no encontraba trabajo, y la ansiedad y el desánimo comenzaban a aparecer en el horizonte de sus veintitrés años.
La situación de la joven (a quien llamaremos, digamos, “Andrea”, un nombre ficticio) no es inusual en la educación superior mexicana desde hace varios años. Es una paradoja dramática que el énfasis puesto en la calidad de los programas de estudios o en el incremento en la cobertura de la educación superior, no haya resuelto satisfactoriamente el problema de las oportunidades laborales de los egresados en muchos campos formativos.
Según datos del Anuario Estadístico 2024-2025 de la Anuies, durante ese ciclo escolar egresaron de las instituciones de educación superior un poco más de un millón de estudiantes de todas las modalidades públicas y privadas del sistema nacional. De ese total, casi una cuarta parte se ubicó en dos entidades de la república (Ciudad de México y Estado de México), y otra porción similar se concentró en cuatro entidades más (Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz). Es decir, 6 entidades del país concentraron la mitad de la población de egresados de la educación terciaria mexicana.
Más de la mitad de esa población son mujeres, lo que confirma la tendencia hacia la feminización de la matrícula de la educación superior observada desde finales del siglo pasado, tendencia que se constituye como uno de los motores de la expansión del sistema nacional. Si se toma el dato de la matrícula del nuevo ingreso durante el mismo ciclo, se observa la fuerza de esa tendencia hacia el predominio de las mujeres en el acceso a la educación terciaria: casi 6 de cada 10 nuevos ingresos son mujeres, lo que indica una tendencia hacia la “desmasculinización” de la educación superior, que seguramente incrementará el peso diferenciador de las mujeres en el egreso en los próximos años.
Hay, por supuesto, desigualdades importantes en términos de ingresos y egresos en las escalas estatales, en las áreas de conocimiento y en las disciplinas preferidas de la formación profesional entre hombres y mujeres. No obstante, la dinámica del comportamiento de las poblaciones en la educación superior revela las nuevas complejidades de las trayectorias vitales de hombres y mujeres en los diversos campos formativos. Cuántos son y cómo se distribuyen son apenas la punta del iceberg de esa complejidad. ¿Quiénes son, por qué están ahí, cómo experimentan sus procesos formativos, cuáles son sus estrategias y oportunidades de inserción laboral en mercados profesionales dominados por nuevas reglas e incertidumbres?
Estas preguntas han sido abordadas desde la sociología de la educación y la economía política de los sistemas de educación superior en México y en América Latina, y una cantidad importante de estudios se han realizado al respecto desde los años setenta, justo cuando se registra en muchas regiones el proceso de masificación del acceso a la educación terciaria. Hoy, cuando se observa una tendencia clara hacia la universalización de ese nivel educativo, nuevas preguntas se acumulan en el estudio de los perfiles de acceso y egreso, donde la diversificación y diferenciación institucional, el origen social, el fenómeno de la precarización de los empleos profesionales (el denominado “precariato” juvenil) o formas contradictorias de cohesión y exclusión social dominan el horizonte grisáceo de las oportunidades laborales de las y los egresados.
Frente a este panorama de problemas, oscuridades e incertidumbres, se requieren anteojos más potentes para revisar lo que sabemos sobre las realidades estudiantiles y de los egresados universitarios del primer cuarto del siglo XXI. La masificación y la universalización no resuelven por sí mismas las múltiples disparidades en el ejercicio del derecho a la educación o el acceso a empleos profesionales dignos, estables y atractivos para las distintas generaciones de egresados de la educación superior de Oaxaca, Chihuahua, la Ciudad de México o Jalisco.
El caso de Andrea es revelador de un síndrome que afecta el imaginario, las expectativas y las incómodas realidades sobre la educación superior contemporánea. De hecho, es posible observar en no pocos países latinoamericanos la disminución del interés de las nuevas generaciones por ingresar a cursar estudios de ese nivel, que se expresa en una discreta pero preocupante tendencia hacia la reducción de la demanda de acceso a la educación superior tradicional, algo que también ha ocurrido en México en los últimos años. La apuesta a las micro credenciales, las estrategias de educación a lo largo de la vida, la formación dual, la revaloración de los oficios, las innovaciones pedagógicas, la irrupción de la inteligencia artificial generativa en las formaciones técnicas o profesionales universitarias y no universitarias, son parte de las propuestas que se ensayan con mayor o menor validez para mejorar el atractivo de la educación superior para las nuevas generaciones de estudiantes y egresados.
Mientras vemos qué sucede, Andrea, como muchas y muchos egresados universitarios, continuará preguntando, tocando puertas y buscando oportunidades laborales para ejercer la profesión que eligió. Por lo pronto, se está inclinando a cursar una maestría que pueda apoyarla con una beca, para continuar estudiando y asegurar un ingreso relativamente estable durante los próximos dos años. Es una decisión racional que funciona como una suerte de seguro de desempleo. Ya después, como me dijo con cierta resignación, “Dios dirá”.
