Educación de calidad y pertinente para atender los problemas nacionales: Leonardo Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM
La Ley General de Educación Superior (LGES), promulgada el 20 de abril pasado, es resultado de un esfuerzo de consensos entre las partes. Es un gran logro que debe reconocerse y aplaudirse, coincidieron en señalar expertos universitarios.
Esta nueva legislación es única por su magnitud y trascendencia, y es producto de un proceso de participación de múltiples actores: la UNAM, académicos, especialistas, partidos políticos y tomadores de decisiones e instituciones como la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
Durante la Jornada de análisis: La Ley General de Educación Superior, organizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, subrayó que era importante tener una visión de conjunto del sistema que incluye a las universidades públicas y a las privadas; también se incorpora a la enseñanza normal.
La Ley dota de un marco actualizado a la educación superior y crea instancias para planear su desarrollo a largo plazo. Necesitamos que esa educación sea de calidad y pertinente para atender los problemas nacionales y ese es un compromiso con el que la Universidad Nacional siempre ha estado involucrada, puntualizó.
El funcionario recordó que este nivel educativo creció de manera considerable, pero de forma desordenada; han proliferado cantidad de instituciones privadas pequeñas, las cuales absorben parte de la demanda, sin embargo, carecen de los estándares de calidad deseables. “Regular esa parte era muy importante”.
Al referirse a los retos de la LGES, el abogado General de la Universidad Nacional, Alfredo Sánchez Castañeda, expuso: no basta establecer la gratuidad de la educación superior, se requiere de los instrumentos para que se haga efectiva, desafío que tendrá que afrontarse en algún momento porque tiene que ver con el futuro de nuestro país; es primordial fortalecer el financiamiento de la enseñanza en este nivel.
Para las instituciones educativas los retos se relacionan con la mayor rendición de cuentas y la transparencia, o con la vinculación o sintonía que esta ley deberá tener con otra, la de Ciencia y Tecnología, que se discutirá próximamente. Además, un elemento que debe ser transversal se relaciona con el tema de género, el cual debe estar impreso en toda legislación y programa.
Durante su participación en el acto realizado a distancia, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, afirmó que la Ley incorpora la perspectiva de género y se crean modelos para que los espacios universitarios se consoliden como lugares “donde tendamos hacia la equidad, la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. Hay que aplaudir esta ley e invitar a que sea ampliamente discutida y divulgada, y que su mejor cumplimiento esté incorporado en nuestras instituciones”.
Al presentar el encuentro, el director del IISUE, Hugo Casanova Cardiel, recordó que la entidad a su cargo tiene la responsabilidad de analizar los temas relevantes del acontecer educativo y universitario; en tal sentido “hemos convocado a una decena de voces expertas en la temática para dialogar acerca del nuevo marco normativo que regirá el campo educativo superior a partir de este momento”.
Javier Mendoza Rojas, académico del IISUE, explicó: entre los aspectos relevantes de la normatividad es que pone en el centro del proceso educativo a los estudiantes, garantizando las libertades de cátedra, investigación, libre examen y discusión de las ideas, además de que se da atención especial a la vinculación de la educación superior con los sectores social, productivo, comunidades locales y entornos; es decir, considera “la responsabilidad y la función social de la educación superior”.
En el encuentro, Angélica Buendía Espinosa, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, aseveró que contar con la Ley es un acierto, pero los actores involucrados, profesores, estudiantes, aparatos de gestión, gobierno y organismos, deben tener el compromiso y voluntad de lograr su proceso de implementación.
Además, tiene en su espíritu reconocer que la desigualdad también trastoca a la educación superior, y plantea el reto de avanzar hacia la equidad, lo cual significa que los jóvenes de estratos sociales históricamente desfavorecidos tengan acceso a una buena enseñanza.
