Está bien sabido que las maestrías y los doctorados son los dos escalones más altos del sistema de educación superior (SES). Concentran las aspiraciones de estudiantes deseosos de hacer una carrera académica o de obtener una formación de alto nivel. Ante los riesgos acarreados por la explosión de la oferta y de la matrícula (entre 2013 y 2022, esa aumentó 80.3 por ciento en maestría y 106.8 por ciento en doctorado cuando sólo lo hizo 53.6 por ciento en promedio), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó medidas de evaluación para ordenar los programas en distintas categorías. Sus resultados justificaron la confección y las actualizaciones del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en el siglo pasado. Con el pasar del tiempo, el PNPC fungió como un mecanismo nacional de aseguramiento de calidad. Devino un filtro para otorgar apoyos a los estudiantes solicitantes de becas. A la tradicional separación entre posgrados académicos y profesionalizantes, se añadió otra, entre los posgrados incluidos en el PNPC y los que estaban fuera.
No obstante, durante el sexenio pasado, el entonces denominado Conahcyt, fundamentándose en las normativas recién promulgadas en educación superior, sustituyó el PNPC por un sistema nacional de posgrados (SNP). Este clasificó los programas por su estatuto administrativo más que por sus desempeños, ubicándolos en públicos o privados, de investigación o profesionalizantes. La decisión causó conmoción, aun cuando el PNPC siempre había sido objeto de críticas. El 5 marzo 2025, el Conahcyt publicó un padrón de 2 mil 329 posgrados de Instituciones de Educación Superior (IES) que cumplían con los lineamientos del SNP. Dio a conocer otros dos, cuyos estudiantes podían solicitar becas , por estar registrados en 69 programas impartidos en entidades federativas con mayor rezago social o en posgrados del área de salud. Un padrón más enlistaba, en cambio, 495 programas que no satisfecian las exigenciasdel SNP.
En la décimo quinta sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), celebrada en mayo 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), anunciaron cambios en el nivel. Durante la presentación de un Plan de trabajo , armado en torno a 10 ejes de acción, los representantes de esos organismos señalaron la necesidad de incrementar la matricula, de remover visiones estáticas o ideologizadas de la educación superior y de viabilizar sus estructuras de organización y toma de decisiones.
En consideración a ello y para explorar eventualidades (de laissez faire o de retorno a un mecanismo interventor de supervisión), no está por demás comparar indicadores nacionales con los de América Latina. Los datos de la Red ENLACES, publicados hace unas semanas, reportan que, en 2022, la matricula de maestria correspondía a 7.2 por ciento de el total y la de doctorado equivalía a 1.1. por ciento de esa misma. México superaba entonces los promedios regionales, respectivamente de 5.6 por ciento y de 0.82 por ciento. Claro que esa primera aproximación, positiva, debe ser matizada en función de las tasas de cobertura, las características de los estudiantes, los porcentajes de atención a la demanda efectiva por los sectores privado y público, los grados de consolidación del posgrado por entidad federativa y municipios y la distribución de los estudiantes por área disciplinaria. Esos indicadores, a diferencia del primero, no arrojan saldos favorables para el país.
Habida cuenta de ello y de lo declarado recientemente por los funcionarios del sector educación superior, ¿qué se tiene que regular respecto del posgrado? Primero, apremia precisar cómo vincular expansión con calidad. La lógica, consistente en responder la demanda, impulsó un crecimiento generalizado más que una inducción diferencial y programada de fortalecimiento de la oferta en función de criterios, compensatorios de desigualdades, a escala del país.
Segundo, el incremento de la matrícula descansó más en establecimientos particulares que públicos : la agravación del desequilibrio a favor de los primeros lleva a recomendar priorizar el rescate de los segundos, cuyo rol se diluyó, pasando de recibir 46.8 por ciento de la matricula de maestria en 2013 a 34.4 por ciento en 2022 y de 66.8 por ciento a 48.9 por ciento de la de doctorado. Tercero, el sistema publico de doctorado, principalmente, no ha completado su descentralización. Concentra todavía sus carreras de calidad en instituciones convencionales ubicadas en ciudades grandes, con una accesibilidad baja, por cuestiones de residencia, de los habitantes de zonas alejadas. Las universidades federales y publicas aitónomas de Ciudad de México, el Estado de México , Puebla, Jalisco y Nuevo León brindan asi una paleta de programas, numerosa y variada, lo que no ocurre en todos los estados.
Si bien otras vertientes de la problemática nacional del posgrado también merecen ser atendidas (por ejemplo, el insuficiente grado de feminización en las áreas STEM- ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas o el papel de las especializaciones), el crecer con calidad, en el subsector publico y en forma geográficamente incluyente, articula un nudo de cuestiones urgentes, si se pretende realmente innovar. Lo demás caerá por su propio peso, si la configuración espacial y sectorial del sistema publico de posgrado se equilibra. Crecer entonces, sí, pero con una brújula clara.
