México está en vilo, sumido en una incertidumbre desgastante. Los discursos triunfalistas que machacan, con creciente vacuidad, la capacidad de las autoridades gubernamentales a controlar cualquier contingencia, se resquebrajan frente a una realidad compleja y a la expansión de una pandemia de coronavirus, interpretada por muchos como apocalíptica. Si bien todos concuerdan en que la prioridad absoluta es la invención y la distribución amplia de una vacuna contra el covid-19 en una lógica de salud pública, ese consenso no debe opacar el hecho que el debate público requiere incorporar otras cuestiones.

En nuestro país, esas conciernen las estrategias para combatir la recesión económica, recuperar la seguridad pública o personal y reconstruir la cohesión social (la paz, dicen incluso algunos) ante una crisis profunda y multiforme. Cualquier avance en esa dirección implica acuerdos prácticos, respuestas éticas y culturales pero, asimismo, una suma de esfuerzos por parte de ciudadanos de buena voluntad. Los constantes anatemas y las descalificaciones mutuas de partidarios y adversarios del gobierno contribuyen a la polarización conforme con un principio artificial de incompatibilidad insalvable entre convicciones ideológicas distintas. Poco aportan a la discusión de problemas apremiantes y, al exigir una definición binaria en pro o en contra, descalifican de entrada opiniones balanceadas. En esa circunstancia, las de los científicos, principalmente sociales, son difícilmente audibles, por ser argumentativas, no polémicas.

En educación superior, sin embargo, los investigadores establecieron ya las coordenadas de la coyuntura. Convocados por asociaciones como el Consejo mexicano de investigación educativa (COMIE) o bien auto-organizados en redes y en grupos de discusión, delinearon urgencias a atender, ahora y después. Valoraron los efectos, positivos y negativos, de la Educación a Distancia (EAD) como el soporte por excelencia de la continuidad educativa. Reconocieron que fue utilizada con eficacia instrumental en una situación de excepción, pese a la habilitación improvisada de sus promotores y usuarios.

Con base en esas ponderaciones, advirtieron que, para mejorar resultados, convendría lanzar programas de formación de amplio alcance, abiertos tanto a los docentes como a los estudiantes para que se beneficien más de las ventajas de las TIC. Señalaron asimismo que habría que invertir en pro de la equidad. Dotar toda la matrícula de equipamientos para acceder a los servicios de EAD, fuera de los establecimientos educativos, permitiría evitar que la brecha digital acreciente los riesgos de deserción en los grupos vulnerables.

Apuntaron la relevancia de evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, durante el periodo de cierre de las instalaciones.  Sugirieron medir los grados de resiliencia de los alumnos en función de los ciclos de estudios, de las disciplinas y de los recursos movilizados por los establecimientos. En resumidas cuentas, recomendaron averiguar, mediante encuestas de extensa cobertura, combinadas con estudios exploratorios, de tipo cualitativo, cuáles aprendizajes significativos acumularon los actores educativos, eso con el fin de no desperdiciar las habilidades adquiridas.

Sus conclusiones permiten, desde ahora, visualizar una agenda estructurada sobre prioridades de acción más precisas que las esbozadas por los discursos, ahora muy socorridos, sobre la hibridación de los soportes educativos, virtuales y cara a cara. A la luz de lo que ocurrió en el país desde el 23 de marzo 2020, demuestran que será preciso detectar sistemáticamente fortalezas y disfuncionamientos, procurando combinar cambios, remediales y prospectivos, con la capitalización y la preservación de lo que se hacía decorosamente desde antes. 

Por ello, es urgente aprovechar el tiempo que nos separa del “regreso a clases” (como sea que se dé e independientemente de cuando se concrete) para emitir propuestas concretas sobre temas adicionales a los ya documentados. En el campo educativo, la crisis del coronavirus reveló la emergencia de retos pedagógicos, organizativos y docentes-académicos inéditos. Se requiere optimizar su análisis. Un ejemplo es el del modelo de gobernanza universitaria, fisurado entre un cumplimiento, al pie de la letra, de normativas burocráticas inadaptadas a la circunstancia y desconectadas de las exigencias formuladas por académicos y estudiantes. Otro es el de la reconfiguración de las tareas exigidas a los docentes y a los investigadores, susceptible de justificar una reorganización de la profesión potencialmente contraria a las tradiciones y valores de sus integrantes.

De no ser resueltas a tiempo, esas cuestiones pueden ensanchar las fracturas prexistentes entre los grupos que integran organizaciones universitarias, cada vez más rígidas pero, internamente, articuladas de manera endeble. Simultáneamente, abren la oportunidad de proponer innovaciones sustanciales en aspectos esenciales de la vida universitaria. Esperemos que, para resolver esa encrucijada delicada, se aposte a la inteligencia colectiva y a la inventiva más que a las rutinas que, por ser conocidas, no son menos asfixiantes.