En la tarde del pasado lunes se dio a conocer la noticia: la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruíz Gutiérrez, determinó el nombramiento de la académica Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a partir del martes 27 de este mes.
El director que será sustituido, José Antonio Romero Tellaeche, fue oficialmente informado de su destitución el 26 de enero mediante un oficio que indica con claridad: “Hago de su conocimiento la determinación de removerlo, a partir de esta fecha, de su cargo como director general del Centro de Investigación y Docencia Económica”. La medida se sustenta, según esta comunicación, en lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley General en materia de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación, en cuyo párrafo final se indica: “Asimismo, las personas titulares de las Direcciones Generales o equivalentes podrán ser removidas por la persona titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector que corresponda.”
En respuesta, Romero Tellaeche elaboró e hizo circular un oficio, dirigido a las y los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, en que argumenta que “la legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia, y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno, debidamente convocada, con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva”. Este pronunciamiento está, asimismo, fechado el 26 de enero.
Llama la atención que en la Ley General se refieren causales para la remoción y también la condición de una votación unánime del Órgano de Gobierno del Centro Público correspondiente (véase el artículo 95, fracciones primera y segunda), pero agrega el párrafo final citado que autoriza a la titular de la Secihti a proceder a la remoción del director o directora general en forma directa. En todo caso, la interpretación de la ley le corresponde, por disposición de la propia norma, a la Secretaría.
Hasta el momento en que se redacta la presente columna, el curso de acción que tomará el director saliente. Aunque la noticia fue recogida desde el martes 27 por la prensa y otros medios nacionales, no mereció comentario en la conferencia matutina de ese día. Tal vez ello ocurra en el curso de la semana, aunque es improbable que la presidencia de la República no haya sido previamente informada de la decisión en cuestión.
El economista Romero Tellaeche fue designado director interino del CIDE por la ex titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, el 2 de agosto de 2021. El nombramiento fue ratificado como definitivo el 29 de noviembre del mismo año a través de un controvertido proceso de elección conducido por el Órgano de Gobierno. En los años de su gestión, la dirección de Romero fue objeto de críticas de la comunidad académica por distintos motivos. La controversia más reciente se derivó de la demanda que el entonces director interpuso el año pasado en contra de la académica Catherine Andrews por supuesto daño moral al haber revelado a la prensa la existencia de plagios en obras académicas del economista. Aunque Romero se comprometió, ante la titular de la Secihti, a desistirse, no queda claro si procedió a la retractación legal.
Por ahora, lo más importante es la respuesta que ha suscitado la medida. Si se toma como indicador las reacciones en la red social X, es claro que la mayoría de las opiniones son favorables al relevo directivo. Son más bien escasos, aunque no inexistentes, los comentarios en defensa de la posición de Romero Tellaeche.
También son relevantes dos expresiones públicas que corresponden a la comunidad académica organizada. En primer lugar, el respaldo del Sindicato de Personal Académico del CIDE que, luego de reconocer a la directora interina como la autoridad de la institución, concluye: “saludamos y extendemos nuestro reconocimiento al nombramiento que, en ejercicio de sus atribuciones, ha emitido la secretaria doctora Rosaura Ruíz” (SIPACIDE, oficio SG.2026.03, 26 de enero de 2026).
En segundo lugar, el comunicado de la Asamblea Académica Permanente del CIDE, también fechado el 26 de enero, en que se lee: “Expresamos nuestro firme y completo apoyo a la Dra. Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE” y agrega “queremos agradecer a la secretaria de Secithi, la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, por toda su gestión y la disponibilidad de oír a la comunidad en este asunto”. El comunicado, dirigido a la opinión pública, está firmado por más de 75 académicos del CIDE, de las sedes de Ciudad de México y Aguascalientes, así como por una docena de antiguos profesores que suscriben su contenido.
¿Es este el capítulo final de la gestión de Romero Tellaeche al frente del CIDE? Me parece que así será, aunque tal vez haya líneas adicionales en la narrativa de esta historia. Lo que también vale poner sobre la mesa es que, con esta decisión, la secretaria Ruíz Gutiérrez deja en claro su papel en la encomienda de liderar el conjunto de los Centros Públicos de Investigación. Al resto de los directivos de estos organismos les conviene tomar nota.
