Educación superior: rezagos y oportunidades / II

A semejanza de lo ya expuesto aquí dos semanas atrás (Campus 1048), ahora se continúa con otros tres textos incluidos en el significativo libro, El futuro de la educación superior en México, editado por la Universidad de Guadalajara. En función de ello, se identifican algunos de los problemas básicos que confronta este nivel educativo, así como algunas de las propuestas que serían susceptibles de integrarse en una futura política pública en esa materia.

El primer texto de hoy es de Roberto Rodríguez y se titula: “De la revolución de las expectativas a los problemas sin respuesta”. Como lo expresa el autor, el propósito es “delinear los trazos básicos de la matriz de cambio universitario planteada en las postrimerías del siglo XX y al inicio del actual y contrastarla con las preocupaciones del presente en torno a la sustentabilidad de las transformaciones incorporadas, así como con respecto a los retos discernibles para el futuro próximo”. En consonancia con ello, Rodríguez confronta algunos de los documentos básicos sobre la educación superior a escala mundial con las políticas públicas implantadas desde la primera década de este siglo en muchos países del orbe, tomando a aquellas declaraciones y recomendaciones como pauta.

Por lo que se refiere a lo primero, se hace la referencia a la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, celebrada en París (1998) y organizada por la Unesco, así como a trabajos que están, predominantemente, en consonancia con dicha orientación, entre ellos, el llamado proceso de Bolonia (1999) y ciertos enfoques del Banco Mundial (2000 y 2016). En función de lo anterior, varios temas de educación superior pusieron énfasis, según identifica el autor, en trece políticas públicas, entre las cuales sobresale lo relativo a: los incrementos de matrícula; los procesos de desconcentración y diversificación de la oferta; recomendar un nuevo ciclo de la planeación estratégica como herramienta que permita influir de mejor modo en el curso de acción de instituciones y sistemas; proponer una gobernanza que le otorgue una mayor participación a actores y sectores; impulsar los modelos de educación a distancia y algunos más.

Una vez que cobraron realidad esas políticas, dentro de los sistemas nacionales de educación superior, generaron “una condición paradójica”. Esta se define, principalmente, por dos elementos: a) un aumento de la población escolar (y por tanto de futuros profesionales) más dinámico que el correspondiente al de las economías nacionales y, por ende, de la generación de empleos; b) muchos más egresados, pero en un mundo laboral que cambió radicalmente en unos cuantos años, definido por las “tendencias de automatización y robotización de la producción, el comercio y los servicios”. La consecuencia de todo esto ha sido, en países como el nuestro, la aparición de un problema que ya se había presentado en Europa desde, por lo menos, tres décadas atrás: el de la empleabilidad.

Ante los fenómenos de desocupación o subocupación de profesionales, como componentes principales del problema de empleabilidad, ya se han ensayado fórmulas que permitan atenuar dichos fenómenos. Entre ellas, las certificaciones de graduados, rankings de calidad en instituciones y programas, diplomas y grados con doble titulación (de preferencia con instituciones un país extranjero) y otros; siempre con la idea básica de atenuar el problema básico de empleabilidad. Para esto, Rodríguez sugiere tres formas de enfrentar dicho problema: reconocerlo como tal, diseñar e implantar nuevos dispositivos académicos, así como ejercer una observación puntual del mercado.

Otro capítulo del libro es el elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con el título: “Educación superior: una pieza clave para la competitividad”. Una idea fundamental de la cual parte este estudio es la relativa a que la competitividad se mide por la posibilidad de generar / atraer talento e inversión. De acuerdo con ello, fortalecer la educación superior en el país se convierte en “uno de los pilares de dicha característica”. Pero, como se advierte, es necesario no sólo contar con una cantidad mayor de personas con talento, sino también con las habilidades y competencias que dichas personas posean y que requieren los empleadores. Esa cantidad mayor de personas con habilidades específicas se sitúan no sólo en la educación terciaria, sino también en los niveles precedentes de secundaria y bachillerato. Todo ese conjunto debe confluir para integrar una fuerza laboral calificada que juegue “un papel crucial en la productividad y en la innovación” de la producción nacional.

Si todo lo anterior se promueve, se estará frente a una situación en que la educación superior se convierta una inversión rentable para el país. Pero también, esta última tiene otra dimensión, misma que se extiende al ámbito privado. Las personas con estudios superiores, como ahí se explica, han tenido hasta ahora: a) mejores ingresos; b) mayores posibilidades de empleo formal; c) la posibilidad de acceder a puestos de mayor jerarquía. Por lo que se refiere a lo primero, y siempre respecto a personas que sólo terminaron bachillerato, los ingresos promedio son superiores en 58 por ciento (mujeres 71 por ciento); en empleos formales, la diferencia es de 76 por ciento.

