Un fantasma recorre el campus: el malestar con las prácticas de los gobiernos universitarios. Aunque sus apariciones suelen ser esporádicas, sus efectos pueden ser devastadores para la vida institucional. En la historia reciente de no pocas universidades públicas mexicanas y latinoamericanas, ese malestar se expresa ocasionalmente en protestas, reclamos y movilizaciones de profesores y estudiantes (ellas, ellos) que denuncian arbitrariedades, abusos e ilegalidades por parte de las autoridades universitarias, colocando en situaciones de ingobernabilidad a las propias universidades.
Algunos casos recientes permiten identificar los rasgos y los riesgos del gobierno de las universidades públicas autónomas. Uno es el caso de la Universidad Veracruzana (documentado ampliamente por Campus), sumergida desde hace meses en una crisis institucional por la decisión de la Junta de Gobierno para extender el período de gobierno del actual rector de esa universidad, a pesar de la ilegalidad e ilegitimidad de esa decisión política. Otro caso lo representa la Universidad Nacional de Colombia, donde un accidentado proceso electoral llevó a elegir a dos rectores: uno electo según las reglas al uso de esa institución, y otro electo por la mayoría de los estudiantes y profesorado universitario. Uno más tiene que ver con las movilizaciones por dotar de autonomía a instituciones jurídicamente heterónomas como la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia (ESAP), un espacio universitario fundado en 1960 en el cual se forma el funcionariado público nacional colombiano.
Estos casos colocan nuevamente en el horizonte de la discusión pública el problema del gobierno de las universidades autónomas. Herederas de un antiguo reclamo democrático que llevó a la estructuración de regímenes autonómicos donde el co-gobierno o gobierno compartido entre estudiantes, profesores y directivos es el componente central de la lógica de su autogobierno, las universidades expresan las tensiones propias de los diversos intereses y actores que coexisten entre sus comunidades. Esa complejidad organizacional (el cogobierno) supone la desconcentración y descentralización de muchas decisiones académicas, ancladas en las escuelas, facultades e institutos de investigación que representan a las disciplinas y áreas del conocimiento que se desarrollan en las universidades.
No obstante, las formas y procesos de elección de sus autoridades suelen ser el núcleo del problema del autogobierno. La hechura de leyes y normativas universitarias marca las reglas del juego, aunque la dinámica de grupos y redes de poder determina muchas de las prácticas institucionales. Juntas de gobierno, universitarias o directivas, colegios académicos, consejos universitarios, consultas, procedimientos y métodos electorales configuran los espacios de participación y representación de las comunidades universitarias en los procesos políticos internos. La idea central de estas formas y espacios colegiados del gobierno universitario es que el poder institucional sea un poder distribuido, no centralizado, que obedezca a la lógica de producción, transmisión y difusión del conocimiento técnico, profesional o científico, no a los intereses políticos de grupos específicos.
Pero los límites y funciones de las autoridades son también objeto de las normativas universitarias que tienen que ver con la gestión de la autonomía. Y es aquí donde se encuentran las aguas profundas del malestar universitario: los excesos, la manipulación o el aprovechamiento de las funciones y recursos de las universidades para el beneficio de unos cuantos. Navegar entre esas aguas es el oficio de piratas y marineros expertos en el uso de la autonomía como instrumento de autoprotección política, y no como condición institucional para el ejercicio de las libertades de expresión, de cátedra e investigación que constituyen la racionalidad crítica de la vida académica de las universidades en los diversas disciplinas y campos del conocimiento. Es la vieja distinción kantiana entre la república del saber y la república del poder, entre la racionalidad científica y la racionalidad del Estado.
Lo que asoma en los horizontes nublados de la política universitaria es el debate sobre el ideal democrático asociado a las formas y métodos del gobierno de las universidades públicas autónomas. Y aquí ha surgido el problema de formas autocráticas de gobierno a cuya solución se le propone aplicar un nuevo aceite de serpiente: la “democratización” de la universidad. Aunque el enunciado mismo es ambiguo y sus expresiones son inevitablemente discutibles, ello supone la participación masiva de las comunidades universitarias para elegir rectores y directivos, a través de formas plebiscitarias o asambleístas de gobierno, en que las decisiones universitarias sean consultadas y avaladas por sus comunidades.
En contextos de autonomía el ideal democrático universitario es el cogobierno, y la “democratización” es el proceso orientado hacia la cristalización de ese ideal. La democracia universitaria significa expansión de oportunidades de acceso a la universidad de poblaciones excluidas, pero también participación y representación en los órganos colegiados, y de rendición de cuentas de sus autoridades. No obstante, los conflictos en torno a las formas de elección de las rectorías pueden conducir a efectos perversos o no deseados del ideal (el fin) y del proceso (el medio). Abre, o puede abrir, la puerta a reformas institucionales que, en nombre de la lucha contra la burocratización y corrupción real o imaginaria de los gobiernos universitarios, se orienten a la construcción de regímenes heterónomos que obedezcan a proyectos políticos externos a las universidades, donde el activismo y la politización salvaje ocupen el lugar central de las prácticas académicas de los universitarios. La relación entre autonomía y democracia universitaria es siempre una ecuación compleja, que no se resuelve con algoritmos simplificadores, y que requiere de una combinación de responsabilidad gubernativa, ética institucional y respeto a la legalidad y legitimidad que se han dado las propias universidades.
Estos temas fueron el objeto de varias reflexiones en el Congreso Nacional sobre autonomía y democratización universitaria , organizado en Bogotá por la ESAP, y al que fui invitado para explorar las varias dimensiones de la gestión autonómica de las universidades. El resultado fue la formulación de una agenda básica de investigación comparada que permita ofrecer evidencia y propuestas de políticas de reforma para las propias universidades, orientadas a mejorar los umbrales de calidad, coherencia y consistencia de la gobernabilidad y la gobernanza institucional en entornos complejos.
