Suplemento Campus

SUPLEMENTO SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR

12 de agosto de 2020 3:44 PM

Las firmas de Campus / Portadas 2020

Roberto Rodríguez Gómez

Roberto Rodríguez Gómez

UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales
roberto@unam.mx

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Coordinación del sistema de educación superior ¿Podemos aprender de la experiencia?

•Diversos organismos han abordado la problemática de organizar la diversidad de regímenes académicos y administrativos de los subsistemas de este nivel educativo.

Uno de los temas centrales en el debate sobre la próxima Ley General de Educación Superior es el del diseño de un nuevo y mejor mecanismo de coordinación de los subsistemas e instituciones de educación superior del país. Por subsistemas se entiende, hasta ahora, la división entre instituciones universitarias, instituciones tecnológicas y escuelas normales y otras dedicadas a la formación docente. Es decir, tres subsistemas como parte integrante del sistema nacional. El subsistema universitario está integrado por universidades públicas autónomas o descentralizadas, incluso el sistema de universidades interculturales, así como las universidades y otras instituciones de educación superior del sector privado. El tecnológico se forma con el Politécnico Nacional, las más de doscientas sedes del Tecnológico Nacional de México (institutos tecnológicos federales y descentralizados), así como las universidades tecnológicas y politécnicas. Por último, el subsistema de formación de docentes lo conforman las escuelas normales (públicas y particulares) y las unidades de la Universidad Politécnica que brindan servicios de formación de profesores para la enseñanza básica y normal. Gosso modo, así es como está configurado el sistema.

El llamado “problema de la coordinación” atiende a la generación de relaciones estables y reguladas entre la autoridad federal, las correspondientes de los estados, y el amplísimo conjunto de instituciones de educación superior que hoy forman parte del sistema. No es un problema simple y de fácil solución por la diversidad de regímenes académicos y administrativos con las que estas operan, así como por la trayectoria y huella histórica que ha dejado la relación entre el Estado y las instituciones a lo largo de muchas décadas de operar sin un marco regulatorio general, lo que es uno de los objetivos centrales del diseño normativo por venir.

Los que conocen del tema distinguen varias fases o ciclos en los que puede ser descrita y analizada esta compleja relación. Una primera etapa, la de mayor duración temporal, comprende desde la fundación de la Universidad Nacional en 1910 hasta finales de los años sesenta. En este lapso se establecieron las primeras universidades públicas autónomas del país, comenzando por la de San Luis Potosí en 1923, se vivieron momentos de tensión entre la perspectiva de política educativa gubernamental y el enfoque liberal universitario, se abrió la vía tecnológica a partir del sexenio del presidente Cárdenas, y al cabo se instaló un sistema de doble regulación o de división de funciones. Por un lado, las universidades públicas autónomas con subsidio principalmente de las haciendas estatales, salvo el caso de la UNAM, y prácticamente sin injerencias de la autoridad federal es los aspectos académicos y administrativos. Por el otro, un control pleno de dicha autoridad sobre el conjunto de instituciones tecnológicas. En este momento no se cuenta a las IES de formación de maestros porque aún no impartían estudios de tipo superior. Las contadas universidades privadas establecidas en esa fase debían ser reconocidas por el Estado pero podían operar bajo su propio criterio y vocación.

La situación se modificó a partir del sexenio de Luis Echeverría en los años setenta. En ese periodo, el gobierno impulsó una decidida política de crecimiento de las universidades públicas que implicó que la Federación comenzara a hacerse cargo del su financiamiento. Fue un cambio brusco porque el ámbito federal llegó a subsidiar prácticamente el noventa por ciento del gasto universitario al final del periodo. Ello hizo que el ejecutivo federal comenzara a ejercer un control central y centralizado en los procesos de desarrollo universitario. Gradualmente, pero sin pausa. Bajo criterios eminentemente políticos antes que de cualquier otra naturaleza.

En contrapeso y también bajo una lógica de intercambio (con la autoridad federal), las universidades autónomas fortalecieron sus mecanismos de interlocución y toma de acuerdos para definir, desde su autonomía pero con sensibilidad a los lineamientos de política pública del momento, la ruta del desarrollo del sistema. Son de recordarse la serie de reuniones de la ANUIES de ese periodo que establecieron un conjunto de acuerdos para identificar los problemas centrales del sistema y promover alternativas para una política universitaria nacional de largo aliento. Todo ello habría de culminar en el año de 1978 en que se aprobó la Ley de Coordinación de la Educación Superior al mismo tiempo que el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES), conformado por instancias de planeación nacional, regional, estatal e institucional y una propuesta de Plan Nacional de Educación Superior (PRONAES).

La crisis de 1982 impidió que el SINAPPES entrara en operación, como estaba previsto, en funciones de mecanismo de planeación y concertación. Algo se avanzó durante el sexenio de Miguel de la Madrid gracias a la expedición de la Ley de Planeación y la necesidad de formular los primeros planes indicativos para el sector. El momento importante y de cambio habría de ocurrir a partir del periodo presidencial de Salinas de Gortari, en que las ideas e instancias del SINAPPES son recuperadas, se reinstala el Consejo Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) y las comisiones estatales correspondientes (COEPES). En ese sexenio y en los siguientes el modelo de concertación prevalecería y habría de generar los nuevos mecanismos, instancias e instituciones para la coordinación del sistema, comenzando con el conglomerado de universidades públicas.

El CONPES contaba con un secretariado conjunto, integrado paritariamente por autoridades gubernamentales y autoridades universitarias. Gran idea. Como órganos técnicos para la implementación de acuerdos, de CONPES se habría de derivar, entre otras comisiones, la correspondiente a la evaluación de la educación superior, denominada CONAEVA, y este órgano daría pie a la creación del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), los comités de pares para evaluación diagnóstica de programas (los CIEES) y al cabo al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el COPAES, establecido en 1999. ¿Cómo se desarrolló este modelo de concertación en los sexenios del PAN? ¿Dio buenos resultados? ¿Cuáles fueron sus límites?. Eso, la próxima semana.

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