Una confrontación parece gestarse entre el gobierno y las instituciones públicas de educación superior
¿Cuál es el peso relativo de las universidades en los sistemas de educación superior contemporáneos? ¿Cómo se han transformado durante las dos primeras décadas del siglo XXI? ¿Qué factores causales influyen para esas transformaciones? ¿Cuáles son sus déficits, incertidumbres y desafíos inmediatos? Estas preguntas forman parte de un debate largo y denso sobre el papel de las universidades en las sociedades contemporáneas, pero son cuestiones que no admiten respuestas simples.
El punto de partida de este debate es identificar el peso de las universidades en el subcontinente latinoamericano. Comencemos con algunos datos generales. Hoy, 4 de cada 10 instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe son universidades públicas o privadas. El resto (6 de cada 10) son instituciones no universitarias, es decir, escuelas tecnológicas, centros formadores de profesionales calificados y especializados, institutos de formación de profesores (normales). Pero además, dentro de estre universo institucional de casi 11 mil IES, sólo 1 de cada 10 son universidades públicas. Esto significa que la universidad es una figura que ha perdido desde hace tiempo el monopolio de la educación superior en la región.
Ello no obstante, las universidades configuran un territorio de enorme atracción social para las poblaciones latinoamericanas. Hoy, 52 por ciento de los jóvenes entre 19 y 23 años están matriculados en alguna IES. Hace 20 años (en el 2000), sólo lo estaba el 23 por ciento (https://www.iesalc.unesco.org/publicaciones-2/).En 2015 había 26. 2 millones de estudiantes de la educación terciaria en la región, que aumentaron a 28.8 millones en 2020 (http://data.uis.unesco.org/). Es dificil estimar cuántos de esos estudiantes y en que porcentajes está inscritos en las universidades públicas, pero seguramente su peso es significativo y varía fuertemente en los distintos países. México, Argentina y Uruguay, por ejemplo, concentran más estudiantes universitarios que no universitarios, a diferencia de Chile, Brasil o Colombia.
Los nuevos ejes
Esas estimaciones generales permiten afirmar la hipótesis planteada hace unos años por José Joaquín Brunner de que durante el proceso de masificación del acceso a la educación superior en la región, las ideas y las representaciones de la universidad cambiaron significativamente. La masificación significó la “mesocratización” de las universidades, un proceso en el cual la feminización de los accesos y el arribo de nuevos estratos y grupos sociales pertenecientes a las clases medias urbanas y rurales, propiciaron un fenómeno de “modernización espontánea” de la educación superior latinoamericana. Los ejes de este complejo proceso sociológico, económico y político significaron varias cosas al mismo tiempo, pero algunas de las dimensiones clave son las siguientes:
Dimensión política: nuevos arreglos entre Estado y universidades. Se trata de un reordenamiento del peso del Estado en el comportamiento de las universidades. La expansión y diversificación de las ofertas no universitarias fue resultado de una decisión política que alentó la apertura de nuevas opciones de educación superior, disminuyendo el peso de las universidades públicas históricas en términos de matrículas y establecimientos.
Dimensión académica: centralidad de la investigación. Las universidades centradas en la docencia impulsaron desde finales del siglo pasado una reforma centrada en el fortalecimiento de la investigación. Con ese giro, la legitimidad institucional se desplazó desde la formación profesional hacia la productividad académica. La república de los licenciados fue desplazada por la república de los doctores; el énfasis en la docencia fue desplazado por la expansión de la investigación básica y aplicada. Es discutible la magnitud y efectividad de ese cambio, pero las políticas gubernamentales y el ascenso del capitalismo académico explican el fenómeno.
Dimensión organizacional: centralidad de la gobernanza. El enfoque de la nueva gobernanza pública dominó la implementación de nuevos esquemas de gobierno universitario. Se pasó de enfocar el problema del gobierno universitario como un problema de gobernabilidad política, hacia un problema de coordinación y cooperación de acciones dirigidas a mejorar la calidad, efectividad y eficiencia del desempeño institucional de las universidades. Las políticas basadas en incentivos y las métricas basadas en indicadores fueron los ejes de esas transformaciones.
Dimensión cultural: nuevas narrativas sobre la universidad. El lenguaje construido en torno a la universidad alteró sus tonalidades, y una nueva noción de cambio se desarrolló en el centro de los relatos sobre la universidad. Las ideas de la reforma y la autonomía que dominaron las narrativas universitarias durante buena parte del siglo XX, cedieron el paso a las ideas del emprendurismo, la innovación institucional y compromiso público del siglo XXI.
¿Confrontación en ciernes?
Estos campos de transformaciones ocurrieron en un complicado entorno de cambios políticos y sociales que impulsaron nuevos enfoques sobre la “misión de la universidad”, justo como hace casi un siglo José Ortega y Gasset se refirió a la necesidad de repensar a la universidad en una época de cambios convulsivos. Hoy, asoman en el horizonte nuevas exigencias que implican descalificaciones y cuestionamientos gubernamentales a la autonomía y las funciones intelectuales, académicas y culturales de las universidades públicas. Frente a esos cuestionamientos, frecuentemente realizados desde el cálculo político, la ignorancia o los prejuicios de las nuevas elites de poder, las dimensiones de los cambios parecen entrar en una nueva fase, con la incertidumbre instalada fuertemente en el centro de todas ellas.
En esas circunstancias, un ciclo de conflictividad parece abrirse paso en el mapa de las relaciones políticas entre las políticas gubernamentales y las universidades públicas. El caso del CIDE es quizá el más representativo y escandaloso del nuevo ciclo. Pero las frecuentes críticas presidenciales a las universidades públicas, las hiperrestrictivas políticas de financiamiento a esas instituciones y a los centros de investigación, el impulso a nuevas reglas del juego en la educación universitaria, pavimentan rápidamente el camino hacia la confrontación entre el gobierno federal y las universidades públicas.
