Ciencia y Tecnología 2025/2030 /I

Las “mañaneras” de 19 y 26 del pasado noviembre, dedicadas al tema del llamado Supercómputo, y sus dos proyectos (el Centro Mexicano y el Claustro Nacional, ambos en esa materia) que tienen como columna vertebral la construcción de la computadora más potente en América Latina, a decir de la presidenta de la República, ha puesto de relieve al Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 (P25-30 o Programa), dado a conocer en septiembre pasado.

El P25-30 fue expedido dentro de las fechas y con las características que marca la Ley de Planeación a diferencia del distanciamiento que guardó el Peciti 2021-2024, respecto a esa misma normatividad. Para empezar, el Programa actual se apega en su elaboración al llamado Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, previsto en el Artículo 26 Constitucional, teniendo al Plan Nacional de Desarrollo como su guía básica. Además, se expide dentro de una nueva estructura y liderazgo que, en principio, augura mejores tiempos y resultados que en el sexenio pasado.

El Programa tiene como cabeza de sector a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti, o la Secretaría). Esta, según el propio Programa, “ofrece la posibilidad de un cambio paradigmático en la forma de comprender el ejercicio de la investigación y sus aplicaciones”. Todo esto dentro de un nuevo contexto en que debería prevalecer “un marcado carácter colaborativo”. Se abandona con ello, de cuajo, la bipolaridad terminológica de ciencia neoliberal y ciencia popular.

En ese sentido, la Secihti nace, según el programa, con una triple visión: a) fomentar y apoyar actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica; b) impulsar la colaboración entre instituciones de educación superior, comunidades académicas y productivas; c) emprender una coordinación en los tres órdenes de gobierno “como medios para impulsar el bienestar social, la independencia tecnológica y la soberanía de nuestro país”.

Estos tres grandes propósitos de la Secretaría constituyen la base para la elaboración del Programa. Este, cómo lo prescribe la Ley de Planeación, tiene como partes principales: a) el diagnóstico y una visión de largo plazo; b) el enunciado de seis grandes objetivos con mención de la relevancia de cada uno de ellos; c) la formulación de estrategias y líneas de acción; d) fijación de indicadores y metas para el período.

El Programa, en la versión del Diario Oficial de la Federación, es un texto de 45 páginas; 28 de texto y 17 de esquemas y cuadros. El diagnóstico ocupa 15 de aquellas 28. En estas líneas me referiré a esta parte principal, dejando para la próxima semana lo referente a la visión de largo plazo, así como los comentarios a todo el texto.

Dentro del diagnóstico se incluyen un gran número de datos e indicadores que permiten tener una visión general sobre el estado actual de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. Aquí, y sólo como muestra, se han seleccionado sólo alguno de ellos:

• En el país hay 1.64 millones de personas con maestría y 200 mil con doctorado, de tal modo que este conjunto con posgrado significa sólo el tres por ciento del total de la población económicamente activa. Por lo que corresponde al nivel de doctorado, México cuenta con una proporción de 0.13 por ciento de su población, mientras en América Latina Brasil y Chile tienen un 0,28 y 0.22 por ciento respectivamente.
• La tasa bruta y neta de escolarización en educación superior, para el período 2023-2024, en los jóvenes de 18-22 años, fue de 44 y 29 por ciento, respectivamente. En contraste, Chile y Brasil están por encima del 60 por ciento.
• La matrícula de posgrado en IES particulares creció en diez años (2014-2024) un 74 por ciento, mientras en las públicas su incremento fue de 34 por ciento.
• En el ciclo 2023-2024, el Conacyt otorgó becas de apoyo a 45 mil personas, cantidad correspondiente al 28 por ciento de las matrículas pública nacional de posgrado.
• El número de egresados de doctorado, con estudios en México o en el extranjero, ha tenido un incremento mayor que el de las plazas académicas abiertas en instituciones públicas o privadas. Según cifras de INEGI, válidas para 2024, hay 40 mil personas con maestría o doctorado sin empleo.
• El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene 45 mil integrantes, concentrándose en un 25 por ciento en la categoría de candidato y el 52 por ciento en nivel 1.

Volviendo al diagnóstico propiamente dicho, el formato seguido para su presentación es atractivo y, en cierto modo, innovador. A la identificación de cada una de las situaciones difíciles o cuestionables, en el siguiente(s) párrafo (s) se apunta el tipo de acción correctora que convendría aplicar. Tal es el caso de lo que el documento consigna como las tres principales “problemáticas” que confronta el Sistema Científico y Tecnológico del país. Tales situaciones son: a) insuficiente formación de personas en las áreas de Ciencia y Tecnología; b) la falta de condiciones equitativas para el desarrollo profesional en las actividades de investigación; c) un ecosistema científico diverso con múltiples líneas de investigación.

En cada uno de esos casos se propone, como se dijo, uno o varios puntos de eventual solución. Así, según el orden de lo expuesto en el párrafo anterior, las posibles salidas serían: a) promover, tanto la formación de personas altamente especializadas en las actividades científicas, así como el impulso en las vocaciones tempranas. Todo esto, como allí también se expresa, para conseguir “lo que a largo plazo garantizará un relevo generacional sólido y sostenido de la comunidad científica de nuestro país”; b) la necesidad de impulsar las trayectorias de investigación con un enfoque de inclusión, igualdad sustantiva y distribución regional, todos ellos aspectos que permitan garantizar tanto el desarrollo profesional como el mejoramiento en las actividades de la ciencia, tecnología e innovación, de tal modo “que el país pueda contar con una comunidad científica sólida”; c) esta diversidad, vista como una debilidad puede trocarse en una fortaleza si, atendiendo a prioridades nacionales, se promueve una articulación entre actores, se amplía la colaboración internacional y se reducen las brechas en materia de infraestructura. Todo ese conjunto estaría orientado a “enriquecer las bases para el desarrollo sostenible, científico y cultural del país”.

Por supuesto, dentro de las tres cuestiones problemáticas se identifican otras más en detalle y, también, con posibles propuestas de solución. Una de aquellas, principal, sería la del financiamiento. Este es abordado sólo a partir del dato genérico contenido en el indicador relativo al gasto en investigación científica y desarrollo experimental. Así, el Programa menciona que “México es la nación que menos invierte… entre los países de la OCDE, con apenas el 0.26 por ciento del PIB…”.

La recomendación de la UNESCO, vigente desde 1965, para que los países en desarrollo destinen el 1 por ciento de su PIB a esta actividad, incluyendo gasto publico y privado, no se ha conseguido, dado, según se explica en el Programa, por la baja aportación del sector privado: sólo un 13 por ciento versus el 81 por ciento del público. Leyes y Programas sectoriales en esta área han sido insistentes en esa proporción, sin embargo, los últimos años han sido, inclusive, de retroceso en esta materia. El 0.26 ya mencionado dista mucho del promedio de la OCDE (2.7 por ciento) y aún en varios de los países de América Latina. En la parte de indicadores y metas que consigna el programa se incluye el referente al presupuesto federal para este sector, partiendo del 2025 como años base, con un gasto equivalente al 0.44 del PIB (?), afirmando que en el año meta deberá ser de 0.5 por ciento.

Como ya se expuso, la próxima semana se abordará tanto la parte visión de largo plazo, así como la de comentarios sobre todo el texto.