El texto del IMCO incluye una advertencia para la dimensión social y privada de la inversión en educación superior. Según un estudio de McKinsey: los avances en la automatización aumentarán la demanda de trabajadores altamente calificados, con habilidades tecnológicas, socioemocionales y cognitivas. Pero también, de acuerdo con el Foro de Davos, el 43 por ciento de las habilidades y competencias básicas demandadas por los empleadores cambiarán en los próximos cinco años, tal como ya había sucedido en 2015. Para el caso de México, una situación paradójica se apunta también en dicho documento: en 2022, las IES tenían capacidad para recibir a 478 mil estudiantes en las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), altamente indispensables para el impulso de la competitividad. Sin embargo, una gran contradicción: el 37 por ciento de plazas disponibles no se cubrieron.

El tercer texto, “retos e insuficiencias para recuperar el dinamismo y la capacidad e innovación en la educación superior”, tiene como autor a Bernardo González-Aréchiga. En sus palabras, el capítulo “aborda los desafíos y políticas para revitalizar la educación superior en México con una visión de innovación y desarrollo tecnológico, con el fin de promover la inclusión educativa, reforzar la capacidad de resolver los problemas y cerrar la brecha de desarrollo con otros países”.

En función de lo anterior, el autor afirma que una política pública en esta materia debe promover una transformación rápida en tres aspectos que resultan fundamentales: modelos educativos acordes con el nuevo contexto; nuevas disciplinas que se incorporen a este último; así como los procesos de aseguramiento de la calidad de todo lo anterior. Esa nueva política debería orientarse por dos ejes: consolidar un sistema nacional de innovación para la educación superior, al igual que un sistema de aseguramiento de la calidad. Todo esto es esencial en un sector que, por su matrícula, ocupa el séptimo lugar a escala mundial.

Realizar todo lo anterior significa enfrentar lo que González-Aréchiga llama “Retos y condicionantes de la educación superior del país”. Entre ellos, aquí se destacarían posiblemente los tres principales: a) entre la población mexicana que tiene estudios de educación superior, ubicada entre los 25 y los 65 años de edad, el promedio es de 19 por ciento de dicho segmento, contrastante con el promedio de la OCDE que se sitúa en 39 por ciento; b) la tasa de cobertura de la educación superior pasó de 39.7 en 2018 a 43.9 en 2022, un incremento relevante no obstante la pandemia y sus efectos disgregadores. No obstante, México ocupa un lugar secundario frente al promedio en América Latina, el cual está por encima de siete puntos porcentuales; c) la trascendental reforma al Artículo Tercero Constitucional, en 2019, que incluyó una modificación sustancial a la educación superior, tiene el carácter de “inacabada”. Esto es particularmente sensible por lo que toca a la implantación efectiva de la gratuidad y obligatoriedad (como un derecho humano) así como el establecimiento del Fondo Federal Especial para ese mismo propósito.

Comentarios:
Cobertura. El llamado “Modelo de desarrollo escolar” (acceso a primaria y egreso del nivel superior) no ha mostrado variaciones significativas en los últimos tiempos. La pandemia explica parte de esa situación de rezago. Como se hace evidente, en este tránsito o trayectoria escolar “sobrevive” sólo uno de cada cinco estudiantes que ingresaron 15 años atrás. Será necesario intensificar las acciones que aseguren la permanencia en cada nivel del Sistema Educativo Nacional.

STEM. México tiene números favorables, en una comparación internacional, en la parte de estudiantes matriculados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sin embargo, en momentos en que se destaca que alrededor de 300 mil estudiantes no encuentran, cada año, espacios en las instituciones públicas de educación superior, los números de quienes “no aprovechan” esos espacios (alrededor de 180 mil) es enorme. Las acciones ya establecidos por el gobierno federal (entre ellas el Programa de Ampliación de la Oferta para la Educación Superior /PAOES) deberán multiplicar las acciones de difusión y promoción para el aprovechamiento de dichos espacios.

Competitividad. La política pública gubernamental, establecida en la Nueva Escuela Mexicana, ha definido o suprimido acciones que pugnan con políticas de Estado. Tal es el caso cuando una idea esencial para el momento económico que vive el país, como la de competitividad, está desaparecida y aún combatida por aquella otra política. Sería oportuno recordar que la Constitución, en su Artículo 25, afirma que “Corresponde al Estado, la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral y sustentable…” y que esto se logra “mediante la competitividad…”. Asincronías y disparidades entre la Carta Magna y políticas sexenales que será necesario armonizar.