Se cumplen dos décadas de la promulgación de la primera Ley de Transparencia, la cual representó un desafío enorme para el país
El pasado 12 de junio se cumplieron dos décadas de la promulgación de la primera Ley de Transparencia, misma que tenía un ámbito de validez federal. Con ese motivo, los días 12, 13 y 14 se verificaron sendas ceremonias para conmemorar el acontecimiento, tanto en la sede del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en la Ciudad de México; en Culiacán, capital del estado que tuvo la primera ley de carácter local en el país; y en la Universidad de Guadalajara, que organizó un encuentro académico.
Como lo recordó Blanca Lilia Ibarra, presidenta del organismo autónomo, esa primera ley en la materia representó “una transición hacia una sociedad más documentada, que ha exigido romper los paradigmas gubernamentales acostumbrados a operar de manera discrecional”. En ese sentido, la Ley Federal de Transparencia (LFT) tuvo un gran objetivo: defender dos derechos humanos íntimamente entrelazados. Por un lado, el que los ciudadanos puedan tener acceso a la información proveniente de la esfera gubernamental; por el otro, que la misma ciudadanía tenga la garantía de ser protegida por el Estado en la eventual difusión de sus datos personales.
La ley tuvo un origen singular: fue el producto de un consenso entre grupos y organizaciones de la sociedad civil con los tres Poderes de la Unión. Se trataba de echar a andar un mecanismo que, incorporado a la Constitución tres décadas atrás (el Derecho a la Información, Artículo 6), no había tenido vida operativa.
Así, la transparencia tiene su fundamento en los Artículos 6 y 16 de la Carta Magna. El primero, cuando establece una garantía individual en el sentido de que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información (pública), plural y oportuna…”. El segundo, para fijar un derecho de la misma jerarquía por lo que se refiere a “la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, y cancelación de los mismos…”. En ambos casos se trata de derechos exigibles frente al Estado y sus instituciones. La LFT de 2000 obligó expresamente a las universidades públicas, toda vez que, como se anotaba en el Artículo 3º constitucional, se considera a aquellas como parte de los llamados órganos constitucionales autónomos.
En 2015 la LFT se transformó en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT). Esta incluye a “los órganos autónomos… así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos”. Con ello su ámbito de validez se extendió a todo el Estado mexicano. El origen de esta transformación se encuentra en otra reforma a la Constitución realizada en el 2007 y en el mismo Artículo 6º. De acuerdo con aquella, también las entidades federativas y los municipios deben garantizar ese derecho humano. Por consiguiente, son las legislaturas de cada estado las que deben proveer las normas y organismos para ese propósito.
La nueva ley se constituyó de inmediato en un desafío enorme para todos los sujetos obligados, dos de ellos, precisamente, las universidades autónomas y sus sindicatos. Así, la LGT amplió considerablemente las obligaciones a que ya estaban sujetas las IES. Además, se profundizó en las responsabilidades para que dichas instituciones fomenten el uso de tecnologías de la información en todo aquello que deben poner al alcance del público.
Conclusión. Dos aspectos serían destacables:
• La implantación de la ley para los sujetos obligados ha sido muy dispareja, tal como aconteció en las propias IES. Una revisión a sus portales electrónicos así lo evidencia. Los rasgos que definirían una información apegada a la ley suelen ser, en el mejor de los casos, sólo aproximaciones (“veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable”).
• El ímpetu con que nació la transparencia en 2002 ha venido disminuyendo. Desde el inicio del actual sexenio, el ejecutivo federal ha mostrado animadversión hacia los órganos autónomos constitucionales, a la cabeza de ellos el INE. Al INAI lo considera “caro e ineficaz para combatir la corrupción”, siendo mejor que sus tareas las asuma la Secretaría de la Función Pública. En la ceremonia de 20 años, verificada en el INAI, las representaciones del Poder Judicial (ministra Jazmín Esquivel), del Senado (su Presidenta, Olga Sánchez Cordero), y de la Fiscalía General de la República (María de la Luz Mijangos), ofrecieron mensajes positivos a favor del organismo. Significativamente, el Poder Ejecutivo Federal no tuvo representación alguna. Pareciera que el futuro de este organismo constitucional no tiene una ruta expedita para avanzar, salvo que…
