El cambio de nombre, logrado en un proceso contradictorio y potencialmente ilegal, codifica las realidades e ilusiones de un cambio institucional
La atropellada, confusa y caótica sesión del senado de la república celebrada durante la larga noche del día difícil del 28 de abril merece colgarse como pieza del museo de los humores políticos mexicanos de los años del obradorismo. Ahí, entre el montón de iniciativas aprobadas de madrugada del día 29 en un escenario inusual —el patio del palacio de Xicóténcantl—, y sólo con la presencia del oficialismo, se aprobó la nueva ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, que, para decirlo en breve, significó el triunfo (¿momentáneo?) de los políticos y los burócratas sobre los científicos (o una parte de ellos).
