El filo del hacha. Adrián Acosta

El filo del hacha

Inconsistencias políticas y los arraigados prejuicios del oficialismo hacia las universidades públicas salen a relucir en el nuevo recorte a los presupuestos universitarios.

El recorte presupuestal federal para la educación superior se consumó la semana pasada.

Adrián Acosta Silva

Adrián Acosta Silva

ESTACIÓN DE PASO
Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara.

Finalmente, el recorte presupuestal federal para le educación superior se consumó la semana pasada. Luego de las discusiones, acercamientos y cabildeos de rigor, cuyo resultado fue de algunos ajustes mínimos a la propuesta presupuestal educativa enviada por el ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, los recursos federales al sector registran un pírrico 0.1 por ciento de incremento general en términos reales para el 2021. Eso significa la confirmación de una tendencia observada rigurosamente desde 2015, un período transexenal que conserva la misma lógica reduccionista de los recursos públicos federales hacia la educación terciaria que afecta de manera especialmente aguda a las universidades públicas federales y estatales.

El presupuesto federal al sector, como se sabe, tiene dos grandes componentes: el ordinario (gasto corriente) y el extraordinario (fondos para programas especiales o estratégicos). Según cálculos de la Anuies, entre 2015 y 2020 el presupuesto federal ordinario a las universidades experimentó incrementos anuales inferiores a la inflación, lo que provocó un déficit acumulado de más de 15 mil millones de pesos a lo largo del período. Con la aprobación del presupuesto 2021, ese déficit se incrementará a casi 19 mil millones de pesos.

En lo que respecta a los fondos extraordinarios la situación es aún más delicada. De los 11 fondos existentes en 2015, sólo se conservarán 2 en 2021. En el presupuesto del próximo año, desaparecerán 3 programas que hasta este 2020 se mantenían vigentes: “expansión de la oferta educativa”, “fortalecimiento de la excelencia educativa” y “carrera docente”. Y dos programas se mantienen pero registrando una drástica disminución de casi el 50 por ciento en su recursos: el “Programa de Desarrollo Profesional Docente” (PRODEP), y el “Programa de infraestructura social del sector educativo”. En conjunto, con la desaparación de los 3 programas mencionados y el recorte a los dos que nominalmente se mantendrán activos el próximo año, las universidades dejarán de recibir casi dos mil millones de pesos en 2021.

La única reconsideración presupuestal para la educación superior fue en el caso de las escuelas normales de educación superior, las cuales recibirán un incremento ajustado de 149 millones de pesos el próximo año. Como también se esperaba, los programas federales que recibirán un incremento real y absoluto son los relacionados con el programa de “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García” y el programa de becas “Jóvenes escribiendo el futuro”.

El argumento que justifica las decisiones gubernamentales es de carácter político, técnico y económico. Las políticas de austeridad que caracterizan la retórica oficialista desde diciembre de 2018, los costos de la crisis sanitaria y económica de este año, la diminución de los recursos fiscales, los cambios en el entorno económico internacional, la búsqueda de mayor eficiencia en el gasto, la lucha “contra la corrupción y el desplifarro”, forman parte de la narrativa que acompaña la música de la austeridad y el ajuste presupuestario. En esa perspectiva, las prioridades gubernamentales no contemplan el apoyo a las universidades públicas, sino a otros sectores, con otras voces y actores. En ese contexto, la lógica que articula la “política de las políticas” del oficialismo es muy clara: asegurar el control/centralización de los recursos públicos mediante la asignación directa de los mismos, “sin intermediarios”. Y las instituciones (las universidades públicas) son consideradas intermediarias incómodas que afectan esa lógica de asignaciones directas de los presupuestos federales.

¿Cómo entender todo eso? Bien visto, no se trata de un diagnóstico que alimente un cálculo financiero y politico. Se trata del predominio de una imagen firmementemente instalada en la colección de prejuicios, fobias y escepticismos del nuevo oficialismo. En el fondo de la imaginería oficialista, las universidades son espacios de privilegio, no populares, dominadas por sus rectores y los grupos políticos que los sostienen y acompañan, donde los académicos suelen ser individuos que se dedican frecuentemente a la “levitación” intelectual (como señaló el propio Presidente en una de los sermones mañaneros el año pasado), que ganan demasiado dinero, y que no tienen compromisos con las verdaderas causas populares. Más aún: las universidades suelen ser consideradas como espacios de prácticas “decadentes” y críticas inexplicables a las acciones gubernamentales, como ocurrió en la mañanera del viernes pasado, cuando el Presidente se refirió en tono sarcástico a la Feria Internacional del Libro, organizada por la Universidad de Guadalajara. Esas representaciones políticas sobre las universidades y de sus dirigentes y comunidades están en la base de una profunda desconfianza y recelo presidencial sobre la autonomía universitaria.

Las implicaciones del recorte presupuestal contradicen otras acciones y proyectos del propio oficialismo, como las disposiciones contenidas en el anteproyecto de la Ley General de Educación Superior que se encuentra en la fila de la discusión y posible aprobación de la cámara de senadores antes de que finalice este mismo año. También se encuentra en tensión con los principios de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior que se añadieron a la reforma del artículo tercero constitucional en mayo del 2019, promovidas y aprobadas por el propio oficalismo morenista. Esas inconsistencias políticas y las representaciones y arraigados prejuicios del oficialismo hacia las universidades públicas están en la punta del filo del hacha que explica el nuevo recorte a los presupuestos universitarios del 2021.

En esa condiciones, una extraña sensación déjà vù flota en el ambiente. Los fantasmas y realidades de la década perdida de los años ochenta del siglo pasado vuelven a aparecer en los campus universitarios. Y esa sensación bien puede ser acompañada por la palabras pronunciadas con entusiasmo por uno de los personajes de El Gran Gatsby, la célebre novela de Fitzgerald: ”¿Que no podemos repetir el pasado? ¡Claro que podemos!”.

Adrián Acosta Silva
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