A escrutinio, el desempeño público

Lo que hizo o dejó de hacer la actual administración gubernamental pronto estará en blanco y negro. Las votaciones serán este 2 de junio y en cuatro meses más iniciará una nueva gestión.

Durante los próximos meses, ahora el periodo de transición es más breve, la discusión pública estará en lo que continuará y lo que no, por lo que será inevitable trazar la línea base de la cual partir, tanto como reconocer en dónde se avanzó y en dónde ocurrió lo contrario. Vale la pena prestar atención a las fuentes, datos y responsabilidades.

La fuente oficial de datos más desagregada e importante en el sector científico y tecnológico son los informes generales que debe entregar el Conahcyt año con año. Una responsabilidad que no es nueva, lo indicaba la norma anterior y también lo dice la nueva ley.

El artículo 63 de la ley vigente establece que el organismo rector de la política debe emitir un informe sobre el estado general que guarda el sector y dar cuenta “del desempeño institucional, los resultados obtenidos y las áreas de oportunidad para el sector” (fracción XXVII).

Sin embargo, a la fecha no hay información actualizada, el reporte más reciente publicado por el Conahcyt corresponde al año 2021 y sus datos se refieren al año previo. Tal vez en los próximos meses aparezca un informe más, pero no parece probable que publique todos los restantes. No obstante, al menos tendría que estar el informe general completo de cierre de ciclo.

Otra fuente de datos son los informes anuales del ejecutivo federal. Los voluminosos documentos, esos sí entregados puntualmente al Congreso, contienen información de todas las entidades de la administración pública. El problema es que se trata de datos relativamente agregados, el panorama sirve para los números grandes, pero ahí no aparece el detalle de programas.

La difusión de iniciativas y logros es usual en el ejercicio de gobierno, como lo publicado en los informes de gobierno. Sin embargo, no es suficiente para cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas. Por ejemplo, un comunicado reciente del órgano rector de la política científica y tecnológica informa sobre los múltiples avances en el sector. Dice, entre otros aspectos, que sobresale la entrega de casi 64 mil 734 becas “entregadas de forma directa y sin intermediarios en el primer trimestre del 2024” (529/2024).

Lo notable es que reporta lo ocurrido en la segunda reunión de la Junta de Gobierno del Conahcyt. Esa instancia, así lo establece la ley actual, es la máxima autoridad del sistema científico y tecnológico, la preside la persona titular del Conahcyt y participan una veintena de representantes, entre servidores públicos y de los sectores académico, social y privado.

Las responsabilidades y atribuciones de la Junta suman casi una veintena e incluyen todo o casi todo lo que tenga que ver con la gestión del sistema y la operación del organismo, como el presupuesto, el cambio de normas, desde luego las políticas y los programas sectoriales e incluso nombramientos del personal.

Los acuerdos de la Junta han sido motivo de interés público, antes lo eran y hoy todavía más porque se conviritió en la instancia de mayor jerarquía, así que existe cierta exigencia por conocer su desempeño. De hecho, en el año 2022, previo a la aprobación de la nueva ley general de ciencia, estaba la propuesta para que tanto el sentido de las votaciones de la Junta, como las actas de las sesiones se pudieran consultar libremente. La propuesta fue aprobada en comisiones, pero rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados.

El comunicado actual del Conahcyt sobre la Junta añade otra serie de logros, como que ya alcanzó el 95 por ciento de gratuidad en los programas de posgrado de las instituciones de educación superior, un porcentaje de crecimiento en el Sistema Nacional de Investigadores del 53.5 por ciento respecto a los números de 2018, o bien, el monto de financiamiento para proyectos de investigación.

El problema es que sin mayor información o puntos de referencia es difícil valorar la actuación de la Junta o las decisiones que ha tomado. Por ejemplo, el anuncio de casi 65 mil becas entregadas directamente, contrasta con lo reportado en el último informe de gobierno.

En los anexos estadísticos de último informe se indica que en 2018 el Conahcyt entregó 55 mil 962 becas y para el 2023 fueron 54 mil 928 (pág. 199). Se entiende que las cifras del 2023 del informe son preliminares por su fecha de corte y pueden ajustarse ligeramente al alza pero no de forma desproporcionada. Si no rebasaron las 56 mil becas en todo el periodo de gestión, ¿cómo fue que aumentaron en casi diez mil en el primer trimestre del último año de gestión? ¿Qué tipo de becas son?

Tal vez los informes que faltan o los libros blancos nos ofrezcan las respuestas correctas. Llegó la hora de ponderar los resultados y no se podrá evitar el escrutinio público sobre el desempeño.

Pie de página: Literalmente, las cartas de apoyo de las principales contendientes a la presidencia de la República están sobre la mesa. ¿Usted ya decidió su voto? Nos vemos el domingo.

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