Las tres reformas educativas

Firmas invitadas

Vanessa Rubio Márquez

Vanessa Rubio Márquez

Senadora de la República. Anteriormente Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de SEDESOL y Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE.

Vanessa Rubio Márquez Las Tres Reformas Educativas

Las Tres Reformas Educativas

Publicada en la Edición 800 del Suplemento Campus Milenio, mayo 9-15 de 2019

La primera reforma educativa a la que me refiero fue promulgada el 10 de septiembre de 2013 durante la pasada administración y tenía como objetivos responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita; asegurar una educación de calidad; establecer escuelas de tiempo completo; un servicio profesional docente con reglas que respetaban los derechos laborales de los maestros vía incentivos (mejorables quizá), a fin de que fueran evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente, creando el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La segunda reforma (o contrarreforma), fue presentada por la nueva administración el pasado 12 de diciembre de 2018 y eliminaba toda referencia a una educación de calidad; dejaba dentro de un área gris la autonomía universitaria; eliminaba el INEE y con el ello, la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente. Es cierto que también proponía fortalecer las escuelas normales; la educación rural y daba obligatoriedad a la educación superior.

La tercera reforma es la que resultó de audiencias públicas, propuestas del PRI, PAN, MC y PRD, organizaciones de la sociedad civil y expertos; quienes los últimos tres meses generaron una versión mejorada respecto de la propuesta original planteada por la nueva administración. Esta nueva propuesta en sus puntos positivos, reconoce a los profesores como agentes de transformación social; garantiza la educación obligatoria y gratuita desde los primeros años hasta la universidad; reconoce la autonomía universitaria; garantiza la educación preescolar; plantea un esquema de educación continua para los maestros; reconoce no sólo las credenciales académicas de los maestros, sino también la experiencia; contempla la igualdad sustantiva, prioriza a las comunidades rurales y la educación intercultural. En los puntos negativos (que son estructurales y fundamentales), abre la posibilidad de un retorno del control sindical sobre las plazas del magisterio, elimina la permanencia de los maestros por vía de evaluaciones que probaran capacidad y calidad para asegurar una educación de calidad para niños y jóvenes.

Esta tercera reforma, fue aprobada el pasado jueves 25 de abril en la Cámara de Diputados y fue enviada al Senado para su discusión. Después de largas horas, el pasado martes 30 de abril, el Senado aprobó en lo general la propuesta, y la rechazó en lo particular (le faltó un voto al grupo mayoritario y faltaron a la votación 4 Senadores de la alianza en el poder, cuyo voto hubiera sido definitorio a favor). La iniciativa, por ende, tuvo que ser enviada de regreso a la Cámara de Diputados (cámara de origen) para que nuevamente se analicen y discutan los artículos reservados, que son la mayoría.

Hay tres temas de preocupación de fondo: el poder sentar un precedente muy malo en la relación del gobierno con los órganos autónomos que no gustan: desaparecerlos, tal cual se pretende hacer con el INEE. El cambio más profundo para la educación, su calidad y competitividad es sin duda, el que se deja abierto para la legislación secundaria (es decir no entra en el cambio constitucional), lo referente al ingreso, promociones y permanencia del profesorado. Ello puede abrir la peligrosa puerta de que los sindicatos tomen de nuevo el control de este proceso y podamos volver a ver prácticas abusivas como la venta y herencia de plazas; y el que los niños puedan ser “enseñados” por un profesor que ha reprobado tres veces una evaluación. El tercer problema es el financiamiento de los derechos que se otorgan en esta nueva reforma, por ejemplo, el garantizar la educación superior de manera obligatoria.

La tasa de cobertura escolarizada para el ciclo 2017-2018 en educación secundaria alcanzó 97.5%; para la media superior llegó al 78.5%; y la educación superior logró tan solo el 33%.

A pesar del incremento en la matriculación de 2.4 millones en el 2000 a más de 4 millones en 2018, seguimos teniendo una gran tarea, ya que el nivel en el que se encuentra la cobertura de la educación profesional en México está por debajo del nivel esperado dado el grado de desarrollo de nuestro país. Entre 2007 y 2018, el porcentaje de los jóvenes de 25 a 34 años con educación superior aumentó de 16% a 24%, esta proporción está todavía muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 44%.

Pretender la obligatoriedad y garantía de proveeduría por parte del Estado de la educación superior, suena muy bien, sin embargo, es necesario que se aseguren recursos suficientes para el disfrute de este derecho. Lo peor que se pueden crear son expectativas que no se cumplirán por falta de fondos.

Las y los niños mexicanos en promedio estudian tan sólo 9.5 años, 19% de las primarias comunitarias tienen piso de tierra, 14% de las escuelas primarias no cuentan con un aula para cada grupo, 86% de los docentes de primaria reportan no tener suficientes o ningún material didáctico de apoyo disponible en su escuela. La tasa de deserción entre la educación secundaria y media superior es de 4.9% y la tasa de abandono escolar en educación media superior es de 9.0%. Al tiempo de corregir esto, se debe asegurar la infraestructura y todos los elementos para la obligatoriedad de la educación superior.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 destinado a la educación incrementó en tan solo 9.6%. ¿Cómo se van a subsanar las deficiencias y asegurar la educación superior para todos con ese presupuesto? Los números no suman.

Se deberá hacer un esfuerzo extraordinario en el gasto para lo que resta de 2019 (a partir de ahorros y/o reasignación de recursos), y para el PEF 2020 debe haber un incremento consistente con los compromisos de la nueva reforma. Planes o peor aún, deseos sin fondeo, serán promesas incumplidas. Solo que, en este caso, se estarían incumpliendo derechos constitucionales.

Es altamente probable que la tercera reforma educativa se apruebe el primer tercio de mayo. Habrá problemas severos de origen que prácticamente van a abolir la calidad educativa para los niños de México y su instrumentación estará llena de desafíos, los presupuestarios entre ellos.

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