Parece una osadía y una provocación, sólo el tiempo lo dirá. Intentar modificar la Ley Orgánica de la UNAM, la cual ha permanecido inalterable durante 78 años, únicamente para cambiar sustancialmente la forma de elección del rector. Se trata de una acción que pronto se sabrá a cuál de esos calificativos responde. Osadía, porque una “iniciativa” de reforma de ley ya fue presentada en la Cámara de Diputados, al margen o en contra de lo previsto en el Artículo 3º constitucional y en el Artículo 2º de la Ley General de Educación Superior; en esas condiciones, la Cámara no puede siquiera darle entrada formal ni trámite alguno. Provocación, ya que, a sabiendas de tales obstáculos legales, el solo intento ha levantado ya muchas voces de alarma y preocupación por tal hecho. Todo esto ocurre a seis meses del inicio del proceso para la designación del jefe nato de la UNAM. Un enfoque de este asunto a la luz del Estado de Derecho debería desechar de inmediato dicha iniciativa. Veamos esto con mayor detalle.

El jueves de la semana pasada, el diputado Armando Contreras Castillo presentó la iniciativa ya mencionada. En un texto de 12 páginas, se formula una propuesta concreta. Esta se sintetiza en un nuevo artículo de aquella ley, en la cual se lee lo siguiente: “La persona titular de la rectoría será elegida por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal libre, secreto, personal e intransferible, conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca el Consejo Universitario, que deberán garantizar el principio de libertad de género”.

Como puede verse, se trataría de que toda la comunidad de la UNAM, casi medio millón de personas, votaran por su candidato de preferencia. Para ello, supongo (la iniciativa no indica nada al respecto), habría campañas a favor o en contra de los eventuales candidatos como si se tratase de un puesto de elección popular, diputados o presidentes municipales. Salvo alguna universidad pública estatal en este momento, tal procedimiento seguido en los años setenta en las denominadas en esa época universidades “críticas, democráticas y populares” fue abandonado para que sean órganos intermedios los que procesen una elección de ese tipo.

Una lectura al texto de la iniciativa expone, a manera de tesis, que el cambio de Ley Orgánica obedecería a dos argumentos: a) existe un desfase entre la actual realidad circundante a la institución y una ley que permanece anclada a casi ocho décadas de distancia. Tendría, por tanto, que modificarse; b) la Junta de Gobierno es un organismo obsoleto y elitista.

En las propias palabras ahí contenidas, la Junta de Gobierno: a) “se ha constituido en una instancia impermeable a la renovación generacional de las instituciones sociales y de gobierno, consolidándose como un factor de inmovilismo político; b) mantiene una estructura de gobierno profundamente cupular y vertical.

Antes de analizar los aspectos básicos de la iniciativa, convendría recordar un momento esencial en la vida de la UNAM y el papel jugado por la Junta de Gobierno. Cuando el rector Barros Sierra presentó su renuncia, el 23 de noviembre de 1968, (“Estoy siendo objeto de toda una campaña de ataques personales, de calumnias, de injurias y de difamación… en México todos sabemos a qué dictados obedecen.”). Los 15 miembros de ese órgano colegiado rechazaron, unánimemente, tal renuncia y el rector terminó por retirarla y volver a ejercer las funciones en aquél ambiente hostil propiciado por el gobierno federal, convocando volver al trabajo y al restablecimiento de la vida institucional. La próxima semana me referiré a algunas de las principales características de la iniciativa, así como a varias inexactitudes ahí contenidas.

Postdata: Ciencia y política en torno a un ahuehuete. 1) El primer domingo de junio, cuando se plantó, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de CdMx comunicó que sería ese (la glorieta de Reforma) “su hogar los próximos dos mil años”; 2) tres semanas después, el Dr. Samuel Alcántara, profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco, declaró que el árbol estaba en peligro y que podría morir. Ofreció la posible intervención de su institución, pero la Sedema no respondió; 3) pasaron los meses y el árbol acusó un deterioro enorme. Las autoridades, en noviembre, indicaron que las raíces estaban vivas “y que en la próxima primavera recuperará su follaje”; 4) el Dr. Alcántara afirma un día después: el ahuehuete está muerto desde hace un mes, “jamás va a revivir”; 5) el sábado pasado, una semana antes de que llegue la primavera, en la madrugada, discretamente, el árbol fue retirado y llevado al vivero de Xochimilco. La Sedema informa que allí lo van a reanimar o revivir; 6) ¿Cuál será el siguiente paso?