AMLO y el boom de la educación superior intercultural

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un gran impulso a la educación intercultural superior, fundando ocho nuevas universidades interculturales (UI) en los últimos tres años del sexenio. Representa la mayor expansión del subsistema desde su creación durante el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), en cumplimiento con la llamada Ley Indígena, de 2001. Actualmente hay 19 universidades interculturales en México que atienden a más de 21 mil estudiantes —según las cifras más recientes, del ciclo escolar 2022-2023, y que no incluyen la matrícula de la mayoría de las instituciones nuevas—. La mayoría de las y los estudiantes de las UI son mujeres, así como miembros de los 68 pueblos originarios, un sector prácticamente excluido de la educación superior en el país. A pesar de que casi 20 por ciento de la población se identificó como indígena en el último censo de población, se estima que este grupo representa apenas entre 1 y 3 por ciento de la matrícula terciaria.

La expansión del modelo intercultural ha ocurrido en dos grandes olas: la primera entre 2003 y 2011, cuando se fundaron o incorporaron 11 UI, sobre todo en el sureste y en localidades con fuerte presencia indígena; la segunda, desde 2021, con la creación de ocho nuevas instituciones, concentradas en el norte y centro del país. Además de las UI, en 2023, se crearon otras dos universidades públicas orientadas a las minorías étnicas. La primera fue la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, cuya sede está en el sur de Ciudad de México y forma parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La otra es la Afrouniversidad Politécnica Intercultural, en la costa de Oaxaca, la primera universidad en el país en dar prioridad a los afromexicanos —una población que ha sido prácticamente invisible en la política pública mexicana—. El Censo de Población y Vivienda de 2020 fue el primero en contar a la población afromexicana; como resultado, 2.5 millones de mexicanos (2 por ciento de la población) se reconocieron como afrodescendientes.

Un referente regional en derechos indígenas
El subsistema de universidades interculturales representa un referente y una anomalía en América Latina, tanto por su tamaño como por su origen como una política de Estado. Las UI reciben la mitad de sus fondos del gobierno federal y la otra mitad de los estados en donde se ubican (en este sentido, se parecen a los tribal colleges y universidades de Estados Unidos y Canadá). En contraste, la mayoría de las instituciones interculturales en el resto de la región —que son muy pocas—, han surgido “desde abajo”, es decir, desde las propias comunidades indígenas o afrodescendientes. Cabe destacar que México también cuenta con una decena de instituciones comunitarias, también originadas desde la sociedad civil; no obstante, estas no forman parte del subsistema de las UI y la mayoría enfrenta fuertes retos económicos o institucionales.

Al priorizar la creación de universidades interculturales, López Obrador buscó cumplir con el primero de sus 100 compromisos de gobierno. En su toma de posesión del 1 de diciembre, de 2018, el presidente prometió lo siguiente: “En primer lugar, vamos a darle [sic] atención especial a los pueblos indígenas de México; es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país”.

Bajo esa política, el gobierno de la llamada “cuarta transformación” de México ha apoyado la creación de nuevas universidades interculturales en los estados de Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Sonora, Aguascalientes, Tlaxcala y Jalisco, en ese orden. Las instituciones ofrecen una gran variedad de carreras, todas con enfoque “intercultural”. Incluyen propuestas novedosas como las licenciaturas Lengua y Cultura Maya, en Yucatán, y Derechos Indígenas, en el territorio yaqui, en Sonora; así como la ingeniería en Agronomía Sostenible, en Guanajuato. El gobierno también ha ampliado el enfoque intercultural para incluir a madres solteras y adultos mayores, como es el caso de la Universidad Intercultural para la Igualdad, en Aguascalientes.

Entre la utopía y el desempleo
No obstante, hay claroscuros relevantes en la política de las universidades interculturales. Si bien las instituciones representan un avance importante en cuestión de equidad educativa, también enfrentan retos sustanciales para cumplir con su misión de impulsar el rescate y revitalización de las culturas y lenguas indígenas, así como de formar profesionistas capaces de ser “agentes de cambio” en sus comunidades de origen. Entre los desafíos están la falta de autonomía; la crónica escasez de recursos (financieros y humanos); la intromisión de partidos políticos; las tensiones en torno al currículo, y las dificultades que enfrentan los egresados en el mercado laboral.

Más que un solo modelo institucional, las UI presentan una gran diversidad en términos del tamaño de la matrícula, el grado de descentralización, la estructura de gobernanza y la oferta curricular. Aunque la mayoría del currículo de las UI está orientado a la preservación, promoción y desarrollo de las culturas, comunidades y lenguas indígenas, algunas instituciones también ofrecen carreras convencionales, como Derecho, Contabilidad y Turismo Empresarial. Un ejemplo es la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), la más grande de las universidades interculturales, en donde la mitad de los programas educativos son convencionales y 75 por ciento de los más de 7 mil 600 estudiantes cursan sus materias de forma semi-presencial o a distancia. A su vez, la Universidad Intercultural de Chiapas optó por la carrera de México Cirujano, en vez de ofrecer la licenciatura en Salud Intercultural, presente en varias otras UI.

Aunque la diversidad curricular se traduce en más opciones para los alumnos, no todas las carreras proveen las mismas oportunidades laborales para los egresados. Según los resultados de una encuesta aplicada por la UAIM, entre 2018 y 2021, a más de 500 egresados, los que cursaron carreras convencionales reportaron mayores tasas de empleo y mejores ingresos, en promedio, que los de carreras interculturales. Por ejemplo, 96 por ciento de egresados de la ingeniería en Sistemas de Calidad (una carrera orientada al sector industrial) estaba empleado y 55 por ciento ganaba más de 10 mil pesos al mes (la máxima categoría de sueldo incluida en la encuesta). En contraste, solo 52 por ciento de egresados de la licenciatura en Psicología Social Comunitaria tenía trabajo y apenas 6 por ciento ganaba más de 10 mil al mes, mientras que el grupo más grande de los empleados (37 por ciento) percibía entre 2 mil 500 y 5 mil pesos.

Tal situación tiene importantes implicaciones para las nuevas UI creadas durante el actual gobierno, que solamente ofrecen carreras de orientación intercultural. Es decir, ¿son compatibles los modelos curriculares de las interculturales con las realidades del mercado laboral, sobre todo en contextos de alta marginación? Según los estudios sobre las UI de mayor trayectoria, los resultados son mixtos. Por un lado, las instituciones han tenido un impacto importante en combatir las múltiples formas de racismo y colonialidad, al revalorizar los saberes de los pueblos originarios, además de fortalecer la identidad indígena frente siglos de discriminación y olvido. También proveen oportunidades para estudiantes que de otra forma no podrían acceder a la educación superior. Esto es particularmente relevante para las mujeres de comunidades indígenas y rurales, quienes representan 63 por ciento de la matrícula en las UI. No obstante, persisten muchos retos institucionales, sobre todo en cuanto al bajo nivel de inserción laboral de los egresados.

Pendientes a futuro
Para que el modelo de las universidades interculturales pueda cumplir con sus múltiples misiones, se requieren mayores apoyos del gobierno, en términos económicos y estructurales. Urge generar trabajos en el sector público para egresados y dotar a las universidades de mayor autonomía institucional, entre otras mejorías. El gobierno también debería ofrecer apoyo a las instituciones comunitarias, la mayoría de las cuales batallan por sobrevivir. Tal es el caso de la Universidad de los Pueblos del Sur, en Guerrero, que lleva casi dos décadas luchando por su reconocimiento para poder titular a sus más de 700 egresados. Otra es la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que cuenta con más de mil estudiantes, pero recibe pocas aportaciones del estado.

Por último, se deberían impulsar programas para estudiantes indígenas y otros grupos marginados a través de políticas de acción afirmativa en las universidades convencionales. Solo así el modelo intercultural puede transitar de ser una utopía a una verdadera política de equidad social.